El juez de Garantías José Eduardo Ruhl dará a conocer este lunes, a las 9, su resolución en torno a la petición formulada el 1° de febrero último por los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa, que solicitaron la remisión a juicio de una causa por corrupción que tiene como imputado al exgobernador Sergio Urribarri, junto, entre otros, el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y el cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera.

El trámite se cumplirá, según anunció el propio magistrado el viernes, aún a pesar del paro. “Yo no hago paro”, le respondió a un abogado defensor cuando le planteó la situación que se vive hoy con la medida de fuerza de la Confederación General del Trabajo (CGT).

La Fiscalía reprocha al tandem Urribarri/Báez, más la complicidad del funcioanrio Gustavo Tamay,el “direccionamiento” de publicidad oficial entre 2010 y 2015, por un monto de $24 millones, que se distribuyó de modo  cartelizado por Aguilera a través de dos empresas que se le adjudican como propias, Tep SRL y Next SRL. Esas dos firmas, en las que el cuñado no figura en los papeles como dueño, captaba la pauta oficial y después hacía el reparto con otras dos empresas cuyos titulares también fueron imputados, Jesús Bustamante y Hugo Montañana. Aunque Bustamante logró despegarse: mediante juicio abreviado, reconoció los delitos cometidos, aceptó haber cometido un fraude por $ 3 millones, reveló cómo funcionaba el mecanismo de pago de coimas a Aguilera y qué rol cumplía cada empresario.

Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento, ése es el término utilizado por la Fiscalía, de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015, durante el gobierno de Urribarri y su ministro de Cultura y Comunicación, el hoy diputado Pedro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”, Tep SRL y Next SRL, por un monto de $24 millones, que “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.

La Fiascalía sostiene que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRl y Next SRL), como J. M. Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”. Cánepa y Yedro dan por probado en la investigación penal preparatoria “con la pericia realizada por el cuerpo de peritos calígrafos del STJ, que existe un gran número de campañas publicitarias fictas, pues los trabajos contratados por el Estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizaba con fines proselitistas, pero se rendía a través de fotomontajes que pretendían acreditar su cabal cumplimiento”. La fiscal Patricia Yedro agregó en la audiencia del viernes 22 un dato turbador: que Montañana y Bustamante participaron de un mecanismo de cartelización de la publicidad callejera y que obtenían contratos a cambio del pago de coimas a Aguilera.

Luego de un cuarto intermedio, Ruhl dará a conocer su resolución respecto de si eleva a juicio esa causa, o si atiende los planteos de los abogados defensores, que primero plantearon una excepción por falta de acción -esto es que la Justicia no puede investigar delito cuando se trata de contrataciones de publicidad que ya fueron aprobadas por los organismos de control, como la Contaduría y el Tribunal de Cuentas-, pero también la nulidad del pedido de elevación a juicio.  “Desgraciadamente han incurrido los fiscales en una serie de errores que nos impiden el ejercicio de la defensa. Acá es como si me acusan de matar a una persona, pero no me dicen a quién maté, y no puedo saber tampoco si la persona está muerta”, planteó el abogado Miguel Cullen.

Los fiscales sostienen que Báez, Urribarri, Aguilera, el funcionario Gustavo Tamay, a cargo de la certificación de la publicidad en vía pública, la esposa de Aguilera, Luciana Almada,  y los socios de las empresas Tep SRL y Next SRL, Emiliano Giacopuzzi, Alejandro José Luis Almada y a Maximiliano Sena, más la contadora Corina Cargnel, y el empresario publicitario uruguayense Hugo Montañana fueron autores de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y fraude a la Administración Pública, con distintos grados de participación. Así,, imputaron al exgobernador Urribarri y al actual diputado Báez como autores principales de esos delitos; a Juan Pablo Aguilera, Corina Elizabeth Cargnel, Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, como partícipes primarios; y a Luciana Belén Almada, Emiliano Giacopuzzi, Alejandro José Luis Almada y a Maximiliano Sena como partícipes secundarios.

Aunque fueron citados los 10 imputados, a la audiencia sólo asistieron Juan Pablo Aguilera y Gustavo Tamay, pero la totalidad de los abogados defensores: Raúl Barrandeguy que junto a Candelario Pérez defienden a Urribarri; Marcos Rodríguez Allende, codefensor de Urribarri, y defensor de Juan Pablo Aguilera y de Luciana Almada, esposa de éste; Ignacio Díaz y José Velázquez, defensores de Báez; Félix Pérez y Sebastián Arrechea, representantes legales de Hugo Montañana; Guillermo Vartorelli, defensor de Corina Cargnel y de Emiliano Giacopuzzi; y Miguel Cullen, codefensor de Carnel, y defensor de Maximiliano Sena y de Alejandro Almada.

Al dar por probados los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y fraude a la Administración Pública, la Fiscalía adelantó el pedido de penas: 8 años de prisión de cumplimiento efectivo más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri, Báez y Aguilera. El primero, hoy presidente de la Cámara de Diputados; el segundo legislador provincial; el tercero, secretario del bloque del PJ en el Senado. Para Cargnel y Montañana, 6 años de prisión de cumplimiento efectivo; para Tamay, 6 años más inhabilitación para ocupar cargos públicos; para Luciana Almada, su hermano Alejandro Almada, Giacopuzzi y Sena, 4 años de prisión de cumplimiento efectivo.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.