La causa de los contratos truchos de la Legislatura sumó un nuevo e inesperado capítulo este lunes con una nueva denuncia presentada por un abogado que exige que se abra una causa por supuesta malversación de fondos públicos contra el actual vicegobernador Adán Bahl, y los exvicegobernadores José Cáceres y José Lauritto, entre otros funcionarios y empleados con roles clave en la administración legislativa.

El abogado en cuestión es Miltón Ramón Urrutia, quien se presentó en el Ministerio público Fiscal este lunes con una denuncia para que se amplíe el alcance de los investigados en la sonada causa de los contratos apócrifos de la Legislatura.

La presentación de Urrutia sorprendió a propios y extraños, puesto que el letrado suele ocuparse de causas civiles y penales que no tienen que ver con casos de corrupción. El abogado estuvo en boca de todos cuando pasó de representar a una víctima del cura pedófilo Justo José Ilarraz, condenado en 2018, a defender al cura colombiano Juan Diego Escobar Gaviria, que fue condenado por abusos en 2017.

En un escrito dirigido a la Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, Urrutia denuncia la presunta comisión del delito de malversación de fondos públicos, previsto en el artículo 261 y 262 del Código Penal, contra José Eduardo Lauritto, José Orlando Cáceres, Adán Humberto Bahl y Raúl Taleb.

Laurito es el actual intendente de Concepción del Uruguay y fue presidente de la Cámara de Senadores en los periodos 2007 a 2011; el mismo cargo ocupó Cáceres entre 2011 y 2015; y desde 2015 ocupa Bahl. En tanto, respecto de Taleb, recuerda que fue vicepresidente primero del Senado en los periodos comprendidos entre 2007 a 2011.

Otros denunciados son Néstor Diez, subdirector de la Dirección General de Administración entre 2007 y 2011; Lautaro Schiavoni, prosecretario del Senado provincial entre 2011 y 2015; Maximiliano Argento, subdirector de la Dirección General de Administración entre 2015 a 2018; Emanuel Redondo, tesorero de la Dirección General de Administración entre 2015 a 2018; y Andrea Zoff, secretaria coordinadora entre 2015 2018, y actual precandidata a viceintendenta en fórmula con Bahl.

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“Que la sustracción de dinero propiedad de la Legislatura provincial habría contado con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y conociendo o no de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio de la Legislatura provincial”, dice el escrito al que accedió Entre Ríos Ahora.

Milton Ramón Urrutia.

Para el letrado, a los mencionados les cabe los delitos tipificados en los artículos 261 y 262 del Código Penal puesto que “omitieron crasamente la custodia del patrimonio de la Legislatura Provincial por lo que habrían dado ocasión a que los individualizados en el Legajo Nº 87933, caratulado Beckman Flavia y otros s/ asociación ilícita” sustrajeran fondos de la Legislatura.

Tras recordar el hecho que investiga la Fiscalía, Urrutia explica cómo es el proceso para que una persona sea contratada por la Legislatura. Menciona, por ejemplo, que el “Decreto 123 de 2008 establece un procedimiento de contrataciones de personal temporario, vale decir, contratos de obra como servicio, principalmente en el punto VIII”, y que “la Dirección General de Administración controla que ese pedido esté dentro del cupo monetario asignado previamente por Presidencia y en caso afirmativo informa que existe crédito presupuestario, se confecciona el instrumento contractual que es firmado por el contratado y por el Solicitante (Presidente o Senador) aclarando que el solicitante certifica que la firma del contratado es auténtica”.

En ese sentido, sostiene que “luego, verificado el crédito presupuestario, es el Presidente de la Honorable Cámara de Senadores quien autoriza mediante decreto la contratación, vale decir, el Vice-Gobernador”.

En ese marco, el letrado carga tintas contra el actual vicegobernador. “Que lo hasta aquí reseñado demuestra que los presidentes de la Honorable Cámara de Senadores no pueden excusarse en desconocimiento del mecanismo de contratación puesto que no denota mayor complejidad y menos aún el Sr. Bahl, Adán Humberto, de profesión contador a las claras emerge palmariamente su responsabilidad la que quedaría subsumida en las figuras de los artículos 261 y/o en su defecto el 262 del Código Penal”, dice.

Más adelante, manifiesta que “si observamos el presupuesto de la Cámara de Senadores del año 2018, aproximadamente tenía un presupuesto de $22.500.000 millones de pesos mensuales. Dentro del rubro servicios no personales, tenemos entre otras cosas, los famosos ‘CLO’, que son los contratos de locación de obra, y ello insume el 40% del presupuesto”.

Luego infiere que “cerca de 9.000.000 millones de pesos mensuales se irían en contratos ‘truchos’” y que “dentro de la Cámara de Senadores el Sr. Bahl tendría cerca de 140 contratos ‘truchos’ que se los manejarían las familias Clivio, Kramer, y Duro, hasta hace poco Beckman y Mena”.

Finalmente, Urrutia solicitó que la Fiscalía libre oficios a diferentes medios periodísticos, a fin de que brinden información sobre contenido publicado recientemente. Principalmente, solicita se incorpore la entrevista realizada por el sitio Página Judicial al “recaudador” Hugo Mena, publicada el pasado 2 de abril; como así también un audio publicado por la Agencia Informativa del Mercosur (AIM), del 3 de abril, en el que, dice Urrutia, “aparentemente los interlocutores serían los Sr. Mena y Pérez”.

Además, pide que sean citado a prestar declaración testimonial los imputados Mena y Pérez; el abogado Iván Vernengo, que defiende a Alfredo Bilbao; y los periodistas de judiciales Néstor Bellini (El Diario), Federico Malvasio y Juan Cruz Varela (Página Judicial) y Renzo Righelato y Nidia Pletzer, responsables del sitio AIM.

La causa


Caber recordar que el hecho imputado hasta ahora por la Fiscalía dice que al menos entre 2008 y 2018, Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, y Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial. La cifra sustraía, afirman, sería de alrededor de $2 mil millones.

Y que en esa organización, para los fiscales, en los escalones “superiores” se encontraban el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; más el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; y el contador Roberto Faure.

“Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a 4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta mil $50.000 por vínculo”, agregan.

En tanto, señalan que en el ámbito de la Cámara de Diputados tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011 “con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”.

En otro párrafo destacan que “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

En ese sentido, se precisa que la detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, en los diferentes períodos: Juan Domingo Orabona, actual presidente del Instituto Provincial del Seguro (IAPSER) fue Director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011; Jorge Fabián Lázzaro de 2011 a 2015; y Gustavo Hernán Pérez, fue jefe del área de contratos, Subdirector y Director del Servicio administrativo contable de la Honorable Cámara de Senadores, de 2015 a 2018; y Sergio Cardoso, que es Director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, hoy en uso de licencia.

En la nueva descripción del hecho se menciona por primera vez al exgobernador Sergio Urribarri. Es cuando se afirma que Cardoso “actuando en su carácter de Director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, cargo que desempeñó desde el año 2011, y siguiendo expresas instrucciones del Sr. Presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri, le requirió al menos a los Sres. Diputados (Juan Reynaldo) Navarro, (Juan Carlos) Darrichón y (Daniel) Ruberto, la suscripción de al menos diez (10) contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto de que los ‘contratistas’, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo”.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.