La Cámara de Casación Penal decidirá este viernes, a las 19, qué responde a un planteo hecho por los defensores del cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, el secretario del bloque de senadores del PJ, Juan Pablo Aguilera, el cuñado de éste y funcionario de la Cámara de Diputados, Alejandro Almada, y del director del Servicio Administrativo Contable de Diputados, Sergio Cardoso, para quienes reclamaron su inmediata libertad en el marco de la megacuasa de los contratos truchos en la Legislatura.

Cardoso es el único de los tres que goza de prisión preventiva domiciliaria. Pero Aguilera y Almada están alojados en la Unidad Penal N° 1 -los últimos dos que quedan en prisión en la investigación penal sobre los contratos en la Legislatura-, y según adelantó hoy la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche en la audiencia ante la Cámara de Casación Penal, para el próximo lunes está citado Cardoso a ampliación de indagatoria, trámite que cumplirán el martes Aguilera y Almada.

Para los tres, dijo Goyeneche, el Ministerio Público Fiscal pedirá la prórroga de la prisión preventiva por 90, que vence el miércoles 13.

El 15 de diciembre último, la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata había dispuesto la prisión preventiva por 90 días para Aguilera, Almada y Cardoso. Según la Fiscalía, Aguilera es considerado por el Ministerio Público Fiscal como “una de las cabezas” en la pirámide de mandos de la “organización criminal” que se dedicó, en la última década, a sustraer unos $2.000 millones de recursos de la Legislatura entrerriana mediante la confección de contratos laburales truchos, cuya administración estaba en poder de estudios contables externos al Estado, pero que reportan a hombres clave de la política. Se habló, no sin cierta malicia, de la existencia de “El Número 1”, a quien no se identificó.

En esa trama de responsables en la cúspide de la pirámide de mandos, también tienen un lugar de privilegio el director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, y el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, empleado de Cardoso y cuñado de Aguilera. Estos dos últimos están involucrados, además, en la causa que lleva la Justicia Federal ante la presunta existencia de una mesa de dinero en el Senado entrerriano en la anterior gestión de gobierno. Almada, además, suma una segunda causa en el fuero federal luego de ser detenido, a comienzos de 2018, en un operativo sorpresa en el Acceso Norte a Paraná con casi $370 mil en efectivo cuya procedencia no pudo justificar.

Aguilera, a su vez, irá a juicio en julio próximo por el supuesto desvío de fondos públicos en la contratación de publicidad callejera que hizo el urribarrismo con empresas que se sindican como pertenecientes al cuñado del exgobernador: Tep SRL y Next SRL. Se trata de contrataciones por un volumen de $24 millones.

Planteos


En representación de Aguilera habló ante los jueces de Casación –Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti- su defensor, Marcos Rodríguez Allende, quien sostuvo que en la investigación de la Fiscalía “no hay elementos suficientes” para sostener el argumento de la prisión preventiva y por eso reclamó su inmediata libertad. “Se le imputa a Aguilera un hecho que no se sabe cuál es, ni qué rol desplegó. Se ha afirmado en numerosas oportunidades que Aguilera sería una suerte de cabeza de la organización. Pero no surge esto de la investigación penal preparatoria. Del material probatorio que hay hasta el momento no surge que sea el máximo responsable. Todo lo contrario. Aguilera ha sido nombrado una sola vez”, afirmó el letrado.

Miguel Cullen, representante de Alejandro Almada, sostuvo que “el único basamento para sostener la prisión preventiva es un basamento de carácter genérico. Se habla de la gravedad de la imputación y de lo complejo de la investigación”. Esos argumentos, sostuvo, fueron echados por tierra por el fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) al otorgar la libertad de otros cuatro imputados en la causa contratos: Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao.

“Jamás existió entorpecimiento de la investigación por parte de Almada –aseveró-. No hay una sola prueba de que Alejandro Almada haya intentado entorpecer la investigación”.

Y cotejó por el absurdo el razonamiento de la Fiscalía al sostener que si un representante del Ministerio Público Fiscal hubiese estado en la crucificción de Jesucristo, habría puesto en prisión preventiva al apóstol Pedro.

Volvió a citar el fallo de la Sala Penal para asegurar que una prisión preventiva debe basarse “en un riesgo real y verificable” de entorpecimiento de la investigación por parte del imputado. “No puede ser una mera alocución. Y no puede basarse en la complejidad del proceso”, sentenció.

Guillermo Vartorelli, defensor de Cardoso, juzgó que la resolución de la jueza Barbagelata, que dispuso la prisión preventiva domiciliaria de su defendido, resultó “contradictoria en sí misma”, y pidió que se dicte la nulidad de esa sentencia, y que se “corrija la situación injusta que se está suscitando respecto de Cardoso. Y se le dicte la inmediata libertad, que cese la prisión preventiva domiciliaria que cumple desde hace 80 días y que se le restituya la inmediata libertad”.

 

Rechazo


La fiscal Cecilia Goyeneche sostuvo que la causa de los contratos tiene más de 30 imputados, y que la prisión preventiva se solicitó “para quienes tuvieron funciones relevantes en la organización delictiva”. Dijo que fue la Justicia la que pidió al Banco de Entre Ríos que “cese” en el depósito de sueldos en las cuentas investigadas, habló de “una impunidad” que duró diez años, y dio cuenta de la existencia de funcionarios en los servicios Administrativo Contables de Senadores y Diputados que percibían “sobresueldos” para mantener silencio sobre lo que ocurría con los contratos truchos.

Resaltó los roles de Aguilera, Cardoso y de Almada en la “organización delictiva”. De este último, dijo, “es el que cumplía un rol importante, por el dinero que se llevaba. En los últimos tres años, Almada se llevó $112 millones”. Y agregó: “Probablemente para entregar ese dinero a otra persona de mayor jerarquía en la organización”.

De Aguilera, dijo que se ubicó en la pirámide de la organización, y como tal, “no dejó rastros”. Y aseveró: “Los directores de la organización no necesitan dejar rastros. Para eso tienen la mano de obra”. Y dio cuenta de las mentiras en que incurrieron ante la Fiscalía los muchos empleados de los Servicios Administrativo Contables citados a declarar.

Al final, dijo: “Entendemos que debe confirmarse la sentencia y rechazarse por inadmisible”  el recurso de los defensores.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.