Siguen las indagatorias en la causa del “Parador del Sueño Entrerriano”.

Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Daniel Urribarri, deberá concurrir a fiscalía este jueves por la mañana para declarar como imputado en la causa del parador playero, instalado en Mar del Plata en 2015, en plena campaña del entonces mandatario por la precandidatura a presidente de la Nación.

Aguilera deberá responder las preguntas del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, quien busca saber si hubo direccionamientos de fondos públicos para financiar la campaña de Urribarri.

Además de Aguilera, en la causa están imputados por los supuestos delitos de peculado, defraudación a la administración pública y negociaciones incompatible con la función pública, Urribarri, su exministro de Turismo, Hugo Marsó; la contadora Corina Cargnel y Gerardo Caruso, socio gerente de la firma “El juego en que andamos SRL” y exdirector de Contenidos del programa “Fútbol para Todos”. Este último fue quien cobró $14.561.870,00 por montar los inflables y las palmeras en la playa “La Perla”, en Mar del Plata, en enero de 2015.

El lunes se presentó en tribunales la contadora Cargnel, de las firmas Tep SRL y Next SRL, vinculadas a Aguilera.  Acompañada por el abogado Miguel Ángel Cullen, la profesional se abstuvo de declarar.

En la sede del Ministerio Público Fiscal, en calle Santa Fe 290, estiman que Aguilera, quien es asistido por el abogado Marcos Rodríguez Allende, también se abstenga de responder la requisitoria sobre los supuestos direccionamientos de dineros públicos para oxigenar la campaña de Urribarri.

Como contó Entre Ríos Ahora días atrás, en la justicia sospechan que a través de la instalación del parador se utilizaron fondos para promocionar la precandidatura a presidente de Urribarri. Es decir, que lejos estaba la intención de promover a la provincia como destino turístico, como se adujo cuando se llamó a la licitación pública para montar “el pelotero”,  término que se utiliza en tribunales cuando se hace alusión a esta causa de la anterior gestión provincial.

En la causa, Aguilera es señalado como uno de los que, a través de sus empresas Tep SRL y Next SRL, recibió “retornos” provenientes de la contratación de “El juego en que andamos SRL”, que levantó el parador en la arena.

La acusación de la fiscalía dice que Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron $ 14.561.870,00 para poner en funcionamiento ese punto de referencia en la playa para promocionar la precandidatura a presidente de la Nación del primero.

Para la operación se contrató a la empresa “El Juego en que andamos SRL”, que integra Caruso, quien a su vez habría destinado parte del pago con fondos provinciales para sub contratar a la Cooperativa de trabajo “X la Plata Publicidad” Ltda. con el objetivo de realizar una campaña de difusión en la vía pública con la figura de Urribarri. Para los investigadores esa maniobra se concretó, ya que a la empresa subcontratada recibió un pago por $338.800.

Además, la fiscalía acusa que Caruso realizó “retornos” de dinero en efectivo hacia Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, por la suma pesos $ 2.000.000, por medio de transacciones bancarias a las empresas Tep SRL y Next SRL, y las intermediarias Visual, Megaprint SA, Wall Street Vía Pública y Fredy Publicidad SRL, por la suma de $ 2.468.700,00.

Para esa maniobra, la fiscalía considera que Urrribarri y compañía tuvieron la colaboración –para la confección de facturas y retornos- de Corina Cargnel, contadora de las empresas vinculadas a Aguilera.

“El Juego en que andamos SRL”, que integra Caruso, tiene su sede  en Vera 952, piso 5°, departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, hubo un detalle que no escapó a los investigadores: en un documento se consignó que la firma tenía como domicilio en la provincia en calle Las Heras 207 de la ciudad de Larroque, departamento Gualeguaychú. Esa dirección, se supo luego, es la casa familiar de Rubén Virué, exsecretario de Justicia de Entre Ríos –designado por Urribarri-, quien estuvo en el cargo hasta el 5 de junio de 2015.

El exfuncionario declaró como testigo en la causa y dijo que posiblemente su dirección fue puesta porque Caruso conocía a su hijo Fernando, que trabajaba como productor en el programa “Fútbol para Todos”.

La fiscalía entiende que “Foia” Caruso contó con “información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma”, y que tuvo la connivencia de Urribarri, Marsó y Aguilera. Además, apoyándose en informes del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, advierten que la licitación pública N°69/14, fechada el 29 de diciembre de 2014, se realizó con una convocatoria con plazos reducidos y con una competencia simulada, ya que la otra firma que se presentó en la compulsa, Castromil SRL, no cumplía un requisito básico: estar inscripta en el Registro de proveedores del Estado.

Luego del fin de semana extra large deberán declarar Marsó y Caruso, el lunes 11; y el viernes 15 el exgobernador Urribarri.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.