La emblemática causa judicial conocida como “caso Smaldone” ya tiene su lugar en la academia científica del Derecho. El promotor de la acción de inconstitucionalidad –el abogado, ex senador y convencional constituyente Juan Carlos Arralde- presentó el año pasado un trabajo de investigación de su autoría en la “Maestría de derecho Administrativo” que se inauguró en 2016 en la Universidad Nacional del Litoral, como carrera de posgrado y que tiene al abogado entrerriano entre sus alumnos, en la que desarrolla el esquema de violación del derecho humano a la igualdad de oportunidades, analiza el avasallamiento del Estado y describe el contexto de complicidades expresas y tácitas que se evidenciaron a lo largo del proceso que duró 3 años y no tuvo sentencia definitiva.

La tesina –que lleva el nombre de “El poder del estado contra el individuo: la antítesis del nuevo Derecho Administrativo Constitucional o Cómo un caso paradigmático desnuda la debilidad institucional”– exhibe el aceitado mecanismo institucional que permitió el avasallamiento de la Constitución Provincial al designar a un funcionario en un cargo vitalicio sin cumplir con el concurso previo, la omisión de la Legislatura provincial en el dictado de las leyes que tornen operativos los derechos humanos que la nueva Constitución consagra y la sustracción de los jueces a su deber de dictar sentencia (se refiere a Guillermo Smaldone, en el Tribunal de Cuentas–. El trabajo –contenido en 33 páginas que relata el caso judicial, lo encuadra en las normas constitucionales vigentes y desarrolla con precisión quirúgica el esquema violatorio cometido por los tres poderes del Estado provincial- constituye un interesante ejercicio intelectual que pone al descubierto una maniobra que demostró ante la sociedad la indefensión en la que se encuentra el individuo cuando todo el poder del Estado se abate contra los ciudadanos.

Al concretar la base de la controversia judicial, el ex convencional constituyente lo describe de este modo: “El caso puso de relieve un triple esquema violatorio de la norma fundamental.- Dos violaciones originarias y una tercera derivada, pero con estrechas vinculaciones extrajurídicas: 1º.-El Poder Ejecutivo que con una acción positiva designaba un funcionario violando un mandato constitucional claro y específico. 2º. El Poder Legislativo que a través de una acción negativa –un no hacer jurídicamente imputable- omitió llenar una laguna legal a la que estaba obligado. 3º El Poder Judicial que, en definitiva, se sustrajo a su deber fundamental de dictar sentencia en el caso concreto.

Sobre el final de la marcha del proceso, se consumó esta tercera infracción a la Carta Provincial, cometida por el mismísimo Poder Judicial que en un verdadero caso de denegación de justicia, dilató su pronunciamiento sobre la quaestio juris dejando vencer todos los plazos procesales sin emitir sentencia hasta que la renuncia del presidente del Tribunal de Cuentas pareció saldar una cuestión que sólo en apariencia perdió actualidad o se tornó abstracta”.

En el contenido del trabajo, Arralde se sumerge en las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, y repasa la violación del acceso a la justicia a través del derecho de obtener una sentencia en un “plazo razonable” cometida por los jueces, situación que –como se sabe- jamás sucedió porque la demora en el dictado del fallo se excedió por más de un año y terminó sin dictarse por la renuncia del funcionario Guillermo Smaldone y la declaración abstracta de la cuestión constitucional propuesta por su autor. El ex legislador también describe el mecanismo de designación de los jueces y relata los estrechos vínculos que existen entre la Justicia y la política en detrimento de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, siempre a la luz del caso judicial que desencadenó la crisis que culminó con sendos pedidos de juicios políticos al juez Carlos Chiara Díaz y a la misma presidenta Claudia Mizawak.

En uno de los párrafos de la tesina, puede leerse: “Los escollos que exhibe el acceso a la justicia constituyen precisamente un rasgo característico de la desigualdad y la marginación. Pero no ya de esas desviaciones cometidas en perjuicio de grupos o colectivos subordinados o históricamente desplazados del goce de derechos y libertades (como podrían ser el caso de las poblaciones indígenas, el sometimiento de mujeres por su condición de tales u otras minorías raciales o sexuales) sino de individuos o sujetos concretos, determinados e identificables, que son discriminados a la hora de “retar” al poder establecido condicionando la discrecionalidad de sus decisiones políticas al sometimiento ciego de la Constitución y la ley. Todo ello en un contexto de cooptación o sometimiento político a las posiciones del Poder Ejecutivo, el verdadero detentador del poder real en la democracia provincial, en un año electoral como lo fue el 2015 donde se avecinaba una posible alternancia presidencial en cuya campaña uno de los candidatos con mayores probabilidades de acceder a la Presidencia de la Nación había anunciado que el gobernador entrerriano ocuparía el Ministerio del Interior y Transporte de su futura gestión y en medio de una sociedad presa de una cómoda mansedumbre cívica, descomprometida con los asuntos públicos y ajena a las luchas del poder, a la que mira con desconfianza y relega al monopolio de las trifulcas partidarias que se disputan el Estado, sin una arraigada conciencia de la defensa de la institucionalidad.-No finca la cuestión pues en la mera violación de la ley o la Constitución, sino en una resignada o tácita admisión social de los manejos arbitrarios del gobierno de turno que termina por indultar esas prácticas antirepublicanas y desprovistas de toda legitimidad, pero avaladas por la inacción de una sociedad anestesiada y preocupada por otros problemas”.

Para acusar de la violación judicial del concepto de “plazo razonable” para sentenciar, el ex convencional constituyente analiza la dilación en el dictado de la sentencia bajo el prisma de: la complejidad del asunto en que versó la controversia judicial, el comportamiento de las autoridades que intervinieron en la contienda, la actuación del propio interesado y la afectación concreta que el procedimiento causó en el individuo que promovió el proceso.