Por Luis Fernández (*)

Sr Presidente (Urribarri) – Se aprobó el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley, devuelto en revisión, que adhiere a la Ley Nacional Nro. 27.260 (Expte. Nro. 21.583).
Por Secretaría se dará lectura.
–Se lee nuevamente.
Sr Presidente (Urribarri) – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto en general.
–La votación resulta afirmativa, como así también la votación en particular.

Sr Presidente (Urribarri) – Queda sancionado. Se harán las comunicaciones pertinentes.

El texto da cuenta que con la brevedad de la simple formalidad, la Cámara de Diputados dio fuerza de Ley al Proyecto con número de Expediente 21.583. Esta nueva Ley Provincial significa la adhesión al blanqueo de capitales puesto en marcha por el gobierno nacional.
Una vez más desde el Gobierno provincial, en el sentido amplio, se asume una postura de entrega política de los derechos de los trabajadores y en este caso, además, otorga beneficios a los cultores de la evasión.
¿De qué manera sucede esto? Por una parte, esta ley de adhesión al blanqueo, en el primer renglón de su articulado dice: “La Provincia de Entre Ríos adhiere a la Ley Nacional N° 27.260,…”. Esta adhesión amplia, implica la aceptación del artículo 27° de la Ley Nacional 27.260 de “sinceramiento fiscal”, que expresa: “Instrúyase al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del organismo pertinente, arribe en un plazo de ciento veinte (120) días, a un acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación a fin de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido sus regímenes previsionales, de manera de colocar a todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional. A tales efectos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deberá realizar las auditorías correspondientes a fin de evaluar los estados contables y los avances en el proceso de armonización…”.
Lisa y llanamente otra vez, los gobernantes provinciales se comprometen a la entrega de los derechos previsionales de los trabajadores en la aras de la armonización de los sistemas jubilatorios provinciales, rémora de las nefastas políticas neoliberales de los `90. Por otro lado, para compensar a los sincerados, el mismo artículo renuncia al cobro de los impuestos provinciales que les correspondiera tributar: “Quedarán exceptuados del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y cuanto otro impuesto provincial correspondiera según el caso, por los ingresos y bienes que hubieran omitido declarar…”.
Ni más, ni menos. Para los trabajadores perjuicios, para los evasores beneficios; claro posicionamiento del orden de prioridades políticas del Gobierno.
La armonización implica ajuste, pues resigna conquistas de los trabajadores logradas luego enormes esfuerzos de lucha, tras una tradición laboral sustentada en el abuso y la explotación. Ajuste que surge de las cíclicas crisis económicas que registra nuestro país producto de los desaciertos políticos o planes económicos benefactores de especulación y las finanzas, de la pasividad estatal para disminuir el trabajo no registrado, de la libre disposición gubernativa de recursos previsionales. Sobre esto último es dable recordar que a través de los años diversos gobiernos han utilizado los fondos nacionales del sistema previsional argentino para financiar sus déficits de gestión, una metodología habitual ha sido reemplazar los recursos dinerarios de las cajas, por bonos del estado, cuyos rendimientos ocasionaban la merma de los mismos. En otros casos, financiando actividades que son exclusiva responsabilidad económica de otras áreas del estado. O en su defecto con estratagemas de inversión de recursos que pertenecen a los jubilados, como el reciente acuerdo entre el estado argentino y el de Qatar, que constituye un fondo de inversión offshore, con aportes del “Fondo de Garantías de Sustentabilidad” de ANSeS generado a partir de la estatización del sistema jubilatorio en 2008. Este fondo tendrá gerenciamiento privado.

Armonizar implica ajustar cinco variables de los sistemas previsionales de aquellas provincias que no transfirieron sus cajas al sistema jubilatorio nacional. El “pie de igualdad” que argumenta la artículo nº 27 de la Ley 27.260, significa equiparar hacia abajo, con la pérdida de derechos, pues implica; aumento de las alícuotas de aporte y contribuciones patronales, aumento de la edad jubilatoria, una nueva determinación del haber inicial y de la forma de movilidad jubilatoria, y aumento de la cantidad de años de servicios. Algunas de estas especificaciones no involucran a nuestra provincia, como lo que referente al aumento de la alícuota de aportes, pues los empleados provinciales aportan el 16 % del bruto de sus haberes. Pero el resto son objetivos apetecidos por el ajuste, eufemísticamente llamado armonización.

