La mina de Río Turbio, en Santa Cruz, no sólo se usó para desviar cientos de millones de pesos destinados a obras que jamás se completaron. También sirvió de excusa para una multimillonaria triangulación de fondos durante el kirchnerismo con el fin de sortear los escollos legales que le impedían al Ministerio de Planificación contratar con una empresa polaca, publicó hoy el periodista Hugo Alconada Mon en el diario “La Nación”.

La triangulación se apoyó en un decreto emitido durante la última dictadura y destinado a fomentar la cooperación entre los Estados argentino y polaco, dice Alconada Mon. Así les permitió a funcionarios bajo la órbita del entonces ministro Julio De Vido comprar maquinaria minera a una empresa polaca, de manera directa, luego de que esa compañía no ganó una licitación pública internacional.

La triangulación abarcó a funcionarios argentinos, como intermediaria quedó una empresa estatal polaca, Bumar-Labedy, sin vínculo alguno con la industria minera carbonífera subterránea, y como tercer vértice participó Kopex, una firma también polaca, pero privada y que sí se especializa en la industria minera.

En total, triangularon por lo menos 53,3 millones de euros -unos $ 450 millones al tipo de cambio vigente- en dos operaciones paralelas que comenzaron en 2012 y cuya ejecución contractual se extiende hasta hoy.

La contratación de De Vido que ahora investiga el fiscal federal Carlos Stornelli se emparenta con una contratación bajo la órbita de la Justicia entrerriana: la que involucra al exgobernador Sergio Urribarri, un histórico aliado del exministro de Planificación Federal del kirchnerismo con la productora Nelly Entertainment SA, cuya cabeza visible es el inclasificable empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, ex de Susana Giménez, actual de Verónica Lozano. En la cúpula de Nelly Entertainment SA figuró, hasta que estalló el escándalo, en 2015, el hijo del exministro de Planificación, Facundo de Vido.

“Corcho” Rodríguez, sin embargo, lo negó, dijo que era artista de la productora, y útlimamente aceptó que era sólo empleado.

Pero el lazo de “Corcho” Rodríguez con De Vido, el exministro, se extiende a otro escándalo, el de las coimas de Odebrecht, el gigante de la construcción en Brasil.

El holding brasileño ha desatado un escándalo mundial al admitir que pagó coimas en Argentina por un valor de 35 millones de dólares, pero “Corcho” Rodríguez dice que nada que ver. Aunque su pasado lo condena: fue socio del jefe montonero Rodolfo Galimberti y de su otrora secuestrado Jorge Born, también se asoció al ex banquero prófugo Raúl Moneta, y antes sobrellevó acusaciones por el manejo de dinero para la fundación del padre Grassi. Pero logró sobrevivir a esos terremotos, mientras tejía vínculos con el entonces ministro de Planificación Federal Julio de Vido , en nombre y por orden de Odebrecht, escribe en “La Nación” de hoy el periodista Hugo Alconada Mon.

-¿Cómo era o es su vínculo con Julio de Vido?

-A Julio lo conozco, como conozco a muchos políticos de la Argentina. Me dedico a esto, siempre estuve en la relación que media entre lo privado y lo político. En el caso de De Vido, su hijo Facundo es artista de nuestra compañía. Le editamos dos discos. Pero Facundo es un muy buen músico, no porque sea hijo de Julio.

Los nombres del “Corcho” Rodríguez y de De Vido aparece en otra causa judicial, la que llevan adelante en los Tribunales de Paraná los fiscales Santiago Brugo y Alejandro Cánepa, que ya han imputado al exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, por peculado y negociaciones con la función pública; al propio titular de Nelly, por peculado como partícipe primario, y que en la mira tiene al mismísmo Sergio Urribarri, también por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Igual que De Vido con Río Turbio, Urribarri también contrató con Nelly, ligada al exministro, de una forma amañada.

Y ahora la Justicia lo tiene acorralado con una investigación que se inició de oficio en procura de determinar si en los gastos hechos durante la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que tuvo lugar en Paraná a mediados de diciembre de 2014,  se incurrió en algún tipo de delito.

En particular, la lupa está puesta sobre los casi $28 millones que la administración del exgobernador Sergio Urribarri le pagó Nelly Entertainment SA.

Los gastos, monumentales, fueron administrados de forma directa, sin licitación, por el exGobernador y su entonces ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, a través de una Unidad Operativa, a cuyo frente se ubicó al subsecretario de Gestión Administrativa de la Gobernación, Hugo Félix Céspedes; y como coordinador contable, al director del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, Gustavo Tórtul. Ambos también serán citados a indagatoria en la Justicia.

Con la venia de la Legislatura, Urribarri consiguió sortear todos los mecanismos de control y licitación para contratar durante la Cumbre Mercosur. La Ley N° 10.327 facultó al Ejecutivo a “utilizar el procedimiento de contratación directa para la ejecución de obras, contratación de los servicios, adquisición de suministros, y en general para toda compra y/u operación que resulten necesarios para la realización de los distintos efectos que se realicen”.

Así, le pagó una cifra superior a los $28 millones a la firma Nelly Entertainment SA. El viernes 4 de septiembre de 2015, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el texto del decreto Nº 4.800, firmado por Urribarri, por el cual se aprobó “lo actuado por la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur en referencia a la contratación directa” de publicidad para la difusión “del contenido de cuatro piezas audiovisuales, tres de 60 segundos y una de 45 segundos en televisión por aire y por cable a nivel nacional” a partir del 10 de diciembre y por quince días en el marco de la Cumbre Mercosur.

