La Fiscalía reformuló las imputaciones en la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura y por primera vez en un escrito judicial que se relaciona con esa investigación aparece el nombre del exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Daniel Urribarri.

El Ministerio Público Fiscal precisó los hechos atribuidos a la organizaciones delictiva, así la denomina, de la causa de los contratos truchos de la Legislatura, en la que se investiga la sustracción de dinero del erario público a través de la realización de contratos apócrifos en nombre de la Cámara de Senadores y Diputados de la provincia “con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.

La estafa se calcula en aproximadamente $2.000 millones.

Este miércoles 6 de marzo, la Fiscalía reformuló nuevamente el hecho en un escrito en el que por primera vez se menciona al exgobernador Urribarri. Junto a Urribarri, aparecen los nombres de los diputados oficialistas Daniel Ruberto, Juan Carlos Darrichón y Juan Reynaldo Navarro. Todos ellos salpicados tras la declaración del titular del Servicio Administrativo Contable de Diputados, Sergio Cardoso.

La causa, además, tiene otras novedades. Fueron citados a una nueva declaración de imputados Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado; Sergio Cardoso, exdirector del Servicio Administrativo Contable de Diputados; y el contador Roberto Faure, con un contrato con la Legislatura y sindicado como una de las cabezas de la organización, para el 11 de marzo a las 9.30, 10 y 10,30, respectivamente.

En tanto, Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ, y su cuñado Alejandro Almada, fueron citados a declarar nuevamente el 12 de marzo, a las 9,30 y 10, respectivamente.

La reformulación señala que al menos entre 2008 y 2018, es decir en los últimos 10 años, Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, y Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial.

En esa organización, para los fiscales, en los escalones “superiores” se encontraban el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; más el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; y el contador Roberto Faure.

“Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a 4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta mil $50.000 por vínculo”, agregan.

En tanto, señalan que en el ámbito de la Cámara de Diputados tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011 “con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”.

En otro párrafo destacan que “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

En ese sentido, se precisa que la detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, en los diferentes períodos: Juan Domingo Orabona, actual presidente del Instituto Provincial del Seguro (IAPSER) fue Director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011; Jorge Fabián Lázzaro de 2011 a 2015; y Gustavo Hernán Pérez, fue jefe del área de contratos, Subdirector y Director del Servicio administrativo contable de la Honorable Cámara de Senadores, de 2015 a 2018; y Sergio Cardoso, que fue Director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados hasta que se lo imputó en la causa.

Todos ellos, remarca la Fiscalía, “tenían el manejo de esos caudales públicos ya que, junto con personal autorizado de ambas Cámaras, contaban con la facultad funcional de emitir los cartulares correspondientes al pago mensual de aquellos vínculos y en el último período, de generar la apertura de las cuentas ‘sueldo’ de los contratistas y las transferencias para el pago de los honorarios”.

Urribarri, mencionado en la causa

Promediando la nueva descripción del hecho, se menciona que en el caso particular de Cardoso –quien tiene prisión domiciliaria actualmente- “además de intervenir en la gestión de contratos falsos para mantener el número de éstos y constante el nivel de recaudación, actuando en su carácter de Director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, cargo que desempeñó desde el año 2011, y siguiendo expresas instrucciones del Sr. Presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri, le requirió al menos a los Sres. Diputados (Juan Reynaldo) Navarro, (Juan Carlos) Darrichón y (Daniel) Ruberto, la suscripción de al menos diez (10) contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto de que los ‘contratistas’, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo”.

Ese párrafo fue incorporado tras la última declaración indagatoria de Cardoso, en la que aseguró que recibió órdenes del titular de la Cámara Baja para que le requiera a los diputados mencionados la firma de contratos truchos. Recientemente, cuando fueron llamados a declarar, los legisladores negaron la versión de Cardoso.

En la nueva formulación de los hechos que imputa la Fiscalía se reitera que en la organización había “cobradores” de cheques , a quienes “se los hacía llegar hasta un local comercial ubicado en calle Alem, o posteriormente a la playa de estacionamiento de calle Alem Nº 64 de esta ciudad Paraná) o hasta la Tómbola ubicada en esa misma arteria al numeral 87, sitios donde Beckman, Mena Balladares y Scialocomo, entre otros, les repartían los valores para su cobro, el que se ejecutaba en diversas sucursales del Nuevo Banco de Entre Ríos, preponderantemente, en las Sucursales Nº 184  ‘Institucional’ (calle Urquiza y San Martín de esta capital); Nº 1 ‘Casa Central’ (calle Montecaseros y 25 de Mayo de Paraná);  y Nº 65 (Malvinas Nº 156 de esta ciudad)”.

Tras recibir las sumas de dinero, los antes mencionados le “pagaban” a los cobradores alrededor de $200 a cambio de la percepción de cada cheque. Luego señalan que algunos contratos, principalmente del Senado, fueron bancarizados en 2017 a través de la apertura de “cuentas sueldo” a los contratados y el otorgamiento de la correspondiente tarjeta de débito. El plástico era retenido por Beckman, Mena y otras personas, para lograr el cobro de la mayor parte del contrato en los bancos.

