Visto del lado de atrás, el carribar “Al Paso”, en la zona de la Costanera baja, es una construcción precaria pero con ínfulas: al frente hay un bar -un carribar-, hay mesas, sillas y un local vidriado.

Atrás, una construcción que se levantó sobre terreno público, el Parque Urquiza, mucha suciedad y una pila de neumáticos apilados. En teoría, debería ser un lugar de paseo público, pero igual que la línea de ribera, a lo largo de Bajada Grande, está ocupada por particulares. En este caso, un carribar que echó raíces.

Aunque hay un conflicto judicial ya resuelto y otro que está recién iniciado: ambos, con la pretensión del Estado se desalojar ese lugar. De momento, el carribar sigue funcionando, y su dueño no parece haberse enterado de nada al respecto.

Pero la Municipalidad de Paraná se presentó el último día hábil judicial de 2017  y pidió el desalojo del carribar “Al Paso”, levantado sobre espacio público en la Costanera Baja.

Es parte de una batalla judicial que entabló la administración del intendente Sergio Varisco por recuperar parte del espacio público ganado por los privados. En este  caso, los carribares que se habían adueñado de parte de un sector del Parque Urquiza, a la vera de la Costanera Baja.

Uno de los negocios de mayor envergadura, el carribar “Al Paso”, tiene, además, construida la vivienda particular del dueño, Hugo Núñez.

Ahora, el gobierno de la ciudad aguarda con expectación que, tras el fin de la feria judicial, pueda tener resolución favorable el pedido de desalojo, según dijo a Entre Ríos Ahora el fiscal de Estado, Francisco Avero.

 

Todo empezó a principios de noviembre.

En un operativo conjunto entre diferentes áreas de la Municipalidad de Paraná y la Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, se retiraron los carribares que estaban instalados de manera ilegal en la Costanera Baja. La medida se adoptó, según explicaron desde el gobierno de la ciudad, por cuanto muchos de esos puestos de comida “incumplían disposiciones” relativas a la ocupación del espacio público.

El operativo fue encabezado por el fiscal  Avero, y la jueza de Faltas Silvina García, junto a funcionarios del área de Habilitaciones y la Escribanía. El fiscal Avero sostuvo que “el objetivo de la acción es la recuperación del espacio público que se encuentra utilizado de manera inapropiada por parte de quienes hacen uso de carribares, que no son tales ya que están hechos de mampostería no permitida”.

Orlando Gómez, director de Habilitaciones Comerciales, señaló que hay personas que manejan los carribares y “lamentablemente, están usurpando el espacio público. Por eso, llegamos para liberar el espacio y tomar medidas porque han usurpado una parte que es una vista para nuestro Parque Urquiza”, remarcó el funcionario municipal.

Hugo Núñez, dueño del carribar “Al Paso”, resistió el desalojo, y fue a la Justicia con un recurso de amparo. En primera instancia, el juez Hugo Perotti, de la Cámara de Casación Penal, rechazó el planteo.

Perotti firmó una resolución en la que rechazó el planteo en la causa “Hugo Núñez c/Municipalidad de Paraná. s/Acción de Amparo “, y además le fijó el cobro de las costas y los honorarios de los profesionales que intervinieron en la presentación judicial.

En su presentación, Núñez fundamentó que el retiro de su negocio constituyó un proceder irregular del  Estado, por lo que “fue una intolerable violación de los derechos constitucionales habida cuenta que no es real la ocupación ilegal, tal como adujo la justicia de faltas”.

Con fallo adverso en primera instancia, Nuñez apeló. Pero  la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la resolución del juez Perotti.

La decisión del alto cuerpo, fechada el viernes 22 de diciembre, con el voto de los vocales Daniel Carubia y Miguel Ángel Giorgio y la abstención de Claudia Mizawak, rechazó la apelación del dueño del carribar, que había considerado la sentencia de Perotti como “equívoca y errónea”, y hasta incluso “contradictoria e incongruente”.

Nuñez argumentó que “no se puede en un estado de derecho desalojar con una topadora un espacio otorgado oportunamente por otra gestión de gobierno o, al menos, sin designar un nuevo espacio para que puedan seguir trabajando y ejerciendo su industria lícita”.

El STJ hizo notar que Nuñez “no logra demostrar la existencia de un acto, hecho u omisión manifiestamente ilegítimo que pueda reprocharse a la comuna accionada, surgiendo de las constancias de autos que el accionante mantiene su tozuda posición y reitera los argumentos ya esgrimidos en su promocional -los cuales fueron sólidamente desarticulados por el a quo-, sin lograr acreditar la ilegítima conculcación -con el proceder del municipio demandado- de derecho constitucional alguno, en razón de que la -conjeturada- ilegitimidad a la que con ahínco se refiere, no resulta tal, al emerger de las probanzas obrantes en autos que el propio actor celebró en fecha 18/11/2013 un instrumento en donde se estipuló un “compromiso de uso”, el cual, en su parte medular, reza que “tendrá vigencia a modo de reubicación temporal y precaria, comprometiéndose el promitente al desalojo del predio ante la sola notificación por parte del municipio”.

 

Así y todo, el carribar “Al Paso” no se movió ni un ápice del lugar que ocupa, y sigue atendiendo a los parroquianos que se acercan al local que funciona en la parte baja del Parque Urquiza.

Ahora, la Municipalidad de Paraná pretende que sea la Justicia, y con una decisión de un juez, quien toma la decisión de sacar el negocio de Núñez.

La historia, así, tiene final abierto.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.