La jueza de Transición Susana María Paola Firpo decidirá esta semana -entre miércoles y jueves- si confirma el llamado a indagatoria, pedido por el Ministerio Público Fiscal y formulado para el 27 de este mes para el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, o si atiende el planteo de sus abogados defensores, Leopoldo Lambruschini y Julio Federik, y dicta la suspensión de ese trámite.

Firpo ya corrió vista al Ministerio Público Fiscal de los planteos que hace la defensa de Etchevehere, y explicó, en diálogo con Entre Ríos Ahora, que “el fiscal ya dictaminó; sorprendentemente, también pide la suspensión de la indagatoria, que es quien lo había pedido y había efectuado el relato de imputación, y ahora está en vista la parte querellante. Después, sí, entra a despacho para resolver. Yo estoy calculando que, quizás, entre miércoles o jueves esté resolviendo el planteo. Pero el jueves ya es 22, y los plazos no me dan para tomarle la indagatoria, porque además es el titular de la acción el que me está pidiendo la suspensión. Seguramente tendré que suspenderla”.

Desde el Ministerio Público Fiscal hicieron notar dos hechos: que la querella contestará este martes -“tiempo tiene la jueza para resolver”, indicaron-, y que el pedido de indagatoria, aunque en una misma causa, se hizo por dos hechos: uno, por los créditos del Banco Itaú, cuya indagatoria la Fiscalía, en oposición a la defensa, solicitó que se confirme; el otro, por el vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario. En este caso, los fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra pidieron que la indagatoria se suspenda porque todavía no se produjo toda la prueba, y porque la única que está en el directorio de esa sociedad es la madre y no los hijos, según confiaron fuentes consultadas por Entre Ríos Ahora.

 

La causa N° 6.418, caratulada “Estafa. Denuncia de Dolores Etchevehere”, fue iniciada en 2011 y a poco de tramitarse, y a pedido de la fiscal Laura Cattáneo, la jueza Firpo mandó al archivo.

Dolores Etchevehere, convertida en querellante, apeló la medida, y un tribunal de alzada revocó el archivo de la investigación. En agosto de 2016, y con Firpo reubicada en el Juzgado de Garantías N° 1, en reemplazo de Marina Barbagelata, a cargo del Juzgado de Transición N° 2, quedó Pablo Zoff.

La causa original, por defraudación, ha sido ampliamente difundida por el periodista Sebastián Premici por medio del diario Página 12, aunque la pesquisa que inició la Justicia de Entre Ríos avanzó mucho más e implicaría, además, la imputación a los Etchevehere por el supuesto delito de vaciamiento de la empresa SAER, la editora de El Diario, en la que la familia tiene el 40% del paquete accionario. El otro 60% está en manos del empresario rosarino ligado al urribarrismo Ramiro Nieto. De acuerdo a lo revelado por distintas fuentes judiciales, la operatoria de “vaciamiento” que se investiga dejó a El Diario con la pauta publicitaria del Gobierno totalmente embargada y con su edificio emblema, el ubicado en Urquiza y Buenos Aires, en manos curiosas: la Mutual 10 de Abril. El trámite de escrituración a nombre de los nuevos dueños está a un paso de concretarse.

Pero todo empezó por un préstamo a tasa subsidiada que tuvo un destino insólito.

En 2011, la firma Las Margaritas SA –conformada por la familia Etchevehere- recibió sendos préstamos, entre julio y agosto de 2011, por u$s 200.000 y u$s 50.000, respectivamente, a tasa subsidiada y, en teoría, destinados a actividades productivas, aunque en el camino fueron desviados para un fin específico: el dinero se distribuyó entre los socios de Las Margaritas SA: Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere. El monto distribuido entre los socios fue de $1.066.000.

El préstamo solicitado al Itaú fue en dólares, a una tasa del 8% anual. Pero los socios de Las Margaritas, que fueron los únicos destinatarios de ese auxilio financiero en teoría para fines productivos, devolvieron el dinero a la sociedad con cheques de pago diferido, en pesos y a una tasa de interés mucho más beneficiosa. Así, mientras el dólar se disparaba, y así también el costo financiero del préstamo con Itaú, lo que devolvían los socios era un monto inalterable. El desfase fue tal que Las Margaritas debió pedir otro crédito, esta vez al Banco Nación, también a tasa subsidiada, por un valor de $900.000, para enfrentar la emergencia agropecuaria, pero que en realidad se utilizó para saldar la deuda con el Itaú.

Esa es la parte medular de la denuncia de Dolores Etchevehere contra sus hermanos y su madre.

En el mes de diciembre de 2016, los fiscales Cánepa y Ferreyra piden por primera vez la indagatoria de los Etchevehere, medida que luego es suspendida a pedido del propio Ministerio Público Fiscal al presentar la querellante nueva documentación y ante la certeza de que la causa podría tener un giro sorpresivo. Efectivamente, la Justicia avanzó sobre el supuesto delito de estafa, pero agregó la presunción de vaciamiento en perjuicio de SAER, la empresa editora de El Diario. Los fiscales entonces piden el levantamiento del secreto fiscal sobre los socios de Las Margaritas, petición que es acogida favorablemente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Sin embargo, esa medida de prueba fue cuestionada por los abogadores defensores de la familia Etchevehere, Lepoldo Lambruschini y Julio Federik, pero el juez Zoff no hizo lugar a la queja. Después de ocho meses, a principios de diciembre de 2017, el Tribunal de Juicio y Apelaciones, compuesto por los jueces José María Chemez, Elvio Garzón y Elisa Zilli, confirmó lo resuelto por Zoff y rechazó la apelación. Pero la causa tendría un nuevo imponderable: antes de finalizar el año, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) decidió cambios en su estructura funcional y el  juez Zoff pasó a integrar el Ministerio Público Fiscal. El lugar lo ocupó ahora Firpo, que debió empezar a entender de cero en la causa Las Margaritas.

La indagatoria fue pedida a finales de diciembre último por los fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra, y resuelta favorablemente por la magistrada: entre el 27 de febrero y el 5 de marzo se espera la declaración de toda la familia Etchevehere -Luis Miguel, el ministro; los hermanos Arturo Sebastián y Juan Diego; y la madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere, en una causa por defraudación iniciada por otra integrante del grupo, Dolores Etchevehere.

Pero luego de un planteo de la defensa de Etchevehere, el trámite de la indagatoria quedó entre paréntesis, y con posibilidades de que sea suspendido por la jueza Firpo.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.