Por Pablo Alejandro Barbirotto (*)

La Ley N° 10.450, que aprobó el Código Procesal Penal aplicable a menores, garantiza en Entre Ríos la realización del proceso penal a los adolescentes de 14 y 15 años de edad para determinados delitos graves específicamente establecidos en la ley a los fines de no dar lugar a la discrecionalidad de los operadores.
Por ejemplo, los casos abusos sexual, homicidios, robos con armas de fuego, etcétera.
En estos casos, sólo se deberá determinar la autoría y/o participación del adolescente en el hecho, prohibiéndose expresamente la adopción de medidas de coerción procesal y medidas privativas de libertad. El objetivo es lograr responsabilidad e implicancia subjetiva en el infractor.
Es preciso remarcar que la Ley Nº 10.450 no contempla en lo absoluto una disminución en la de edad de punibilidad. En este sentido, cabe remarcar que no deben confundirse los términos “punibilidad” que, en stricto sensu, es la posibilidad de coerción penal, es decir, de imponer la pena merecida, con el concepto de “procesabilidad”, consistente en la viabilidad que un adolescente de 14 y/o 15 años de edad tenga el derecho a un proceso penal con todas las garantías penales y procesales reconocidas en la Constitución Nacional, los Tratados y Convenciones Internacionales que rigen la materia y en el Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos.
En este sentido, es menester destacar que lo que no puede valorarse en un adolescente no punible es su culpabilidad. Ello no implica que no deba probarse su autoría y participación.
La procesabilidad de los adolescentes de 14 y 15 años de edad se ve aún más reforzada por la letra del artículo 1º de la Ley Nº 22.278 (texto según Ley Nº 22.803) que expresamente establece: “No es punible el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación. Si existiere imputación contra alguno de ellos la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a la comprobación del delito,…”.
Acorde lo prescripto por la ley sustantiva, en el caso de adolescentes no punibles se debe proceder a la comprobación del delito, lo que necesariamente conduce a determinar quiénes fueron sus autores para luego analizar su capacidad de culpabilidad. Por lo que la única manera de comprobar el hecho base de una imputación, en los términos de la citada ley, es por medio de un proceso penal, pues los adolescentes, aun los no punibles, son titulares de los derechos y garantías que toda persona posee ante una persecución penal.
Cabe resaltar que anteriormente, con Ley Nº 9.324, era práctica habitual en nuestra provincia que ante la simple acreditación de estar en presencia de un adolescente menor de 16 años, se dictaba un sobreseimiento por no punibilidad, procediéndose al archivo de la causa en forma automática e inmediata. Con esta forma de intervención establecida en la derogada ley, la mera imputación de un adolescente no punible bastaba para dar por sentado que había sido el autor del hecho que se le endilgaba y sin posibilidad alguna de defensa. Ello con el riesgo concreto de acusar a un inocente, estigmatizarlo y en muchos casos privarlo de libertad por motivos o razones “tutelares” y dejar impune al verdadero culpable.
En este sentido, debemos remarcar que el objetivo del señalamiento jurídico de autoría en los adolescentes no punibles en casos de delitos graves que atentan contra los principios fundamentales que dan sustento a la sociedad, de ningún modo es la sanción penal o el castigo. De lo que se trata aquí, es de poder dar una respuesta que restituya simbólicamente la prohibición a partir de la cual se torna posible la convivencia en comunidad.

(*) Juez Penal de Menores de Paraná. Fue el único entrerriano en el comité de expertos que convocó el Ministerio de Justicia de la Nación para redactor un anteproyecto de ley de reforma del régimen penal juvenil.