La última jornada de debate del juicio oral que se sigue al exvicegobernador Héctor Alanis (PJ) y al exsenador Humberto Ré (UCR) incluyó los alegatos de los dos imputados, que reclamaron por su inocencia.

Este martes sólo hubo dos testigos, Esteban Monge, juez de Paz de Diamante, que en la gestión 1995/1999 había sido contratado por el senador Re, entones vicepresidente primero del Senado, para, dijo, “colaborar en la labor parlamentaria. No era política mi tarea, sino técnica”, aclaró.

Monge reveló un modo de contratación en la Legislatura que servía para pagar favores políticos: relató que un mismo contrato “se partía” en varias partes, y que el ingreso de uno servía para sostener a otros dos “amigos militantes”. Ante una consulta puntual del fiscal Alejandro Cánepa, dijo: “Yo partía mi contrato. Éramos jóvenes y militantes -arguyó-, y entonces mi contrato lo repartía con otros dos amigos que estaban estudiando en Santa Fe. Pero quien rendía el contrato era yo”.

Después, declaró el periodista Carlos Matteoda, que fue encargado de la oficina de prensa del Senado, cuando Jorge Busti estaba al frente del Poder Ejecutivo y Héctor Alanis era su vicegobernador. Contó cuál fue su tarea y cómo era el modo de contratación que tenía, y poco más. Ninguna de las partes le hizo preguntas con lo cual su testimonio fue breve.

 

Investigación


Los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro sostienen la acusación que señala que entre 1998 y 1999 hubo un manejo de dinero poco claro en el Senado entrerriano. Los investigadores se centran en las trasferencias de una cuenta corriente de la Cámara Alta en el Banco de Entre Ríos, el denominado “Programa 17” hacia el “Programa 18”. Esas trasferencias nunca se rindieron al Tribunal de Cuentas, por lo que no se sabe en qué se gastaron los fondos. Maximiliano Alanis, sobrino del exvicegobernador, fue el director del Programa 18; mientras que Cretton Pereyra estuvo a cargo de la Administración del Senado, y del Programa 17. Héctor Alanis era el vicegobernador y por lo tanto presidente de la Cámara Baja; mientras que el radical Humberto Ré era el vicepresidente primero, durante la segunda gobernación de Jorge Busti, entre 1995 y 1999.

Esa maniobra, se consignó en la acusación, en una primera instancia habría permitido sustraer $5.912.825,20 pesos/dólares. Luego se habrían detectado maniobras irregulares con $220.000 pesos/dólares. La suma de ambas operaciones da como resultado 6.132.825,20 de pesos/dólares que nunca se encontraron.

El escrito de remisión a juicio, elaborado hace tiempo por la fiscal Laura Cattáneo, dice que los imputados “se apropiaron, previo acuerdo entre ellos, de fondos públicos del estado provincial cuya administración, en razón de los cargos que detentaban, les había sido confiada, por el importe aproximado de $ 6.132.825,20”.
Y agrega: “Para ello, pergeñaron la maniobra de depositar en la Cuenta Corriente 0939/5 de la Honorable Cámara de Senadores, en el Banco de Entre Ríos S.A., fondos asignados para el ‘Inciso 3.9.9 – Servicios no personales’ tanto para el Programas 17 como para el Programa 18, para luego realizar periódicas transferencias, del Programa 17 al Programa 18, por distintos importes, mediante libramientos de cheques contra la cuenta corriente antes indicada, consignándose en el Libro de Banco de la misma, que correspondían a ‘transferencias al Programa 18’ y rindiéndose las sumas transferidas con esa maniobra, en el Programa 17, como ‘transferencias al Programa 18’, comunicando mensualmente José Maximiliano Cretton Pereyra a la Auditora del Honorable Tribunal de Cuentas, que los comprobantes respaldatorios de la utilización de dichos importes serían rendidos oportunamente por el Programa 18. Sin embargo, el ingreso de los importes correspondientes a las transferencia nunca era consignado en la Planilla de Cargos y Descargos mensuales correspondiente al Programa 18, por lo que tales importes nunca fueron rendidos al Tribunal de Cuentas, permitiéndoles dicha maniobra sustraer la suma de $6.132.825,20 del control renditivo del Tribunal de Cuentas”.

