El intendente de Concordia, Enrique Cresto, quedó envuelto en un escándalo judicial y político tras la imputación por el supuesto delito de peculado en la contratación de cooperativas de trabajo de barrido y limpieza por parte de la Municipalidad. Cresto, que va por la reelección en las primarias del domingo 14, quedó involucrado en la investigación junto a su compañero de fórmula, el precandidato a viceintendente Alfredo Francolini.

Al hablar de la investigación, Cresto dijo: “Lo tomo como parte de una campaña sucia usando a la Justicia como nos ha pasado siempre en toda la historia nuestra: le ha pasado a mi abuelo y a mi padre”, advirtió. Y agregó: “Lo que no pueden en las urnas, porque tenemos el gran acompañamiento de la comunidad de Concordia, por nuestra trayectoria y, más que nada, por cada vez que estamos en funciones pública nos manejamos con transparencia, honestidad, además de tener una gestión muy exitosa”.

El jefe comunal concordiense admitió haber mantenido una charla con el fiscal de la causa, José Arias: “Le dije que, sin ver la causa, me parecía un atropello: primero de que yo me entere por trascendidos dentro de Tribunales de que venía una imputación, sin tener ninguna clase de pedido de informes a la Municipalidad, siquiera. Es decir, quedó muy evidente”.

El fiscal Arias se encargó de responderle a Cresto, quien, dijo, “mintió descaradamente”. Para respaldar su afirmación, Arias reveló mensajes de WhatsApp que recibió de Cresto, con los cuales el presidente municipal habría ejercido una implícita presión, procurando influir en la marcha de la investigación a través de carriles no institucionales, lo que derivó en que el fiscal lo instara a conducirse con “decoro”.

Arias también puso sobre la mesa algunos detalles de la investigación y consideró que los expedientes municipales analizados “dan pavor”. Más adelante, respondió a la acusación de que se apuró para incidir en la campaña electoral. “Yo no puedo, porque Cresto está en campaña, esperar que desapoderen a la municipalidad de los 300 mil pesos que estaban pactados en el plan inicial. No puedo esperar eso. Tengo un deber que me llama y ese deber lo ejercí concretamente imputándolos a todos”, enfatizó el fiscal.

¿Qué investigan?

La causa está caratulada “Cresto Enrique Tomas; Francolini Alfredo Daniel, Mendieta Jorge; Santana Oscar Alberto; Subeldía Héctor; y Von Zelleheim s/Peculado y otros”, y se abrió tras la denuncia de Juan Adolfo González, un puntero del PJ, que se presentó en Tribunales el 25 de octubre de 2018 para denunciar que, después de estar contratado por la Municipalidad de Concordia para realizar tareas de desmalezado –“me pagaban $100 mil por mes, yo tenía 32 personas a mi cargo”-, en noviembre de 2017 “me dejaron de pagar y tuve que dejar de trabajar.

Empezó a reclamar el pago de la deuda: $300 mil. Después de reclamos y haberse encadenado a la Municipalidad, dijo, fue contactado por el secretario de Cresto, Guillermo Von Zehlleim, “para llegar a un acuerdo, pidiéndome que ponga una persona de confianza para pagarle mi plata porque ellos no querían hacer figurar que me estaban por pagar a mí personalmente”. Fue así que puso a su hija María Agustina González para cobrar la deuda. Y tras cartón anota un dato: habla de irregularidades en las contrataciones de las cooperativas de trabajo como la suya con la Municipalidad de Concordia.

El 28 de febrero, el fiscal Arias hace una modificación de la apertura de la causa e imputación, “Que en el mes de octubre de 2018, Enrique Tomás Cresto, en su carácter de presidente municipal de la ciudad de Concordia, abusando de sus funciones mediante el dictado de resoluciones que afirman hechos falsos, sustrajo la suma de $100 mil del patrimonio municipal que administra ordenando un pago ilegítimo a favor de maría Agustina González por la supuesta ´mano de obra para limpieza y desmantelamiento del barrio Almirante Brown´lo que pudo llevar a cabo por la ayuda y la participación de Jorge Mendieta, secretario de Servicios Públicos; Oscar Alberto Santana, subsecretario de Servicios Públicos; y Héctor Subeldía, director de la Dirección de Higiene Urbana de la Subsecretaría de Servicios Públicos, quienes extendieron resoluciones, dictámenes y actas, respectivamente, con el propósito de dar apariencia de legalidad al pago efectuado, así como también por el aporte de su secretario Guillermo Von Zelheim, quien era el encargado de tratar con la nombrada María Agustina González y guiarla para que pueda cumplir con las exigencias formales de los trámites municipales”.

El hecho imputado fue calificado como peculado en concurso ideal con el delito de falsedad ideológica de instrumento público, y por eso imputó a Cresto la comisión de los mismos como autor material.

Arias, al sostener la imputación, dijo en Tribunales: “Imagínese que esta chica (María Agustina González) se inscribe en AFIP en octubre y ya cobra por septiembre los primeros 100 mil y luego 25 mil por mes con el mismo concepto. Es decir, cobraba por limpieza y desmalezamiento del barrio Almirante Brown 100 mil pesos en septiembre, pero 25 mil pesos en octubre, 25 mil en noviembre, 25 mil pesos en diciembre, con lo cual se advierte claramente que no le estaban pagando eso sino que le estaban dando la plata”.

“En el último expediente -agregó Arias- está solamente Cresto porque se advierte con claridad que es el único que participó y que dio la orden de pago sin ninguna constatación de cumplimiento de trabajo”.

Pero la causa ahora bordea el escándalo.

El lunes 1° de abril, durante una audiencia en Tribunales, el juez de Garantías Darío Mautone aceptó un pedido de recusación del fiscal Arias. Mautone dijo que, mirado desde el lugar de los imputados, el parentesco genera una “duda razonable” acerca de la objetividad que debe tener el fiscal a la hora de proceder.

Al utilizar la palabra “parentesco”, el magistrado aludía a que el fiscal Arias es primo hermano de Eduardo Asueta, precandidato a intendente del PJ, competidor de Enrique Cresto en las PASO del 14 de abril próximo.

Pero además de aceptar la recusación, Mautone confirmó todo lo actuado hasta ahora en la investigación penal preparatoria. Esto constituye un revés para la defensa del intendente Enrique Tomás Cresto, a cargo de Jorge Romero; como de su funcionario, Guillermo Von Zelheim, patrocinado por María De Los Ángeles Petit; que habían pedido que se anulase todo o, al menos, los actos que el fiscal llevó adelante desde el momento en que fueran presentados los pedidos de recusación.

 

El magistrado aseguró que “la causa es de una gravedad institucional importante”. Insistió en que “la investigación debe continuar y, para ser honesto, abarcando todas sus aristas. Por ejemplo: si hay dos sospechosos, hay que investigar a los dos, no uno solo”.

Lo dijo en función de que consideró razonable que se investigue no sólo a la administración municipal sino también a las autoridades provinciales (el gobernador Gustavo Bordet y el Secretario de la Gobernación, Edgardo Kueider), si es que en la denuncia se hace alusión a delitos presumiblemente cometidos por ellos.

Pero la recusación del fiscal Arias no es la última decisión. El fiscal coordinador de la Unidad Fiscal de Concordia, osé Costa anunció que apelarán la medida del juez Mautone, por lo que, hasta tanto no haya una respuesta a la apelación, continuará José Arias en la investigación, junto a los otros dos fiscales ya designados para acompañarlo: Mariano Guerrero y Martín Núñez.

 

 

 

 

Con información publicada por El Entre Ríos

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.