Un total de $167 millones serán destinados por el Estado nacional este año al sostenimiento del culto católico para ayudar al mantenimiento de 140 obispos y arzobispos, 640 sacerdotes y 1.200 seminaristas, de acuerdo con los datos del sitio Presupuesto Abierto, lanzado recientemente por el Ministerio de Hacienda de la Nación, que muestra además una ejecución del 88% a diciembre del año actual. En 2016 se destinaron $136 millones a este fin y para 2018 están previstos 177 millones de pesos. Esto significa una caída real (o sea, teniendo en cuenta la inflación) de aproximadamente el 10% desde la asunción de Cambiemos, de acuerdo con la inflación informada en el Presupuesto 2018.

Estos fondos responden a la obligación del Gobierno nacional de sostener el culto católico, como está estipulado en el segundo artículo de la Constitución de la Nación. Estas transferencias se regulan a través de diferentes leyes. Una de ellas, la Ley 21.950, establece que el Estado debe hacerse cargo del salario de arzobispos y obispos, que corresponden al 80% del salario de un juez nacional de primera instancia. La Ley 22.162, por otra parte, dispone la obligación de subsidiar a los sacerdotes que se encuentren en zonas de frontera o muy desfavorecidas, y la Ley 22.950, a seminaristas.

Hay otras transferencias que el Estado hace a instituciones religiosas, aunque con fines específicos. Por ejemplo, los fondos para refaccionar sus edificios. En diciembre último, se conoció la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de reasignar fondos del presupuesto nacional, por la cual se quitaron casi $140 millones de fondos a la refacción de una serie de iglesias, entre ellas la Basílica de Luján ($100 millones).

Existen más transferencias que el Estado hace a la Iglesia, como los subsidios a escuelas religiosas. Por último, la Iglesia cuenta además con ciertas exenciones impositivas, como el caso del impuesto a las Ganancias o el Impuesto al Valor Agregado (IVA), un beneficio que se extiende a otras entidades religiosas.

 

 

Fuente: Chequeado