La Cámara de Diputados rechazó, por 21 votos a 12, rechazar el pedido de juicio político que pesaba sobre la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mónica Mizawak, en un debate en el que se destacó la sólida defensa del argumento acusatorio por parte de la diputada Gabriela Lena (Cambiemos).
El Frente para la Victoria (FPV), que tuvo como miembro informante al presidente de la Comisión de Juicio Político, Diego Lara, sumó los votos de los diputados Ricardo Troncoso, Gustavo Zavallo y Daniel Koch, y logró imponer su mayoría en la votación, y así desechar uno a uno los cinco cargos que pesaban sobre Mizawak.
La defensa que Lara hizo de la titular del STJ se basó en los siguientes puntos:
a) Sobre los viajes, abandonos excesivos de la jurisdicción, y falta de diligencia debida en el control de viáticos y licencias, dice el dictamen, surge que Mizawak, aún en ejercicio de la presidencia, ha viajado con licencia en porcentajes sorprendentemente bajos en relación al suspendido titular de la Sala Penal, Carlos Alberto Chiara Díaz. Y que los viáticos de Mizawak estuvieron justificados en su rol como miembro del Poder Judicial. También ha quedado demostrado, dice el dictamen, que estas “comisiones de servicio” -trabajo fuera de la oficina- de ninguna manera afectaron las funciones jurisdiccionales de la magistrada, sino que, por el contrario, los números relacionados con las sentencias en procesos constitucionales que no dictó, son bajísimos -inferiores a una decena por año-. De los números de los mismos no se advierte abuso o uso indebido de éstos, se corrobora con toda la información que los destinos y las fechas en los que los solicitó, realmente EXISTIERON, por lo que la percepción de viáticos se ajustó a la ley.

