Finalmente este viernes 22, a las 9, se hará la audiencia de remisión a juicio oral de la primera causa por corrupción que involucra al exgobernador Sergio Urribarri que llega a esa instancia. El trámite debió cumplirse el 1° de este mes, pero fue aplazado en función de la recusación que Urribarri planteó contra el juez de la causa, José Eduardo Ruhl, petición finalmente rechazada. Tampoco prosperó la denuncia por mal desempeño que llevó el ahora presidente de la Cámara de Diputados ante el Tribunal de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

La audiencia será presidida, justamente, por el juez de Garantías José Eduardo Ruhl, allanado ya el camino de recusación y denuncia en su contra. Ruhl es el mismo que, a principios de febrero último, y a pedido de los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro, que llevan adelante la investigación, dispuso un embargo e inhibición de bienes de Urribarri, y también de su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y de su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Los tres, embargados en $26 millones. La investigación gira en torno a la distribución de pauta publicitaria oficial entre 2010 y 2015 por un monto de $24 millones, que, según la tesis de la Fiscalía, habría operado bajo un sistema cartelizado, monopolizado por empresas ligadas a Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y mediante el pago de coimas.

No es la única causa que compromete a Urribarri. El martes 28 de agosto de 2017, casi al anochecer, en un día inhábil judicial, Urribarri se presentó en el edificio de la Procuración para notificarse de tres imputaciones. Dos por peculado, la contratación de la empresa Nelly Entertainment SA, del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, el mismo de las coimas de Odebrecht, para difundir publicitariamente la Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraná en 2014; también, en una causa por la publicación de una solicitada contra los “fondos buitre” que le costó a las arcas del Estado $4 millones; la tercera, es la causa en la que está involucrado Báez y el cuñado Aguilera, y que este viernes tendrá audiencia de remisión a juicio.

Pero la lista no concluye ahí. Hay un procesamiento en su contra dictado por el juez de Transición Gustavo Maldonado, que investiga el otorgamiento peculiar de un contrato de publicidad oficial con una empresa inexistente al momento de la contratación. Para que esa causa avance en la Justicia, Maldonado pidió el desafuero de Urribarri a la Cámara de Diputados, pero el trámite está frenado de momento. La misma petición se hizo respecto de Báez.

Los pedidos de desafuero ingresaron al recinto en la última sesión de la Cámara de Diputados, el martes 22 de mayo -hace casi un mes-, y fueron girados a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La lista de causas, claro, sigue: el montaje del parador playero en Mar del Plata en el marco del “Sueño Entrerriano”; una denuncia presentada por cinco diputados provinciales de Cambiemos contra los directores del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser) que participaron en la negociación con la provincia de San Juan, producto de lo cual “se ha venido cobrando sistemáticamente `comisiones´ que iban a una ´caja negra´ de reparto entre funcionarios”, acuerdo firmado durante la gestión Urribarri.

Y la causa madre, la de enriquecimiento ilícito que involucra al exgobernador Urribarri y a toda su familia.

Ninguna de esas investigaciones han avanzado tanto como la que este viernes 22, a las 9, se ventilará en Tribunales.

 

Se trata de una causa que involucra la distribución discrecional de pauta publicitaria del Estado entre 2010 y 2015 por $24 millones, de lo cual la mitad, $12 millones, fue a parar a las empresas Tep SRL y Next SRL, que se adjudican al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. La Fiscalía sostiene la tesis de que había una organización empresarial dedicada a captar esos contratos publicitarios y después adjudicarlos a otras dos firmas, Jesús Bustamante, de Paraná, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. Uno de los implicados en la causa, Jesús Bustamante, acordó en juicio abreviado, una pena de dos años y ocho meses de prisión condicional, al aceptar que cometió un delito y que consiguió contratos de publicidad a cambio del pago de coimas a las firmas que señalan como propiedad de Aguilera.

Otro de los salpicados por ese negocio es el exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial Pedro Ángel Báez.

 

En la causa por los contratos de publicidad otorgados entre 2010 y 2015 por la administración Urribarri, el juez Ruhl dispuso, el 2 de febrero último, un embargo de $26 millones en los bienes de Urribarri, medida que alcanzó también a Báez, Aguilera, entre otros, más la inhibitoria general de bienes. El empresario Jesús Bustamante, que había quedado en la misma situación, se desligó de la causa mediante un juicio abreviado.

El jueves 1° de febrero, los fiscales Cánepa y Yedro habían pedido la elevación a juicio de la causa en la que se investiga a la administración Urribarri por la supuesta contratación amañada de publicidad con empresas ligadas a su cuñado.

Los delitos investigados consistieron en el “direccionamiento”, así dice la imputación, de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”, según el dictamen fiscal. . Para los acusadores, esas firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.

“En mérito de las evidencias recolectadas, los fiscales consideraron a esas conductas como delictivas y las subsumieron en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública -reiteradas-, peculado y fraude a la administración pública, previstos en los artículos 265, 261, 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5, y 55 del Código Penal, imputando a Sergio Daniel Urribarri y Pedro Ángel Báez como autores, a Juan Pablo Aguilera, Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamante, Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, como partícipes primarios -art. 45 del C.P- y a Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y a Maximilano José Sena, como partícipes secundarios”, revelaron desde la Justicia.

Belén Almada es la esposa de Juan Pablo Aguilera; Alejandro Luis José Almada, su hermano, es el que adquirió impacto mediático tras el secuestro de una fuerte suma de dinero durante un operativo de la Policía Federal en el Acceso Norte.

En forma provisoria, los fiscales adelantaron que pedirán ocho años de cárcel para Urribarri, Báez y Aguilera; para Corina Elizabeth Cargnel  y Hugo Fernando Montañana, seis años de prisión de cumplimiento efectivo; igual pena para Gustavo Rubén Tamay, con la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; y cuatro años para Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y Maximiliano Romero Sena.

Aunque desde que el Ministerio Público Fiscal hizo el pedido de remisión a juicio, en febrero último, los planteos de la defensa han sido constantes.

El 14 de mayo último, la Cámara de Casación Penal rotuló como  “inadmisibles” los recursos presentados por los defensores de Urribarri, del actual diputado provincial Pedro Báez y del cuñado Juan Pablo Aguilera contra la decisión adoptada por el juez de Garantías, José Eduardo Ruhl, más tarde confirmada por el camarista Daniel Julián Antonio Malatesta, contra los embargos decretados sobre el patrimonio de los tres en la causa que investiga la distribución irregular de publicidad a las firmas Tep SRL y Next SRL.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.