El Gobierno salió a responder al ultimátum que aprobó este jueves el principal sindicato docente de la provincia, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que en su congreso de Feliciano decidió rechazar la última oferta salarial, y conminar al Poder Ejecutivo a presentar una nueva propuesta “superadora”, so pena de aplicar un paro de 48 horas los días 10 y 11 de mayo próximos.

El 19 de abril, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Justicia Laboral, el Gobierno presentó una oferta de recomposición salarial que incluye un 17% de aumento salarial para 2018, en dos tramos: 8% retroactivo a marzo (se trata del incremento a cuenta de la presente negociación que ya se había formalizado mediante el Decreto N° 788/18) y 9% a partir de agosto. A esto se agrega una suma fija, con carácter remunerativa y retroactiva a marzo, que supone un monto de $250 por cargo ($500 en el caso de escuelas de jornada completa) y $250 cada 15 horas cátedras de nivel secundario, con un tope máximo de $500.

Además, la propuesta salarial oficial incluye una cláusula de revisión con la difusión del índice inflacionario del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), correspondiente al mes de agosto. Salvo que la inflación supere el 17% antes de esa fecha, esa revisión se efectuará de manera inmediata, con el propósito de establecer una nueva pauta salarial.

La oferta fue rechazada por el congreso de Agmer.

En ese marco, el Gobierno señaló que para presentar esa propuesta “hizo el máximo esfuerzo” que contemple “en la mayor medida posible las necesidades de nuestros maestros y mantenga el equilibrio en las cuentas públicas que es el dinero de todos los entrerrianos”.

“Hemos dado muestras de buena fe, y las seguiremos dando, pero con los docentes que confíen en nosotros. Nos sorprendió la amenaza de una medida de fuerza de un gremio en plenas negociaciones salariales -puso de manifiesto el Ejecutivo-. Estamos haciendo frente al pago de los sueldos la primera semana de cada mes y lo que ahora dejó de ser noticia en su momento fue unos de los principales reclamos de los dirigentes que hoy plantean nuevas medidas de fuerza”.

Al respecto, agregó: “El Estado es servicio, y nos estamos haciendo cargo con transparencia y honestidad de esta responsabilidad, que además de los docentes y trabajadores estatales, comprende los servicios básicos de educación, salud, seguridad, obras públicas y contención social a los entrerrianos más vulnerables. Con esa misma responsabilidad, afirmamos que la libertad sindical seguirá siendo respetada y se pagará cada día trabajado por los maestros que igual que nosotros quieren ver a los niños en las escuelas”.

Desde el Gobierno hicieron notar que los recursos “son limitados, y no vamos a hacer demagogia ni promesas que no se puedan cumplir con el dinero de todos. A los docentes entrerrianos les pedimos que nos acompañen. Hemos dado gestos elocuentes, al punto de otorgar un incremento a cuenta del acuerdo definitivo para no quedar por debajo de los índices inflacionarios. Nuestra responsabilidad es con todo el pueblo entrerriano. Y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar el derecho a aprender”.

La provincia aplica una normativa de 2007,  la directiva Nº 30, que dispuso que los servicios administrativos contables sólo abonen los días efectivamente trabajados por los agentes del Estado.

Esa circular, la N° 30, impuso la determinación de “hacer cumplir el principio que se debe remunerar por prestaciones laborales efectivamente realizadas” por parte de los agentes del Estado.

El viernes 22 de agosto de 2008, la administración del exgobernador Sergio Urribarri reflotó la vigencia de aquella circular, a través del decreto N° 4.940, que estableció que el Ejecutivo podía tomarse hasta diez días para abonar los salarios a los activos, y hasta 20 días para los pasivos.

El artículo 4° de ese decreto “ratificó” la vigencia de la circular N° 30 dictada por el exgobernador Jorge Busti.

A esa disposición, le siguió el dictado de la resolución Nº 2.565, emitida por el Consejo de Educación en 2008, que creó el manual de funciones de los rectores y directivos de escuela, y les impuso como obligación, entre sus funciones, la de informar sobre ausencias por adhesión a las huelgas de parte de los docentes.

Luego, el 4 de agosto de 2016, aquella normativa se amplió con la publicación de la resolución Nº 2.566, también del CGE, que amplió el trabajo del personal directivo de las escuelas e incorporó un apartado en el que se incluyó entre “las funciones y responsabilidades del personal directivo”, la tarea de “realizar el control y carga de las asistencias del personal del establecimiento mediante el Sistema de Administración de Gestión Educativa (Sage)”.

El viernes 2 de marzo de 2018, Educación dictó la circular N° 05, que envió a todas las escuelas, a través de la cual recordó “la plena vigencia de la Resolución N° 2565/08 y su modificatoria N° 056/18 mediante las cuales se aprueba el Manual de Instrucciones para informar novedades en los establecimientos educativos y el Instructivo de control y carga de asistencia”.

 

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.