La reunión transitaba por el sendero más arisco de los números fríos del presupuesto, la discusión del pleito que llevó a la Corte la provincia de Buenos Aires para arrimar a sus arcas más fondos de coparticipación y la afectación que tendría Entre Ríos en sus números fiscales si prosperase la demanda judicial del distrito gobernador por María Eugenia Vidal, de todo eso se hablaba en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados cuando el exgobernador Sergio Urribarri pidió la palabra y no habló de números –equivocó el número de una ley—sino que ensalzó su gobierno. Y se puso a la defensiva.

“Como ex gobernador me siento orgulloso de lo que se ha hecho en materia de obra pública en la provincia, y Dios quiera que lo pueda hacer el actual gobernador”, dijo y agregó: “Hace muchos meses que venimos escuchando cosas que sinceramente a mí y a otros funcionarios del gobierno anterior nos duele”.

La intervención de Urribarri fue luego de que el jefe de la bancada de Cambiemos, Sergio Kneeteman, reprochara la falta de acción del gobierno provincial anterior en reclamar el 15% de coparticipación de impuestos nacionales que sí hicieron Santa Fe, Córdoba y San Luis. “Hacer historia y asignar responsabilidades por lo que ha pasado es equivocadísimo teniendo en cuenta el espíritu en estos 20 meses de gestión en Entre Ríos”, dijo Urribarri.

La convocatoria fue para que los diputados estuvieran al corriente de la discusión que se viene en materia de coparticipación y para eso concurrieron el ministro de Economía, Hugo Ballay, y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.  Ballay y Rodríguez Signes explicaron qué demanda la provincia de Buenos Aires y cómo va a defender Entre Ríos sus intereses ante la Corte.

Vidal reclama una rediscusión del 10% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias que le corresponde a Buenos Aires. Se trata de una cifra astronómica, que para 2017 se calcula en $53.000 millones.

Del 100% de recaudación del Impuesto a las Ganancias, un 20% va al Ansés; un 10% para el fondo del conurbano; el 4% para un fondo de infraestructura; y el 2% para Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Pero en 1996, se fijó que ese 10% de  la provincia de Buenos Aires tendría un techo de $650 millones, cuando hoy el 10% del Impuesto a las Ganancias representa un monto de $53.000 millones. Vidal reclama ese 10% sin techo, y en forma retroactiva 5 años para atrás.

La demanda llegó a la Corte y la Corte pidió que cada provincia haga su defensa en el pleito.

Si Buenos Aires rompe el techo y se queda con todo ese porcentaje de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, Entre Ríos perdería este año de recibir $3.500  millones, que representa todo un mes de sueldo para los agentes de la Administración Pública, activos y jubilados.

El planteo de Vidal es por la inconstitucionalidad de esa distribución del Impuesto a las Ganancias. “Si la Corte falla en forma favorable, implicaría que recibirían $53.000 millones en detrimento del índice de coparticipación que reciben el resto de las provincias. Si hay fallo favorable a Buenos Aires, pierden las provincias, no el gobierno nacional”, dijo el ministro Ballay.

“Acá, el monto a distribuir no se modifica. Es siempre el mismo. La discusión es cómo se distribuye”, agregó.

La demanda de Vida empezó el 16 de agosto de 2016, y ya se corrió vista a todas las provincias. Entre Ríos fue notificada de la acción judicial el 22 de junio de 2017, que está citada como tercero en el pleito, y el 27 de septiembre próximo deberá contestar la demanda.

“La pretensión va contra las provincias argentinas. Formalmente, es el Estado nacional el demandado, pero materialmente las afectadas son las provincias”, apuntó el fiscal de Estado.

Rodríguez Signes planteó sus dudas respecto a que la Corte decida fallar finalmente en un tema estrictamente de “derecho intrafederal”.

“El régimen de coparticipación vigente es el de la Ley 23.548. Todo lo demás son pactos fiscales, que fueron declarados inconstitucionales en los juicios de Santa Fe y de San Luis en 2015. Esto de Buenos Aires es una asignación específica. La asignación específica no puede modificar el régimen de coparticipación”, apuntó.

El fiscal de Estado recordó que “la Nación contestó la demanda. Y dice que todas las asignaciones específicas son inconstitucionales. Ese argumento del Estado nacional lo comparto, y nos viene bien para la estrategia que nosotros pensamos instalar. Este es un tema complejo. Yo creo que acá hay que aprovechar para discutir todo. Es más, estamos en la necesidad de discutir todo”.

Porque, aseveró, la rediscusión del régimen de coparticipación federal es todavía materia pendiente. “Esto atravesó a todos los gobiernos, desde la convertibilidad en adelante. Todos nos tenemos que hacer cargo de esto. Es un problema que tiene 25 años. Si hay algo bueno de la demanda es que nos obliga a discutir la coparticipacion. Ya no tenemos más excusas”, dijo el fiscal de Estado.

El diputado Kneetema defendió la gestión de Cambiemos a nivel nacional y aseguró que “nos tenemos que quedar tranquilos que este es un gobierno que está claramente en una posición de diálogo permanente, de reconocimiento de derechos federales, que no se ejercieron, y no se reclamaron desde Entre Ríos. Nuestro gobierno provincial anterior debió reclamarlo. Nos parece que así como lo hicieron San Luis, Santa Fe y Córdoba, nosotros debimos reclamar (el 15% de coparticipación). El gobierno anterior entendió que no lo tenía que hacer. Para nosotros fue un error”.

El ministro Ballay admitió que hay buen diálogo, pero dijo que eso no se traduce en hechos concretos. “En lo que va del gobierno de (Gustavo) Bordet, Entre Ríos no recibió un solo peso de ATN”, dijo y apuntó: “Somos escuchados, sí, participamos, sí, y podemos opinar. Ahora, no instalemos la idea de las ayudas extraordinarias, que no existen”.

A su turno, la diputada Rosario Romero (FPV) destacó el panorama que se abre en esta coyuntura que obliga al Congreso Nacional a plantear la rediscusión del régimen de coparticipación federal de impuestos. “La Corte no va a poder resolver este tema”, aseguró.

Gustavo Zavallo, del Frente Renovador, dijo que genera malestar la demanda que ahora tiene que resolver la Corte. “Lamentablemente, no estamos tranquilos. Reconocemos que el deterioro del federalismo no nace el 10 de diciembre de 2015, sino que viene de mucho antes, pero tampoco queremos que se agrave”, aseguró.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.