La fiscal Patricia Yedro espera este mes poder formular preguntas a tres imputados que fueron beneficiados con contrataciones de publicidad del Estado entre 2010 y 2015 y que tendrían fuertes vínculos con Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri.
El primero que declara es el cuñado del cuñado Aguilera.
Esas contrataciones, según la fiscal, se habrían realizado de forma arbitraria “sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado”. Es decir, sin licitación. En la causa también están involucrados el exministro de Cultura, Pedro Báez y Gustavo Tamay, ex responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública.
Son varios delitos los que se investigan. A los exfuncionarios públicos se los acusa de haber direccionado contrataciones, por ello se les imputa negociaciones incompatibles, fraude, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documentos públicos.
En octubre, y en calidad de imputados, quienes deberán prestar declaración ante Yedro son: Alejandro Luis Almada; Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Romeo Sena, todos socios en la empresa Formato Urbano SRL, principal proveedora de los servicios de publicidad que contrató el exgobernador Urribarri y su ministro Báez. Almada y Giacopuzzi están citados a declarar el miéroles 12, a las 9; mientras que Sena deberá presentarse a Tribunales trece días después, el 25, a la misma hora.
Si bien Aguilera no aparece en el directorio de la firma, la fiscalía sospecha que su vínculo con uno de ellos posibilitó que la empresa consiguiera más de 57 contrataciones entre 2010 y 2015. Incluso hay quienes sostienen que la empresa sería de Aguilera y que los demás encartados serían sólo testaferros. Ello, aún, la Justicia no probó.
Al menos uno de los tres empresarios imputados tiene una relación directa con Aguilera. Es el caso de Alejandro Almada, que es su cuñado.
La investigación judicial, llevada a cabo por los fiscales Yedro y Santiago Brugo, comenzó en diciembre de 2015, tras la denuncia que presentaron los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, basados en la investigación periodística del director de la revista Análisis, Daniel Enz, quien en la edición del 17 de diciembre del año pasado dio cuenta del crecimiento patrimonial de la familia Urribarri y sus allegados.
El 1° de agosto de este año, a pedido de los fiscales, la Policía Federal allanó la sede de la empresa TEP SRL, que funciona bajo el nombre de Formato Urbano en un galpón ubicado en Boulevard Racedo 415, en Paraná. Fue la primera medida de impacto en la investigación por el supuesto crecimiento patrimonial de la familia Urribarri.
El 20 de septiembre de este año, Yedro resolvió imputar a Aguilera, Báez, Tamay y a los empresarios. Seis días después citó a indagatoria al cuñado del ex mandatario, y a su esposa Luciana Almada. Ambos concurrieron a la sede de Tribunales acompañados por el abogado Marcos Rodríguez Allende, pero se abstuvieron de declarar. El calendario de audiencias de declaración sigue ahora el 12 y el 25 de octubre, con los socios de la firma bajo la lupa de los fiscales. Habrá que esperar si los acusadores públicos reciben respuestas o silencios.

Gonzalo Núñez
Especial para Entre Ríos Ahora.