La jueza María Carolina Castagno, integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, confirmó esta tarde la prisión preventiva por 90 días dictada el 22 de noviembre último por el juez de Garantías José Eduardo Ruhl y que desde entonces tiene tras las rejas en la Unidad Penal de Paraná al exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado, Gustavo Pérez, y al contador Roberto Ariel Faure, ambos sindicados como parte del engranaje de una organización delictiva encargada de distraer unos $2.000 millones de la Legislatura mediante la operatoria de los contratos truchos.

“Entiendo que el análisis del juez de Garanntias es inobjetable. Hizo una explicación razonada, razonable, quizá con argumentos sencillos, pero pudo explicar cómo se excepciona la regla de la libertad durante el proceso con la aplicación de la prisión preventiva”, dijo la jueza, pasadas las 15 de este viernes. “No se puede soslayar los delitos que se les imputan a los investigados, delitos claros de corrupción”, añadió.

Y destacó la magistrada que “uno de los delitos que integra (la acusación) es de asociación ilícita. Y que nada menos y nada más está afincada esta organización dentro de la estructura de uno de los poderes del Estado, y que consiste en extraer dinero en forma sistemática, que hoy se habla de 2.000 millones, que por cierto es un escándalo”.

Pero también aclaró: “Acá no lo estamos juzgando a Faure y a Pérez. Estamos discutiendo si es necesario sostener la prisión preventiva” a dos personas ligadas a una investigación judicial ante el riesgo de entorpecimiento. Castagno consideró que estaban dadas las condiciones para entorpecer el trabajo de la Fiscalía.

Qué decidió Ruhl


El 22 de noviembre último, el juez Ruhl dispuso la prisión preventiva por un plazo de 90 días para los contadores Gustavo Pérez y Ariel Faure, imputados en el escandaloso caso de los contratos truchos en la Legislatura.

Pérez fue, hasta principios de octubre pasado, director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, pero al estallar el escándalo el vicegobernador Adán Bahl lo removió de su puesto, y designó en su lugar a Maximiliano Argento. Faure, en tanto, es socio del estudio contable que funcionó en un departamento del edificio de Avenida Alameda de la Federación 290, junto a Alfredo Bilbao, con prisión preventiva por cuatro meses, que cumple en la Unidad Penal de Paraná. Ambos fueron sindicados por las fiscales Cecilia Goyeneche y Patricia Yedro como piezas clave en el andamiaje de una organización delictiva destinada a sustraer fondos públicos mediante contratos laborales tercerizados con la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.

Para ambos, el Ministerio Público Fiscal pidió prisión preventiva hasta que se realice la audiencia de remisión a juicio de la causa -un período de tiempo indefinido- pero finalmente el juez Ruhl sólo accedió a aplicarles preventiva por 90 días ante el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación. Así, descartó el riesgo de fuga como un inconveniente para mantenerlos en libertad.

La causa está caratulada “Beckman Flavia Marcela y otros s/Asociación ilícita y otros”, y tiene en prisión a cuatro personas, que son apenas la punta del iceberg de un entramado que todavía no se descubre hasta dónde llega ni cuántas personas involucra en el poder político:  Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Scialocomo,  Hugo Mena y Alfredo Bilbao.  Según un primer diagnóstico descripto en la apertura de la causa por los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, aquellos cuatros, más  Hugo Luna (ya fallecido),  María Victoria Álvarez, Jorge Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Sarnaglia, Macarena Álvarez, Viviana Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra,  Roberto Faure, Sergio Cardoso, Gustavo Pérez, Juan Domingo Orabona “y otras personas con funciones públicas aún no identificadas tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial”.

El mecanismo descripto incluye “la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras (Diputados y Senadores), con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.  Según los fiscales, la actividad comenzó en el ámbito del Senado en enero de 2008 con unos 100 contratos aproximadamente, por un promedio de $4.500 cada uno. El esquema continuó hasta la fecha en que los hechos salieron a la luz, el 20 de septiembre pasado, “con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de $50.000” por contrato.

Cruce

En la audiencia de apelación, que se inició pasadas las 9,30 de este viernes, hubo fuertes cruces entre la defensa y los fiscales.

“El sistema judicial está siendo objeto de un ataque impropio”, advirtió hoy la fiscal Anticorrocupción, Cecilia Goyeneche, en un encendido alegato de defensa de las prisiones preventivas, por 90 días, dictadas a los contadores Roberto Ariel Faure y Gustavo Pérez, en el marco de la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura.

“Es un ataque propio de una organización criminal. En función del poder de esta organización criminal, sabíamos que estos ataques podían ser articulados”, dijo frente a la jueza María Carolina Castagno, ante quien los defensores Leopoldo Cappa, que representa a Faure, y Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, en representación de Pérez, interpusieron un recurso de apelación para lograr la liberación de sus defendidos.

El abogado Cullen expuso sus argumentos de la apelación a la decisión del juez Ruhl.

“Hemos planteado la apelación de un acto jurisdiccional, una sentencia dictada por el juez Ruhl, que entendemos viola flagrantemente la Constitución provincial, la Constitución nacional, los pactos internacionales con rango constitucional, y que ingresa en un turbio camino hacia sentencias netamente arbitrarias, que adquieren gravedad porque privan de la libertad a las personas”, dijo.

Insistió en el argumento de que no está probada la vinculación del contador Pérez –exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado- con la banda de los contratos truchos. Y volvió a fustigar la resolución de Ruhl. “El juez debió fallar en base a lo que se mostró en la audiencia. Para privar de la libertad a una persona, utilizan algo que dice la Fiscalía que no es medio de prueba. Y me niegan controlar esa prueba. Y lo grave es que el juez hace lugar, y lo menciona como parte de los fundamentos en su fallo. Entonces, tenemos una Justicia que avanza sobre las peticiones de las partes”, aseveró.

En tanto, el defensor Cappa argumentó que “mi defendido no entorpece la investigación”,  y reprochó el hecho de que se haya dispuesto la prisión preventiva para Faure porque “se consideró que obstaculizaba el proceso, cuando otros sindicados, en la misma situación, no fueron inhibidos, ni imputados, no están presos, están en su casa, ejerciendo la profesión. Y según surge de los medios, Pedro Opromolla, tendría vínculos comerciales con la doctora Goyeneche. Por lo que solicito se revoque la sentencia de prisión preventiva, se haga lugar a la excarcelación, y subsidiariamente solicito la domiciliaria con autorización para salir a trabajar”.

La primera parte de la audiencia terminó cerca de las 12, e incluyó una discusión de fuerte tono, ya cerrada la etapa de alegatos, entre la fiscal Goyeneche y el defensor Cullen.
La situación movió a la jueza Castagno a llamar la atención de las partes. Lo dijo después del cuarto intermedio, que se extendió hasta pasadas las 14, y antes de dar a conocer la sentencia.

“Tengo que dejar de manifiesto lo sorprendida que estoy en cuanto al nivel de agresividad en las alegaciones de las partes. Me llamó la atención porque hubo conductas que no son propias de profesionales, donde se está tratando un tema tan serio como la libertad de una persona”, señaló.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.