De todos modos, añade, es cierto que hay pocas posibilidades reales de control frente a la mentira formalizada en trámites administrativos nada menos que de un vocal que integra el órgano de gobierno y específicamente formó parte del Tribunal de Superintendencia (tal el caso de Chiara Díaz como ya advirtiera esta Comisión al emitir el dictamen en la causa seguida contra el referido magistrado); y asimismo, que por gestión e iniciativa de Mizawak casi coetáneamente con su asunción como tal, en el año 2014, a través de convenios, proyectos y planes, el Superior Tribunal de Justicia implementó profundas reformas en todo su sistema administrativo con el objeto de mejorar, justamente, el control de licencias, ausencias y viáticos.
Apunta que Chiara Díaz le puso un “sanbenito” a la presidenta del STJ al calificarla como “la reina de los viajes”, pero esta investigación y toda la prueba aportada demuestran, dicen los legisladores del FPV, que tal mote es falso, y también ratifica la anterior conclusión de esta Comisión respecto que quien sí ha hecho abuso de licencias, ausencias, y viáticos fue el otrora acusado, hoy enjuiciado, Chiara Díaz.
b) Sobre las supuestas sociedades con Sergio Daniel Urribarri y la incompatibilidad funcional por la sociedad con Raúl Eduardo Arroyo, se concluye lo siguiente: se constató que no hay ningún elemento que, siquiera como indicio, dé cuenta de una relación societaria pasada o presente, y los legisladores desmienten además la aseveración de Chiara Díaz respecto a que el vocal Emilio Castrillón hubiera hecho alusión a esa relación comercial durante una reunión de acuerdos en 2016. Los legisladores dicen que esa aseveración de Chiara Díaz fue falsa, y lo dicen basándose en dichos de Castrillón.
Sobre la incompatibilidad que se le adjudicó por poseer acciones en “Emprendimientos A. y M. S.A.”, en sociedad con su marido, Raúl Arroyo, secretario de Energía, dicen los legisladores, quedó probado que Mizawak no administró nunca la misma y que a partir del año 2008 ni siquiera conservó la titularidad accionaria. Asimismo, no apareció ningún acto jurisdiccional o administrativo de la magistrada que relacione esa sociedad, o la que integra su padre o su marido, con su actividad y que pudiera haberla colocado en la posición de excusarse o someterse al proceso de recusación. Y respecto de las sociedades Construyendo SA y Mandatos Fiduciarios SA, asegura el FPV, no tienen relación ni con Mizawak ni con su familia.
c) Sobre la supuesta manipulación de la causa “Arralde” y el tráfico de información en la misma, a esta altura del análisis, dicen en su dictamen los legisladores oficialistas, se ha transformado en el paradigma de la mentira en que incurrió el vocal Chiara Díaz antes enjuiciado y cuyas afirmaciones hacían imaginar un escándalo judicial y político. Chiara Díaz había dicho que Mizawak había “cambiado” su voto. Sobre ese punto, el voto mayoritario de la Comisión de Juicio Político expresó que la jueza no reformuló la integración del Tribunal, no cambió el objeto procesal, ni realizó ninguna otra conducta que pueda reprochársele.
d) Sobre la “percepción de sobresueldos” y enriquecimiento sin causa por este motivo, quedó demostrado, anotan los diputados del FPV, que en el STJ a no existen fondos o gastos reservados, sino una partida sancionada sucesivamente y unánimemente desde el año 2010 hasta este 2016 por la Legislatura Provincial, partida que no fue utilizada de forma mensual, que no se distribuyó ilegítimamente como un “salario encubierto”, que fue rendida y aprobada por el Tribunal de Cuentas. Pero después agrega el dictamen una aclaración que trae confusión: dice que se encontró que jurídicamente fueron “gastos protocolares” y que su relación con “gastos reservados” es contable, por cuanto la forma renditiva es la misma. Sin embargo, no son lo mismo. De todas maneras, en la legislación actual -inclusive a nivel nacional y de otras provincias- se encuentra previsto dicho rubro y también el formato renditivo global.
e) Sobre la grave negligencia, falta de idoneidad e incumplimiento de las obligaciones y atribuciones de superintendencia; robo de armas bajo custodia directa del Poder Judicial, su comercialización y venta ilegal, dicen los diputados que no aparece lógico ni razonable que pueda atribuírsele por esta causa un mal desempeño a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, dado que se trata de un delito penal cometido por empleados judiciales en complicidad con terceras personas, por lo que el deber “in vigilando” no puede alcanzar naturaleza tal que importe “prevenir” que un empleado sea el autor del robo de armas.
“En síntesis, de la prueba de los denunciantes, de la denunciada y sobre todo de la excesiva prueba pedida por parte de algunos miembros de esta comisión, se evidencia que la mayoría de las declaraciones vertidas por el vocal hoy suspendido Chiara Diaz y por parte de un sector de la prensa que citan los denunciantes, han resultado falaces, no reconociendo ningún sustento probatorio, lo que demuestra la liviandad y ligereza de la actitud de los denunciantes al formular una denuncia de tamaña relevancia institucional sin prueba alguna”, plantean.
Y agregan: “Vale entonces preguntarnos en este aspecto ¿no deberíamos hacer un reproche de responsabilidad a quienes denuncian y someten a investigación a representantes de órganos constitucionales sin pruebas, so riesgo de poner en crisis y hasta provocar un quiebre institucional? Este tipo de denuncias generan indefectiblemente un descreimiento y una deslegitimación de las más altas instituciones de nuestra provincia, y lamentablemente muchas veces se instalan en la conciencia popular, por más que luego se pruebe su inconsistencia y la ausencia de responsabilidad de sus representantes denunciados. Repetimos entonces, aquellas personas que acusan, difaman o vierten en los medios informaciones y consideraciones sin respaldo probatorio, ¿no deberían ser objeto también de un reproche ético y mortal, y eventualmente jurídico en su caso? Sin duda es para pensar Sres. Legisladores.., ¿como unas pocas personas pueden en forma reiterada y con un afán de convertirse en los paladines de la justicia, llegar a dejar vulnerables a las instituciones del estado, instalando en la sociedad serios mantos de duda y sospecha sobre sus representantes, que resulta muchas veces difícil de revertir?”.
El pedido de enjuiciamiento a Mizawak había sido presentado el 12 de noviembre por Guillermo Roberto Mulet; Rubén Pagliotto; María Emma Bargagna; María Eugenia Díaz; Luciano M. Rotman; Alejandro Matías Plugoboy; Jaime Gustavo Martínez Garbino; Luis Leissa; Andrés E. Sobredo; Alfredo A. Vitale; y Emilio Martínez Garbino, quienes fundaron su presentación en las declaraciones que vertiera Chiara Díaz en ocasión de formular su descargo, en el Juicio Político que se le sigue. A estas declaraciones los denunciantes le suman diversas informaciones periodísticas de trascendencia pública que darían cuenta –prima facie- de inconductas atribuidas o imputables a la Dra. Claudia Mizawak, las cuales según los denunciantes, constituyen suficiente fundamento para considerar la existencia de la causal de “mal desempeño de sus funciones”.

DESTITUCIÓN.

