La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) salió este miércoles con una durísima solicitada en la que pidió al gobernador Gustavo Bordet que cese con la “judicialización” de la protesta sindical, y reclamó, sin ambages, la “libertad a nuestros presos políticos”.

En realidad, no se trata de una medida de gobierno la que afecta a cinco dirigentes de UPCN sino una grave causa por coacciones que le inició la Unidad Fiscal de Diamante por los graves incidentes ocurridos en la Colonia de Salud Mental entre el martes 6 y el miércoles 7 de junio.

La directora de la Colonia de Salud Mental, Noelia Trossero, fue amenazada y se pretendió obligarla a volver atrás con la decisión de suspender la suplencia extraordinaria que cubría la enfermera Yanina Migueles, delegada de UPCN. Trossero se negó, e intervino entonces el ministro de Salud, Ariel de la Rosa, quien la llamó por teléfono y la presionó para que hiciera efectiva una resolución ministerial que imponía la reincorporación de la enfermera.

 

Los fiscales Gamal Taleb y Laureano Dato imputaron a los dirigentes Fabián Monzón, adjunto de UPCN y director del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), José Zarza, Carina Domínguez, Guillermo Barreira y Zunilda Suárez del delito de coacción agravada; y en tanto que a De la Rosa lo imputaron por los delitos de coacción agravada y coacción agravada en coautoría con los dirigentes sindicales, por cuantos estos dijeron, en presencia de testigos, que llegaron a Diamante a hacer cumplir una orden del exministro.

El miércoles 7 de junio la Policía detuvo a los cinco dirigentes de UPCN, medida que fue revisada el viernes 9 de junio por el juez de Garantías, Julián Vergara, que resolvió aplicar 15 días de prisión domiciliaria a los dirigentes Monzón, Zarza y Barreira, en tanto que dispuso la libertad de Domínguez y Suárez. Este lunes 26 habrá una audiencia en Diamante para revisar la prisión preventiva.

El fiscal Gamal, en diálogo con Entre Ríos Ahora, dijo que de momento no está resuelto si pedirán la continuidad o la suspensión de la prisión, y que ese será un asunto que será evaluado con el procurador general, Jorge García. Aunque adelantó que ya no existen las condiciones que había al momento de pedir los 15 días de prisión. “Ya han declarado los testigos, así que no vemos que vaya a haber un entorpecimiento de la investigación o una afectación a los testigos. Ese argumento ya no es válido para mantenerlos en prisión. Pero todavía no se ha definido nada”, dijo Taleb.

El fiscal negó que lo que ocurrió en la Colonia de Salud Mental de Diamante se haya tratado de una protesta sindical. “Fue coacción. Había una persona, la directora Trossero, en inferioridad de condiciones, que fue amenazada y coaccionada a hacer cumplir una orden del ministro. Y a la vez, quien ejercía las funciones de ministro también coaccionó a la directora a adoptar una medida que se le pretendía imponer. Hay testigos de esto”, aseguró.

La investigación penal debe concluir el 7 de julio próximo, por lo cual entre esta y la próxima semana se prevé concluir con las medidas de prueba. Entre otras, el peritaje de los tesléfonos celulares secuestrados a los dirigentes sindicales, realizar una inspección ocular y recibir el testimonio del director de Salud Mental, Carlos Berbara, aportado por la defensa de los dirigentes de UPCN, que ejercen Marcos Rodríguez Allende y Vanesa Visconti, y de Ariel De la Rosa, a cargo de Leopoldo Lambruschini y Julio Federik.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.