La Cámara de Diputados de Entre Ríos votó este martes “aprobar” la solicitud de información que llegó desde la Justicia para que se remita información sobre contratos laborales de varias personas, que están bajo la mira en el marco de la investigación en torno a las contrataciones truchas de la Legislatura, y que según cálculos preliminares, produjo un fraude al Estado del orden de los $1.235 millones, entre 2008 y 2018.

La documentación que requirió el Ministerio Público Fiscal será remitido, dice el texto aprobado por los diputados, “siempre que tal accionar no afecte las funciones de esta Honorable Cámara”.

“Aprobar la solicitud de documentación formulada por el Ministerio Público Fiscal mediante nota enviada a esta Honorable Cámara el día 13 de noviembre de 2018, expediente administrativo N° 2317, cursados en el marco del Legajo de Investigación N° 87933, procediendo a la remisión de la documentación solicitada, una vez cumplidos los procesos de recopilación y clasificación de la misma, siempre que tal accionar no afecte las funciones de esta Honorable Cámara”, dice el artículo 1° de la resolución que adoptó Diputados.

La Justicia pidió un detalle de 452 contrataciones de personal efectuadas por la Cámara de Diputados entre el 11 de diciembre de 2011 y hasta septiembre de 2019, y 551 contratos de la Cámara de Senadores, firmados a lo largo de la última década, entre 2008 y 2018, en el maco de la investigación abierta para determinar de qué modo se sustrajeron de los fondos de la Legislatura una suma estimada en $1.235 millones mediante una operación de triangulación a través de “contratos truchos”.

Es en el marco de la  causa caratulada “Beckman Flavia Marcela y otros s/Asociación ilícita y otros”.  Según un primer diagnóstico descripto en la apertura de la causa por los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Scialocomo,  Hugo Mena y Alfredo Bilbao, hoy en la cárcel con prisión preventiva, más  Hugo Luna (ya fallecido),  María Victoria Álvarez, Jorge Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Sarnaglia, Macarena Álvarez, Viviana Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra,  Roberto Faure (también en prisión), Sergio Cardoso, Gustavo Pérez (enviado tras las rejas con preventiva), Juan Domingo Orabona “y otras personas con funciones públicas aún no identificadas tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial”.

El mecanismo descripto incluye “la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras (Diputados y Senadores), con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.  Según los fiscales, la actividad comenzó en el ámbito del Senado en enero de 2008 con unos 100 contratos aproximadamente, por un promedio de $4.500 cada uno. El esquema continuó hasta la fecha en que los hechos salieron a la luz, el 20 de septiembre pasado, “con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de $50.000” por contrato.

En la Cámara de Diputados, en tanto, “la sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011”, con contratos de $5.000 cuyos montos se fueron incrementado también hasta $50.000.

“Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 personas. Los contratos eran firmados, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”, dice el escrito de la Procuración.

El 13 de noviembre, la Procuradora adjunta Cecilia Goyeneche junto a los fiscales Yedro y Aramberry envió un pedido al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, “solicitando tenga a bien informar si las personas que se detallan en el anexo han estado vinculadas contractualmente con esa Honorable Cámara, durante el período comprendido entre el 11/12/2011 a la fecha del presente requerimiento. En tal caso, se sirva detallar el tipo y período de contratación, especificando si la relación se celebró con autoridades de ese cuerpo, bloques legislativos o legisladores en particular. En dicho caso, se giren – en original – los expedientes administrativos relacionados a cada una de esas contrataciones, copia certificada del acto administrativo de aprobación respectivos y las correspondientes actuaciones en las que se hubiese sustanciado el poago de los honorarios a dichos co-contratantes”.
“Además, es de interés que se emita un listado detallado de autoridades de ese cuerpo legislativo; e integración del Servicio Administrativo y Contable, durante el período referenciado, acompañando a dichos efectos los actos administrativos de designación -añade-.  Finalmente, se interesa la remisión de la nómina actualizada de Agentes de planta permanente de ese Honorable cuerpo legislativo”.

La última medida judicial en el marco de esta causa la adoptó el lunes 3 de diciembre la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, que aplicó medidas coercitivas por 90 días para un grupo de 8 personas a quienes la Fiscalía sindica como pertenecientes a la “organización” dedicada a defraudar a las arcas de la Legislatura entrerriana mediante contratos truchos de personas.

Ya están tras las rejas Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Scialocomo,  Hugo Mena y Alfredo Bilbao.  A ellos se sumaron los contadores Roberto Faure y Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado. Y tienen medidas restrictivas desde este lunes ocho personas, sindicadas como “reclutadores”: Jorge Pablo ”Tucho” Balladares (yerno de Hugo Mena), Jazmín Mena Gioveni (hija de Hugo Mena), María Macarena Alvarez (hija de Beckman), Viviana Giselle Mena Gioveni (hija de Hugo Mena), Alejandro “Alito” Rubén Ferreyra (yerno de Hugo Mena), Andrea Demartin, Fernando Gastón Sarnaglia y Verónica Caíno (esposa del contador Gustavo Pérez).

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.