Juan Pedro Farías, presidente de la Cooperativa Aldea Productiva Esperanza Limitada, y presentó una denuncia en la Justicia contra el Gobierno de Entre Ríos por la “falta de entrega” de las 50 viviendas construidas en un predio de 1.260 hectáreas de un campo que el Estado expropió a un particular, de un superficie total de 2.164 hectáreas, ubicado en Guardamonte, distrito Raíces Norte, departamento Tala.

A finales de 2011 el Estado entrerriano tomó posesión de ese campo, que antes, el 22 de febrero de 2005, y por sentencia de la Justicia, había sido expropiado al exsenador peronista Mario Yedro en una causa por enriquecimiento ilícito. El predio había sido comprado por el exlegislador a un valor de $800 mil dólares, pero cuando se expropió su valor había trepado a los 7 millones de dólares.

El 22 de diciembre de 2005, la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Concordia halló culpable del delito de enriquecimiento ilícito al exsenador Yedro, y lo condenó a una pena de 3 años de prisión en forma condicional, el pago de una multa de 90.000 pesos, la inhabilitación por el término de 10 años para ejercer cargos públicos y el decomiso de esa propiedad que recién pasó al Estado en el año 2011. El exsenador batalló cuanto pudo para retener su propiedad, y por eso se ganó una segunda causa en su contra: por usurpación.

Un juez de primera instancia y un tribunal de alzada lo condenaron a cumplir una condena efectiva de 4 años y 6 meses en la cárcel, pero Yedro fue recurriendo esas sentencias por distintas vías, hasta que ahora el Superior Tribunal de Justicia le cerró ese camino, y lo obligó a cumplir la condena. Desde 2016 está en prisión.

Finalmente, entonces, el Estado se quedó efectivamente con el campo expropiado a Yedro pero desde 2011 hasta ahora no ha sabido qué hacer con esa propiedad. El exgobernador Sergio Urribarri ideó un plan que, vaya sorpresa, nunca concretó. “Tenía la idea de la colonización, de formar una especie de aldea productiva nueva fundada sobre un modelo social, económico y educativo totalmente original porque veo que hay una juventud rural con formación que está buscando oportunidades”, dijo Urribarri en el verano de 2012.

La Aldea Productiva Esperanza se dedicaría a la cría de cerdos, y como primera parte de la infraestructura a montar en el lugar se construyeron 50 viviendas para los futuros colonos. Las viviendas se terminaron y ahí están, abandonadas. La Fiscalía de Estado firmó un acuerdo con la Policía para que montase allí un destacamento de modo de custodiar la propiedad, aunque ahora desde la Cooperativa Aldea Productiva Esperanza están reclamándolas como propias.

La presentación se hizo ante la Unidad Fiscal de Nogoyá, que se declaró incompetente, y la giró a la Unidad Fiscal de Tala, que concluyó que no correspondía a su jurisdicción y envió todo a la Procuración.

Desde el Ministerio Público Fiscal le corrieron vista ahora a la Fiscalía de Estado, que ya estaba al corriente de esa pretensión de Farías.

En su presentación en la Justicia, Farías señala que el exgobernador Urribarri  “ordenó la creación de nuestra cooperativa, que la misma contaba con un proyecto de crianza de cerdos. En dicho predio fueron construidas las viviendas para los socios y que se han finalizado hace cuatro años”, pero recuerda que a pesar de las gestiones hechas ante el Gobierno, no ha conseguido respuesta, y por eso eligió el camino judicial.

Pero un informe elaborado por el abogado Martín Rettore Elena, de la Unidad de Control de Inmuebles de la Fiscalía de Estado, resalta que “no existe acto administrativo, contrato o norma alguna que haya otorgado derecho de uso ni de ningún otro tipo sobre estos bienes a persona alguna, ni a sociedades ni a cooperativas de personas, razón por la cual nadie puede esgrimir derechos sobre ellos. Asimismo, desde la Fiscalía de Estado se ha dado noticia a la Policía de Entre Ríos en reiteradas oportunidades sobre intenciones de ocupación ilegal y se ha solicitado conforme el Contrato de Servicio de Custodia, impida la ocupación”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.