 

Defensa


Después de que se escucharon a los dos últimos testigos, Alanis hizo su alegato ante el tribunal, integrado por los jueces Rafael Cotorruelo, Gervasio Labriola y Gustavo Pimentel.

Dijo que al asumir la Vicegobernación, en 1995, “recibimos esas dos cuentas -en referencia al Programa 17 y al Programa 18-, no es que las creamos nosotros. Y creo que siguió en la gestión posterior. Sencillamente las recibimos de la gestión anterior”.

“Sí sabía que había transferencias de una cuenta a la otra -apuntó-. Pero para mí eran necesidades administrativas, que estaban auditadas permanentemente por el Tribunal de Cuentas, que nunca objetó, y sí las controló. El contador Ramos dio cuenta de ello en su declaración“. Negó que existieran “cuentas fantasma, como se dijo por ahí”.

Y entonces declaró su inocencia, y reprochó que su sobrino, Maximiliano Alanis, y el exresponsable administrativo del Senado, José Crettón Pereyra, hayan asumido su culpa en el delito de peculado y hayan accedido a juicio abreviado.

“Señores jueces, yo no sé las razones que han llevado a Crettón Pereyra y a Maximiliano Alanis a aceptar un juicio abreviado. Yo no lo acepté. Nunca lo hubiese aceptado, porque tengo la conciencia tranquila. Y no la acepté porque soy inocente, jamás cometí un delito en todas las veces que ocupé un cargo en la Administración Pública, por lo tanto no podía aceptar un juicio abreviado y por eso estoy presente aquí, para que se pruebe mi inocencia”, dijo.

El exsenador Ré no habló de culpabilidad o inocencia. Detalló cuál era su rol, de qué modo llegó, en 1998, a ocupar la vicepresidencia primera del Senado y relató en qué consistía su tarea legislativa. También, de qué modo ejercía el reemplazo del vicegobernador cuando Alanis se ausentaba. “En esa instancia, yo tenía relacion directa con el secretario de la Cámara -Danilo Etienot, ya fallecido-, que en algunas oportunidades, de una manera excepcional, necesitaba mi firma porque el vicegobernador no estaba, y me mandaba cheques para firmar. Eran para pagar contratos, las dietas de los senadores y algún otro gasto que no recuerdo”, detalló.

 

Por escrito


El ahora senador nacional Pedro Guastavino fue, en el período institucional de 1995 a 1999, empleado de la Vicegobernación.

Guastavino declaró por escrito y reveló que estuvo contratado en el Senado “durante un período de 24 meses”, pero no pudo precisar bajo qué modalidad, si contrato de obra o contrato de servicios. “No se me entregaba copia del contrato”, detalló.

Al dar cuenta de qué tipo de relación laboral mantenía con la Cámara de Senadores, dijo que era un “freelance” que “reportaba al presidente del Senado”, y que su tarea no la cumplía en ningún lugar físico de la Cámara de Senadores. Su sueldo lo percibía en efectivo, y además, “no se exigía inscripción impositiva”.

Otro testigo que declaró por escrito es el actual intendente de Seguí, Álvaro Cristian Treppo -es jefe comunal en esa localidad desde 2007-, quien fuera empleado del Tribunal de Cuenta sentre 1987 y 2003. Fue auditor del Senado entre 199 y 2001, y su jefa inmediata fue la contadora Marta Aurora Pérez, que no declaró en el juicio por cuanto una junta médica así lo aconsejó.

Dijo que jamás reprochó ninguna cuenta del Senado, que “no era de su incumbencia” controlar en qué gastaba el dinero la Cámara de Senadores, y porque el control se hacía en forma posterior, cuando el gasto ya se había hecho.

Admitió que era “posible” hacer transferencias del Programa 18 al Programa 17, y dijo que para eso hubo “un aval” a través de un decreto de la Vicegobernación. Y ante la pregunta si formuló alguna observación a las rendiciones del Senado, dijo que sí, pero que fueron subsanadas.

Relató además Treppo que “era habitual” el pago en efectivo en el Senado, aún cuando el Tribunal de Cuentas, el organismo del cual dependía, había recomendado no hacerlo. Insistió en su declaración por escrito que su control sobre el gasto, como funcionario del Tribunal de Cuentas, fue “posterior, no concomitante”.

El juicio continuará el jueves 22, con los alegatos de la partes, en tanto que el adelanto de sentencia se conocerá el próximo 3 de abril.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.