Para recordar cómo se ha encarado la “política previsional”, a través de diversas gestiones provinciales genuflexas a los gobiernos nacionales. Hilvanemos algunos hechos de la reciente historia nos lleva al año 1993, cuando se sanciona la Ley 24.241, que privatiza gran parte del sistema jubilatorio en base al régimen individual de capitalización. Esta decisión expuso a graves consecuencias previsionales a quienes se jubilarían con posterioridad, pero también sometió a profundos perjuicios a las provincias. Un año antes, en 1992, anticipando el escenario de desfinanciamiento del sistema jubilatorio solidario de reparto, la nación firmaba con las provincias, el “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales”, mediante el cual se cedía al estado nacional el 15 % de los fondos de coparticipación. Entre Ríos suscribió ese acuerdo y de esa forma se ENTREGABA una importante parte de los recursos provinciales. Para corregir los baches que esta renuncia de recursos fiscales había generado, en 1994 se firma el “Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento”, por el cual las provincias transferirían sus sistemas jubilatorios a la nación, obviamente esto implicó para los jubilados el ajuste de todos los puntos que se solicitan en la armonización actualmente. De las 24 jurisdicciones, 11 transfirieron sus cajas y 13 las conservaron en función de la lucha de los empleados provinciales. En el año 1999, ante las dificultades de sostenimiento de los regímenes provinciales, surge la denominada “armonización”, por la cual el estado nacional financiaría los déficits previsionales y como contrapartida las provincias aplicarían el ajuste de los cinco puntos ya mencionados. Entre Ríos firmó este acuerdo.
Las presiones de los sucesivos gobiernos nacionales y las resistencias provinciales a aplicar la armonización, hizo que tres jurisdicciones inicien juicios al estado nacional por la restitución del 15 % de la Coparticipación. De esta manera; Santa Fe, Córdoba y San Luis, emprendieron un arduo camino jurídico. Entre Ríos jamás efectuó un reclamo en este sentido. Finalmente, las Provincias demandantes lograron un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoció la legitimidad del reclamo, y por ende, la restitución de los recursos coparticipables. La suma adeudada a las tres provincias era de 7000 millones de pesos para el año 2015 y el monto total de la deuda por los recursos detraídos a largo de los años, sumaba 30.000 millones, más los intereses correspondientes.
A poco de conocida la noticia, sorpresivamente un decreto presidencial del gobierno saliente, otorgó el reconocimiento de la restitución a todas jurisdicciones. El mismo gobierno que cuatro años antes negaba recursos para solventar los quebrantos provinciales provocados por el estado nacional. Testimonio de esto, son las declaraciones a fines de agosto de 2012 del entonces gobernador, hoy presidente de la Cámara de Diputados provincial, que en sus prolegómenos de ensoñación sumisamente declaraba; “Si yo cumpliera con la armonización que se debe hacer, nos hacemos acreedores de 1.150 millones de pesos. Es un montonazo. Pero también tenemos que hacer nuestros deberes…”.
A pesar del cambio de gestión, claramente se observa la continuidad de los posicionamientos políticos entreguistas y medrosos respecto de los fondos que por derecho nos corresponden. El nuevo gobernador celebró en todos los sentidos del término, la suscripción de un convenio con nación para la restitución del 15 % en cómodas cuotas, otorgando morosidad al pago de 3500 millones de pesos anuales que son fondos entrerrianos. En cuanto a la deuda histórica, es digno secuenciar el comportamiento político asumido. A mediados de enero de este año, el flamante ministro de Economía valerosamente negaba, “que tengamos que recurrir a algún auxilio sino que lo importante es cómo la Nación nos va a devolver los 26 mil millones que nos tiene retenidos en concepto de Coparticipación Federal”. Ya en junio el mismo funcionario mermado en su enjundia expresaba; “El convenio firmado habla del 1º de enero a esta parte, pero quedó establecido que el reclamo de la deuda anterior debe ser por vía judicial. Nosotros planteamos por qué no compensar créditos y deudas en la mesa de negociación, pero no hubo acuerdo y seguramente la Provincia deberá reclamarlo judicialmente”. Es decir en sus declaraciones de enero el ministro, ya conocía la negación al pago de la deuda por parte del nuevo gobierno nacional. De tamaña imprecisión, (calificada con benevolencia), surge la incógnita, ¿el gobierno provincial, habrá iniciado la demanda judicial con la misma premura que exime el pago de impuestos de los evasores?

Poco creíbles resultan las declaraciones del presidente de la Caja de Jubilaciones, en el sentido que no hay una reforma previsional en marcha. Simplemente porque se conoce que el gobierno nacional presupuestó a través de Anses para el año 2017, la suma de 14.000 millones de pesos con el fin de financiar los déficit previsionales provinciales. El otorgamiento de los fondos a cada provincia, estará supeditado al cumplimiento de las cinco variables de ajustes enunciadas, otorgando una significación de un 20 % a cada una de ellas, o sea que en la medida que se recorten derechos jubilatorios se llegará al 100 %. Es decir nos condicionan nuestra autonomía política para sostener el régimen jubilatorio, a costa de lo que nos deben, mientras los gobernantes se suceden transfiriendo aparte del mandato su pasividad política histórica. Y no es una especulación, la sanción de la ley de adhesión al blanqueo es una expresión más en el largo camino de obsecuencias y debilidades.

(*) Docente de Concepción del Uruguay. Ex secretario de Prensa de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).