“El proceso de este enjuiciamiento al juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, puso en evidencia de manera concreta y directa a un sistema judicial que -en el caso puntual de la provincia de Entre Ríos- continúa desconociendo el aporte trascendental que vienen a formular los estudios de género”.

El jury al juez Carlos Rossi como una bisagra, y una grieta que permite asomarse a lo que ocurre hacia el interior del Poder Judicial en el tratamiento de los crímenes menores. De eso se trata el trabajo de investigación que derivó en un libro, “Crímenes menores. Género y Poder Judicial, la trama de una disputa”, que publicó Sandra Miguez, con el sello Azogue Libros.

El libro es un minucioso análisis de lo que fue el jury al juez Rossi que, a la vez, es un modo de mirar de qué manera la Justicia afronta el tramiento judicial de los casos de violencia de género. En este caso, el femicidio de Micaela García, la joven estudiante uruguayense asesinada en Gualeguay el 1° de abril de 2017, y por el cual fue condenado a prisión perpetua Sebastián Wagner. Ese femicidio fue posible porque Wagner, con dos abusos sexuales en su haber, gozaba de libertad condicional otorgada por el juez Rossi.

El lunes 30 de julio de 2018, el Jurado de Enjuiciamiento absolvió por mayoría de los cargos de falta de idoneidad y mal desempeño que pesaban sobre el juez  Rossi, quien estaba suspendido en su cargo desde el 7 de diciembre de 2017 y a quien le habían reducido el sueldo en un 30%. La decisión implicó  que el magistrado se reintegre de forma inmediata a sus funciones. En ese proceso, el Procurador General Jorge García tomó la decisión de no acusar al juez. El fallo de libertad condicional es un fallo firme. Un fallo firme no puede ser una causal de mal desempeño”. De ese modo, el Procurador General dejó al jury a Rossi sin acusación.  Y ante esa situación, Miguel Cullen –codefensor junto a Guillermo Vartorelli- planteó que “la ausencia de acusación inhabilita a este tribunal a emitir acusación”, y pidió evitar “que no se avasallen las instituciones republicanas”.

Cuatro integrantes del Jurado de Enjuiciamiento -Miguel Giorgio, Daniel Carubia y Germán Carlomagno, los tres vocales del STJ- y Roberto Beherán, representante del Colegio de Abogados de Entre Ríos- votaron por la absolución de Rossi; los otros tres, el senador Daniel Olano (PJ), la diputada Ester González (PJ) y el abogado Jorge Campos, por la destitución. Por un voto, Rossi fue absuelto y repuesto en su cargo de juez.

Rossi quedó en  el ojo de la tormenta luego del femicidio, el 1° de abril de 2017, de la estudiante uruguayense Micaela García, cuyo cuerpo fue hallado en un descampado de Gualeguay una semana después, el 8 de abril. El magistrado fue acusado por mal desempeño y falta de idoneidad por haber resuelto, el 1° de julio de 2016, la liberación del reo Sebastián Wagner, con dos condenas por abuso sexual. Wagner fue, precisamente, quien mató a Micaela García, crimen por el cual fue condenado a prisión perpetua el octubre pasado.

El 5 de febrero de 2018, el Procurador García emitió dictamen, aunque no acusó a Rossi, y se amparó en el andamiaje legal vigente para sostener que no está obligado a acusar

El magistrado llegó al jury con ocho denuncias por mal desempeño y falta de idoneidad a raíz de una decisión polémica: el 1º de julio de 2016 otorgó la libertad condicional al violador serial Sebastián Wagner, quien hasta entonces estaba alojado en la Unidad Penal Nº 9 Granja Penal Colonia El Potrero, de Gualeguaychú, cumpliendo una pena de 9 años de prisión por dos hechos de violación.

El 1° de abril de 2017, Wagner asesinó a la joven Micaela García, en Gualeguay. El caso conmocionó al país, y sobre todo al movimiento de mujeres que se movilizó bajo la consigna #NiUnaMenos. En Entre Ríos, el rostro del juez fue parte de las pancartas que se exhibieron en el Poder Judicial, junto al rótulo de “cómplice”. El 17 de octubre pasado, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay condenó a Wagner a prisión perpetua por “abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio”. Su jefe Néstor Pavón fue condenado a cinco años de prisión por encubrimiento y el hijastro de Wagner, Gabriel Otero, fue absuelto.

Sandra Miguez siguió de cerca todo ese proceso. Escuchó las audiencias cuando se enjuició a Rossi, y, antes, se metió en el proceso de acusación y puso al trasluz la trama que lleva a que los “crímenes menores” tengan un determinado tratamiento en la Justicia. Leyó y releyó las exposiciones de la antropóloga Rita Segato y el psiquiatra Enrique Stola, testigos de contexto en el jury al juez Rossi. “Ambos demostraron cómo la Justicia reproduce y defiende un modelo que desprecia las cuestiones de género y que no da importancia a los delitos sexuales, que condicionan la vida de las mujeres, ni a los aportes que los estudios han formulado en este sentido”, dice Miguez.

La autora Sandra Miguez y el editor Lucas Mercado, de Azogue Libros.

El libro reproduce lo que dijeron ante el Jurado de Enjuiciamiento Segato y Stola, lo que expuso el Procurador García, lo que votaron los jueces.

Es la conclusión de un libro, “Crímenes menores”, que la autora pretende presentar como una compilación de crónicas de un proceso judicial, como cuenta en el prólogo, pero que rápidamente se convierte en un ácida mirada sobre el Poder Judicial, pero que es también, y sobre todo,  una documentada investigación sobre un proceso no muy corriente: el enjuiciamiento de un magistrado por supuesto mal desempeño, con la peculiaridad de que aquí el femicidio de Micaela García estuvo presente, y el aporte de Segato y Stola sirvió para mostrar cómo proceden ante estos crímenes jueces y juezas.

En la contratapa, Julián Stoppello plantea que en “Crímenes menores”, Sandra Miguez “reúne el material necesario para hacer algunas preguntas que ayudan a mirar lo que pasó y lo que pasa. Tal vez la primera y la más importante para empezar: ¿qué sistema de fuerzas, pensamientos y análisis han regido la Justicia entrerriana para que Sebastián Wagner estuviera en condiciones el 1° de abril de 2017 de asesinar a Micaela García?”.

“Crímenes menores” es -ojalá así sea- una piedra en el zapato del Poder Judicial, una botella echada al mar con un par de preguntas, que ya es mucho. “¿Tiene el Poder Judicial la capacidad de escucha para entender y dimensionar la problemática en ciertas de los crímenes de odio hacia las mujeres, travestis y trans? ¿Está preparado el sistema judicial para reconocer en su propia esfera las dinámicas centradas en prácticas misóginas, patriarcales y machistas?”.

“Pensar en una Justicia que incorpore una perspectiva de género -sostiene Sandra Miguez- no es otra cosa que bregar por las consideraciones más elementales de los derechos humanos”.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.