La jueza de Garantías Marina Barbagelata dio a conocer este miércoles  los fundamentos por los cuales el 12 de abril embargó en 3 mil millones a varios de los imputados y sus cónyuges en la causa de los contratos truchos de la Legislatura. 

Aunque la medida luego fue morigerada por el juez de Garantías Mauricio Mayer, la novedad de los fundamentos de la magistrada sirve para entender la envergadura de la investigación judicial y sus implicancias en un entramado de inversiones que la Fiscalía supone es producto del uso de fondos públicos en provecho privado.

“La hipótesis de la Fiscalía respecto de que el dinero sustraído  fue aplicado a inversiones inmobiliarias y ganaderas, que aumentó ilegitimamente no sólo el patrimonio de los imputados -con bienes que tienen su origen en el dinero sustraído al Estado provincial-, sino también de personas a las que por el momento, no se les atribuye intervención en el hecho ilícito investigado -tal el caso de  Julia Gabriela Vainstein, Sandra Fabiana Marozzini, Luciana María Belén
Almada,  Micaela Agostina Banegas y María Alejandra Camisassa- aparece
como una sospecha razonable y verosimil a la luz del análisis desarrollado sobre la evidencia colectada que muestra la interconexión patrimonial en inversiones inmobiliarias no sólo por la calidad de condóminos respecto de inmubles en algunos casos, como por las distintas posiciones asumidas en las figuras contractuales elegidas para instrumentar los negocios inmobiliarios, en otros”, dice la resolución de Barbagelata.

Ese razonamiento es la apoyatura para pedir un embargo de esa envergadura por parte de la Justicia, medida que ahora está en discusión en Tribunales.

 

En rigor, la magistrada dispuso los embargos y amplió la inhibición de bienes, dictada el 23 octubre 2018, a varios acusados, alcanzando a sus parejas.

Al solicitar la medida, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry aseguraron que la sustracción del dinero de los caudales públicos “se concretó a través de una estructura organizativa conformada por imputados, que además junto a sus parejas conformaron grupos de inversión, desarrollaron de manera conjunta inversiones inmobiliarias y agrícola-ganaderas, utilizaron la figura del fideicomiso en la que algunos imputados terminan siendo propietarios, en condominio algunas veces, de unidades funcionales de edificios construidos mediante esta figura contractual, en la que el fiduciario es otro de los imputados”.

La magistrada hizo lugar a esa hipótesis de la Fiscalía respecto de que el dinero sustraído “fue aplicado a inversiones inmobiliarias y ganaderas, que aumentó ilegitimamente no sólo el patrimonio de los imputados -con bienes que tienen su origen en el dinero sustraído al Estado provincial-, sino también de personas a las que por el momento, no se les atribuye intervención en el hecho ilícito investigado”.

El embargo y la inhibición de bienes pesan desde octubre de 2018 sobre Flavia Marcela Beckman, María Victoria Álvarez, Esteban Ángel Alberto Scialocomo,  Hugo Rubén Mena Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Gustavo Hernán Pérez, su esposa Verónica Caino,  Sergio Esteban Cardoso, Jorge Enrique De Breuil, Juan Pablo Aguilera,  Alejandro Luis José Almada, Jorge Pablo Balladares, Héctor Gustavo Falco,  Guido Daniel Krapp, Juan Domingo Orabona,  Viviana Giselle Mena Gioveni, María Jazmín Mena Gioveni, Nicolás Beber,  Renato Jesús Mansilla y  el contador Pedro Eduardo Opromolla.

Y ahora se amplió la medida a las parejas de algunos de ellos.  La medida alcanza a Julia Gabriela Vainstein (pareja de Alfredo Bilbao), Sandra Fabiana Marozzini (pareja de Sergio Cardoso), Luciana María Belén Almada (esposa de Juan Pablo Aguilera),  Micaela Agostina Banegas (pareja de Alejandro Almada) y María Alejandra Camisassa (pareja de Jorge De Breuil).

Se fundó en el hecho de que “los patrimonios se encuentran confundidos”, y se cita como ejemplo el caso de Vainsten como condómina de inmuebles con Pérez, y dueña de unidades funcionales en edificios construidos por un fideicomisdo del que  su marido Alfredo Bilbao era el fiduciario.

Para la jueza existe una sospecha “que muestra la interconexión
patrimonial en inversiones inmobiliarias no sólo por la calidad de
condóminos respecto de inmuebles en algunos casos, como por las
distintas posiciones asumidas en las figuras contractuales elegidas
para instrumentar los negocios inmobiliarios”.

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El monto del perjuicio

 

En otro párrafo de la resolución, la jueza señaló que la Fiscalía estableció un cálculo provisorio del perjuicio económico a la Legislatura: $2 mil millones, entre 2008 y 2018, que es el período investigado.

Ese cálculo surgió, dice Barbagelta, “de los diversos registros que surgen de los cuadernos” que fueran secuestrados en el domicilio de Hugo Mena y Flavia Beckman, “como así también los documentos obtenidos del análisis de los equipos informáticos secuestrados”.

“Considero legítima la pretensión de la Fiscalía de realizar un cálculo
provisorio para establecer el incremento que el capital constituido
por el dinero sustraído al Estado provincial, pudo tener en todos los
años que produjo frutos en el patrimonio de los  beneficiados por la
maniobra, en tanto de conformidad a lo que establece el primer párrafo
del artículo 23 del Código Penal el decomiso no se agota en las cosas que son el producto del delito, sino también en las ganancias o el provecho del delito, por lo que una eventual sentencia condenatoria no sólo se pronunciaría sobre el decomiso de los montos sustraídos, sino también de todos aquellos bienes que son la ganancia o provecho de su
aplicación; y el 9º párrafo del mismo artículo establece que las
medidas cautelares que se adopten deben ser suficientes para asegurar
todo bien que por tratarse de efectos relacionados con los delitos, se
presume que estarán sujetos a decomiso”, explicó la magistrada.

Tras ello, decretó el embargo preventivo por $2 mil millones, más $1 mil millones en concepto de intereses; y enumeró en una larga lista  los diferentes bienes embargados e inhibidos a los imputados y sus cónyuges. La nómina incluye casas, vehículos, terrenos, departamentos y varias cuentas en diferentes entidades bancarias.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.