La defensa del oficialismo a la inocencia de Mizawak contrarrestó con la postura de Cambiemos, que reclamó su acusación.
El dictamen en minoría recomendó la destitución de la jueza.
En el escrito los Diputados de Cambiemos sostienen que Mizawak debe ser enjuiciada por la causal de mal desempeño, ya que hay razones y pruebas suficientes, de distinto tipo.
Una de las causales tiene que ver con los viajes y abandonos excesivos de la jurisdicción provincial, como así también su falta de diligencia -como Presidenta del máximo órgano judicial- en el otorgamiento de viáticos y licencias. En cuanto a este punto el dictámen hace suyas las palabras del vocal Chiara Díaz, que calificó a Mizawak como la “reina de los viajes”. Según la prueba obrante, desde enero de 2008 hasta diciembre de 2016, alegando motivos oficiales, la jueza se ausentó de la jurisdicción 360 días hábiles que a su vez representaron la cantidad de 400,5 días de viáticos por una suma de $ 559.513,50.
Los viajes y viáticos, según argumentan los Diputados, se incrementaron aún más durante el ejercicio de la Presidencia (2013-2016), con el agravante de las irregularidades en la liquidación de viáticos en fechas en las que Mizawak intervino firmando en distintas causas. “Estos hechos no hacen más que revelar una situación de absoluta falta de control, tanto sobre sus actos propios en tanto Presidente del STJ, como de los restantes Vocales. Situación esta que, como se expondrá, deriva de una responsabilidad directa de Mizawak, en virtud de su condición de máxima autoridad del STJ en ejercicio de la Superintendencia”, dice el informe que, además, agrega: “Del entrecruzamiento y organización de los valiosos datos obtenidos, se prueba que Mizawak se ha ausentado de la jurisdicción, percibiendo mayores viáticos a los necesarios, efectuado viajes incluso al exterior del país y ha estado en su despacho suscribiendo resoluciones, providencias y/o sentencias, todo eso en un mismo, único e idéntico día”. Dicha situación, según argumentan, provoca una inexorable nulidad de la resolución o la sentencia que cuenta con la firma de Mizawak en esas circunstancias y un inescrupuloso accionar de la máxima magistrada.
A juicio de los Diputados se produce una situación de identidad entre los casos -Chiara Diaz y Mizawak- aunque ésta última lo supera con creces y por lo tanto “no puede evaluarse ni ponderarse la conducta de Mizawak por parámetros distintos a los observados para analizar el comportamiento de Chiara Díaz”. Más aún, los Diputados entienden que Mizawak incumplió seriamente los deberes que le imponen su condición de presidente, al no haber controlado las irregularidades en las que incurrió el vocal Chiara Díaz. También le endilgan más adelante falta de control en el robo de armas, para comercialización y venta ilegal, que estaban bajo custodia del Poder Judicial.
Los Diputados de Cambiemos también expresan en el escrito la existencia de cierta parcialidad entre los miembros del Superior Tribunal de Justicia o, mejor aún, la aparente protección de unos y no de otros. Esta queja se pone de manifiesto cuando se da cuenta del retaceo de información requerida sobre Mizawak, no ocurriendo lo mismo con Chiara Díaz. “¿Cual ha sido el motivo de tan grosera parcialidad y falta de colaboración con este Juicio Político?”, se interrogan los Diputados acusadores.

Incompatibilidades y otras causales

La segunda causal de pedido del juicio político es la que tiene que ver con la incompatibilidad en la participación en sociedades comerciales con su esposo, Raúl Arroyo, ya que no se pudo acreditar la participación societaria con Urribarri. Las pruebas indican que la magistrada estuvo al menos 6 meses en situación de incompatibilidad. Esto encuentra un agravante en la participación indirecta, por intermedio de los miembros de la familia de Mizawak, en sociedades comerciales con los mayores contratistas de obra pública del Estado provincial, es decir con los empresarios Sczezech, Marizza y Tortul.
“Con ello, surge evidente que la magistrada aquí investigada se ha visto y está beneficiada directamente por los negocios de su marido con el Estado, en tanto conforman una comunidad conyugal, por lo que no resulta aceptable éticamente y genera sospechas fundadas sobre la ética en el ejercicio de su función judicial”, dice el informe.
A Mizawak también se le endilga manipulación de causas y tráfico de información, en referencia al proceso judicial constitucional promovido por Juan Carlos Arralde impugnando la ilegítima designación de Guillermo Smaldone en la Presidencia del Tribunal de Cuentas de la provincia.

Sobresueldos con gastos reservados

Los denunciantes también probaron la existencia de sobresueldos, ya que según información provista por el Tribunal de Cuentas al Presidente de la Comisión de Juicio Político, entre los meses de octubre de 2015 y abril de 2016 los cobros de la funcionaria fueron por un total de $ 1.394.000,00, percibidos íntegramente en efectivo, sin justificación alguna. “Esos fondos fueron utilizados discrecionalmente -dice el informe- con un destino ignorado, pero que la prueba producida lleva a una única conclusión: ingresaron al patrimonio de la denunciada”, sostienen.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.