Según la acusación, la mayor parte del dinero iba luego a manos de Pérez, Cardoso, Alejandro Almada –cuñado de Juampi Aguilera- el contador Faure y Bilbao. Para los fiscales, este último “recibía las rendiciones de cuenta de la recaudación que realizaba todo el grupo, previa deducciones de gastos, de pagos de impuestos de los contratados y de comisiones” y finalmente “se encargaba de entregar el neto del producido, o un porcentaje de éste, hasta diciembre de 2011, a Juan Domingo Orabina, y con posterioridad a Juan Pablo Aguilera, y a otras personas hasta el momento desconocidas”.

En relación a Almada y Aguilera, cuñado de Urribarri, los fiscales señalan que  además de colectar el dinero que recaudaban los demás coimputados, también intervinieron en la gestión de contratos falsos, “para mantener el número de éstos y constante el nivel de recaudación”.

Aguilera lo habría en su carácter de Secretario Coordinador de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia, desde el 11 de diciembre de 2011 y hasta el 22 de abril de 2014; y más tarde, como empleado de planta permanente de dicha Cámara.

Agregan que en el mecanismo, los estudios contables que integraban los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Faure se ocupaban de la “gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados”.

“Los estudios se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos ‘contratistas’, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena y/o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación, y lo abonaban a través de la terminal Nº 3472, correspondiente a la sucursal Nº 3469 de ‘Entre Ríos Servicios’, emplazada en el propio Estudio ‘Integral Asesoría’” de Orpomolla, Falco y Krapp.

“Dichas tareas, -continúa el escrito imputativo- en lugar de ser remuneradas por cada uno de los monotributistas, lo eran a través de la cobranza de contratos de obra suscriptos con la Honorable Cámara de Diputados, sin la existencia de vínculo real alguno, extendidos a favor de Guido KRAPP, el corredor inmobiliaro Renato Jesús Mansilla, los analistas de sistemas Nicolás Beber y María Cecilia Cersofios, estos tres últimos también integrantes de Integral Asesoría; y con la  Cámara de Senadores de la Nación en favor de Gustavo Falco y nuevamente de Renato Jesús Mansilla, a través de contratos suscriptos por el senador nacional Pedro Guillermo Ángel Guastavino”.

Resaltan que en la organización, el contador Faure, actualmente con prisión preventiva domiciliaria, oficiaba de nexo entre Pérez, Cardoso, Aguilera y Almada; y los privados, Beckman, Mena, Scialocomo y Bilbao, ya que se encargaba de “retirar los contratos, devolverlos firmados por los falsos ‘contratistas’ a las oficinas administrativas, gestionar el alta de éstos ante los organismos de recaudación tributaria, llevar las facturas extendidas a nombre de éstos y los respectivos pagos de monotributos, y retirar los valores para ser cobrados”.

“Para cumplir dicha función, se valió de sendos contratos de obra que le fueron otorgados por las autoridades de ambas Cámaras de la Legislatura de la Provincia (Senadores 2016,2017 Y 2018 y Diputados 2012,2013 y 2014), a través de los cuales se le remuneraban sus aportes”, añade los fiscales.

A Bilbao, en tanto, “se encargaba de participar del neto de las ganancias ilícitas a Gustavo Hernán Pérez y Jorge Enrique De Breuil (empleado de planta permanente del Honorable Senado de la provincia y contratado como personal transitorio del Honorable Senado de la Nación por el senador Pedro Guastavino), de una parte del dinero resultante. Los tres, aplicaron el dinero sustraído para disimular su origen ilícito en diferentes inversiones inmobiliarias  agricolo-ganaderas”.

La maniobra descripta, señalan los fiscales, también contó con el aporte “indispensable” de organismos de control que omitieron los deberes de control, como los Auditores Estables, Revisores y Fiscal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos que se desempeñaron en ambas Cámaras en el período investigado.

En otro punto de la imputación, se detalla que 13 imputados, entre los que están Beckman, Mena, Scialocomo, y los contadores Faure y Bilbao, “eran remunerados también a través de contratos transitorios con el Honorable Senado de la Nación, en concreto, mediante contratos dados por los Sres. Senadores de la Nación Pedro Guillermo Ángel Guastavino y Sigrid Elisabeth Kunath”.

Actualmente, en la causa hay 35 imputados, la mayoría con medidas restrictivas, otros con prisión domiciliaria y sólo dos permanecen detenidos en la Undiad Penal Nº 1 de Paraná: Aguilera y Almada, considerados parte de la cúspide de la organización. Este miércoles, sus abogados defensores solicitaron la excarcelación de sus clientes ante la Cámara de Casación Penal. Su suerte se conocerá el viernes.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.