Tres de esos cuatro spots eran publicidad de campaña de Urribarri, entonces embarcado en el “Sueño Entrerriano”.

La Ley 10.327 promulgada el 20 de Octubre de 2014, que declaró de interés la 47 Cumbre del Mercosur que se realizó en diciembre de ese año en Paraná, facultó al Poder Ejecutivo a utilizar el procedimiento de contratación directa para ejecutar obras, contratar servicios, adquirir suministros y realizar toda otra compra u operación necesaria para realizar eventos inherentes al encuentro de los jefes de Estado de la región.

La autorización legal que permitió al Ejecutivo eludir los procedimientos naturales de licitación pública, cotejo de precios, etc., pero bajo la exigencia de que lo contratado por vía directa sea lo estrictamente necesario para la organización y realización de la Cumbre. Sin embargo, el Gobierno Provincial contrató la difusión de spots por redes sociales y Youtube, por más de 28 millones con la firma Nelly Entertainment, para dar a conocer cuatro videos, de los cuales, tres no tenían absolutamente nada que ver con la visita de los presidentes del Mercosur.

O sea, buena parte de ese gasto se habría usado para pagar el “sueño entrerriano” de Urribarri y la instalación de su figura en el orden nacional, hasta que su candidatura terminó opacada por Daniel Scioli.

Pero esa no sería la única particularidad llamativa del Expediente Nº 1656798, iniciado el 25 de noviembre de 2014.

Otra peculiaridad del expediente para la contratación directa por $28 millones con una agencia de Buenos Aires es el ritmo vertiginoso de su tramitación. Si bien es razonable que se trataba de gestiones que requerían de cierta celeridad, es llamativo, para cualquiera que haya realizado alguna vez un trámite en la Administración Pública Provincial, que en cinco días hábiles (27 y 28 de Noviembre, y 1º, 2 y 3 de Diciembre de 2014), el Expediente Nº 1656798 recorrió los despachos de diez funcionarios de los Organismos de Control (Tribunal de Cuentas –la asesoría jurídica, su presidente, Guillermo Smaldone, y los cinco fiscales de Cuentas–, Fiscalía de Estado, Contaduría General –su asesor jurídico y su presidente–) cosechando a su paso expeditos dictámenes favorables. Corresponde aclarar que los diez funcionarios encargados de los controles previos de la actividad estatal dictaminaron sobre un proyecto del disuelto Ministerio de Cultura “en abstracto”, es decir, sin ver los materiales que Báez pensaba difundir por contratación directa, pero no deja de llamar la atención de cualquier experto en vericuetos administrativos la agilidad puesta de manifiesto por dichos organismos en el caso en particular.

Pero, quizás por ese frenético derrotero del expediente, ninguno de los controladores advirtió tampoco que el exministro de Cultura no aclaraba si la difusión sería local o nacional, como tampoco especificaba en su pedido el plazo de la campaña, el monto de la contratación, el presupuesto estimativo, los horarios, canales, programas, redes, o demás detalles adonde se pretendía incluir el material referido a “políticas públicas”, detalles de importancia, dado que si bien la Ley 10327 autorizaba a la contratación directa, en su artículo 8ª mandaba aplicar expresamente la Ley de Contabilidad y los principios del derecho administrativo, que establecen topes, formas y garantías para los eventuales participantes de cualquier proceso de contratación con el Estado.

Con todas esas maratónicas autorizaciones, el exministro Báez avanzó y el 4 de Diciembre resolvió interesar a los medios de comunicación y agencias de publicidad para que propongan un esquema para la difusión de los cuatro spots “inherentes” a la Cumbre, en el exiguo plazo de 4 días. Dicha invitación a ofertar fue realizada en “El Diario” de Paraná, y en ningún otro medio escrito local ni nacional. El viejo diario que fuera radical y ahora está en manos de empresarios amigos del Gobierno Provincial demostró tener una llegada inusitada, ya que logró el interés de cuatro empresas de Buenos Aires que el 9 de diciembre presentaron sus ofertas entre las 7.10 y las 9.55 horas.

Con las ofertas a las vista, Báez y los funcionarios de su ministerio decidieron que sólo dos cumplían con los requisitos, exigencias sólo conocidas por ellos, ya que no había un precio testigo que pudiera establecer que 31 millones era una cifra adecuada, como así tampoco había un pliego de condiciones mínimas para explicar a los interesados cuáles eran las necesidades de difusión del Poder Ejecutivo Provincial. Tan poca referencia tenían los oferentes, que una de las propuestas se olvidó de enmarcar la contratación en la Cumbre del Mercosur y se presentó para difundir los spots “para publicitar los logros de los 7 años de gobierno”.

Así las cosas, en cinco días, el Gobierno Provincial publicó el aviso en “El Diario”, recibió las ofertas, descartó las que no cumplían con sus requisitos y publicó el Decreto 4800/14. El 9 de diciembre de 2014, entre las 10 (hora de cierre de las presentaciones de los interesados) y las 13 horas, con una intervención que quedará en los anales de la eficiencia estatal, el proceso de contratación recibió el aval del director de la Unidad Operativa creada especialmente para la Cumbre, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación y Cultura, el exministro Pedro Báez, el exgobernador Sergio Urribarri y la directora de Despacho (estos últimos para la elaboración del Decreto emitido ese mismo día).

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.