“Hola gente de Santa Elena! Quiero comunicarles algo ven a estos dos bien vestiditos con corbata y trajesito por favor se me exploto la vena no me voy a callar nada no van a quedar limpios basuras degenerados les voy a pegar el escracho de sus vidas violines”.

Eso decía la publicación de Belén que realizó en la red social Facebook el 25 de abril de 2017, hace ya dos años. Podría decirse que fue el primer “me too” entrerriano. Con ese posteo, dos hombres fueron escrachados en la red social, y no eran desconocidos en la comunicad de Santa Elena, ciudad del departamento La Paz, a poco más de 150 kilómetros de Paraná.

Los señalados como abusadores eran dos miembros de los Testigos de Jehová: Matías Vargas (de alrededor de 42 años) y su cuñado Vito Panza (30 años). El escrito de Belén, que contaba con las imágenes de los dos acusados, se viralizó en cuestión de horas.

El caso de Belén no quedó en la red, sino que también tuvo un largo camino en la Justicia. También una prima suya llevó una denuncia similar contra los dos religiosos. La causa fue tramitada por el fiscal de La Paz, Facundo Barbosa, que concluyó la investigación penal preparatoria a fines de 2018 y solicitó que el caso sea elevado a juicio.

Finalmente, la audiencia para tratar el requerimiento fiscal se realizará este miércoles, a las 9,30, ante el juez de Garantías Walter Carballo. Al pedido del acusador público adhirió la abogada Valeria Burkhard, que representa a Belén, la primera denunciante. En tanto, se espera que el defensor de los acusados, Roberto Juan Ignacio Martínez Zabala, se oponga a  la  pretensión de Fiscalía de elevar la causa a juicio.

Tanto Vargas como Panza están imputados por delitos contra la integridad sexual. Al primero se le atribuyen los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, abuso sexual simple reiterados, agravado por ser cometido por ministro de culto, más corrupción de menores; en tanto, a su cuñado se le endilga abuso sexual gravemente ultrajante agravado y corrupción de menores.

En el escrito de solicitud de remisión a juicio presentada ante el juez Carballo, el fiscal ya adelantó que en el juicio pedirá una pena de 18 años de prisión para Vargas y 15 para Panza.

Vargas era Siervo Ministerial, que es un predicador, guía espiritual y colaborador directo de los Ancianos -nombre que reciben los líderes de la congregación-. Ese cargo o ‘privilegio’ –como se lo denomina en la congregación- se le retiró cuando fue denunciado. Por esa condición que supo ostentar, la pena es mayor a la de su cuñado, Panza. Este último actualmente vive en San Luis, y también fue expulsado de la congregación.

Por su parte, la abogada Valeria Burkhard, que representa a Belén, coincidió con la calificación legal de los delitos establecidos por el fiscal, pero pidió penas más duras: 20 de prisión para ambos acusados.

Ahora se espera que el juez Carballo resuelva si eleva o no la causa a juicio. De remitirse a la instancia oral y pública, la atención estará puesta en los testigos que puedan aportar información. Entre quienes serán citados se encuentran integrantes de la Asociación de Testigos de Jehová.

Durante la investigación penal preparatoria, el fiscal se encontró con reticencia a colaborar por parte de las autoridades de la congregación. Así quedó de manifiesto el 6 septiembre de 2017, cuando la Asociación de Testigos de Jehová, con sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respondió a un oficio del fiscal Barbosa de que ambos acusados no pertenecían a las filas de los Testigos de Jehová. Además, se ampararon en la ley 25.362, de Protección de Datos Personales, que impone el deber de confidencialidad, para no brindar más información.

El escrito fue firmado por Christian Hernán Stinson, apoderado legal de la Asociación a nivel nacional. Poco tiempo después, otros miembros de los Testigos desmintieron esa versión oficial.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.