La Justicia Federal se declaró competente para investigar la desaparición del empresario Omar Benvenuto, quien fue visto por última vez el viernes 27 de octubre, cuando mantuvo una reunión con el exsenador provincial Hugo Lesca y el jefe de la bancada de Cambiemos en el Concejo Deliberante de Gualeguay, Efraín Martínez Epele. Se presume que luego tenía pensado emprender viaje de Gualeguay a Mansilla, pero el domingo 29 de octubre su camioneta fue encontrada en la ruta 12, cerca de Galarza. Y sin rastros de Benvenuto.

Ese mismo domingo 29 de octubre la Justicia de Gualeguay comenzó a intervenir. Pero a partir del surgimiento de llamadas extorsivas a la familia de Benvenuto se decide recurrir al fuero federal, que este jueves se declaró competente, y así pidió que se aparte de la investigación a Justicia de Gualeguay. Y se da un giro relevante: ya no se lo busca muerto a Benvenuto, como presume la familia que hace la Justicia entrerriana, sino vivo, y con un aditamento: se trataría de un secuestro extorsivo.

Ahora, la jueza de Garantías de Gualeguay, Alejandra María Cristina Gómez, deberá resolver si acepta la inhibición. De otro modo, el caso llegará la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva la cuestión de competencias.

Tras la primera denuncia de la familia, la Justicia de Gualeguay  abrió una investigación sobre averiguación de paradero del empresario, primero a cargo del fiscal Ignacio Telenta, después, timoneada por el fiscal Agustín Gianini, pero al final, puestos los dos a cargo por orden de la Procuración General de la Provincia.

Desde el domingo 29 de octubre hasta ahora nada se ha podido saber del paradero de Benvenuto, aunque en medio sucedió un escándalo político judicial que sacudió a todo Gualeguay: con información aportada por testigos y derivada también del cruce de llamadas, la Unidad Fiscal de Gualeguay ordenó durante el primer fin de semana de noviembre allanamientos en propiedades del exintendente Luis Erro y del exsenador Hugo Lesca.

Pero la filtración de un dato respecto a que la Policía utilizó información aportada por cruces de llamados entre Erro y Lesca que, después, se comprobó que no habían existido, provocó la ira de los allanados, que presentaron una denuncia contra los fiscales.

Así, la causa “Benvenuto Omar s/ averiguación de paradero s/denuncia” sumó una investigación paralela por aquel error policial, a cargo del fiscal Eduardo Santo.

 

En medio,el querellante que representa a la familia Benvenuto, el abogado Esteban Español, planteó la necesidad de que el caso saliera de la órbita de la Justicia entrerriana.

“La desaparición de Omar Benvenuto se da el día 27 de octubre, y desde entonces empezaron las investigaciones en la Fiscalía y el Juzgado de Transición. Al comienzo era solamente una averiguación de paradero, pero el día 1º de noviembre se recibe un pedido de rescate, que después se reitera con distintos mensajes de texto en días subsiguientes”, dijo el letrado. Sobre ese dato que había cobrado fuerza en los últimos días, detalló: “Luego de un silencio de más o menos unos diez días, hay una comunicación el lunes pasado, donde se reiteran los pedidos de pago de un rescate, con cambios en los montos y modalidades, pero conservando el reclamo extorsivo”.
Español remarcó a qué se debe esta aparición pública: “La familia, que ha mantenido un silencio que fue lo que se pidió en los primeros llamados, hoy está preocupada o inquieta porque en realidad pruebas de vida no se tienen. Lo que sí se tiene es el criterio tanto de la familia como de los investigadores que han estado en la parte Federal que estamos ante un secuestro extorsivo”, opinó.

Este jueves se realizó una audiencia en los Tribunales Federales, a puertas cerradas, en la que se decidió la cuestión de competencias.

Al cabo de la audiencia, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná declaró la competencia del fuero federal y decidió remitir “con carácter de urgente” el expediente de la causa Benvenuto al juez Federal N° 1 de Paraná, Leandro Ríos, para que empiece a instruir la investigación en torno al paradero del empresario, ante la posibilidad de que haya sido sometido a un secuestro extorsivo, según resolvieron los camaristas Cintia Graciela Gómez, Mateo José Busaniche y Daniel Edgardo Alonso.

El 13 de noviembre, el juez Ríos se había declarado incompetente, pero la resolución fue apelada por el Ministerio Público Fiscal. El fiscal general de Cámara Ricardo Carlos María Álvarez fundamentó la competencia del fuero federal al sostener que, del cruce de llamadas con la familia de Benvenuto, surge la hipótesis de que se trataría “de un secuestro extorsivo” y agrega “la posible comisión del robo de identidad”.

La intervención de la Justicia Federal comenzó cuando el 3 de noviembre último, Gastón Benvenuto, hijo del empresario desaparecido, formuló una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal Federal con la presunción de que su padre  “podría haber sido secuestrado por personas desconocidas”.  Esa hipótesis comenzó a tomar cuerpo luego de que el miércoles 1° de noviembre, a las 11,31, recibiera “un llamado anónimo extorsivo en el celular de su cuñado, por parte de una persona que aparentaba ser colombiano y luego de esa llamada recibió dos mensajes de texto de llamadas perdidas y un tercer mensaje”.

La primera intervención fue del fiscal federal de Victoria, Carlos García Escalada, por una cuestión de competencia: recibió la denuncia de la familia y pidió al juez Ríos la intervención de teléfonos tras una primera llamada extorsiva con un pedido de pago de un rescate de 1 millón de pesos.

El segundo paso que dio el fiscal García Escalada fue peticionarle al juez Ríos que declare la competencia de la Justicia Federal, y solicite el apartamiento de la Unidad Fiscal de Gualeguay, a lo que el magistrado se opuso. Ríos entendió que no se daban las condiciones para un cambio de fuero: que con los elementos incorporados en la causa no estaba claro que se tratase de un secuestro extorsivo, y en caso de serlo, no había elementos que permitan suponer que se trata de un caso federal o que haya una banda interjurisdiccional operando.

Entonces, Ríos rechazó la competencia.

El fiscal federal de Victoria fue en apelación a la Cámara Federal de Apelaciones, que este jueves revocó el fallo del juez Ríos, y le giró las actuaciones para que avance con la investigación, y pida la inhibición de la Justicia de Gualeguay.

En la tarea investigativa, el fiscal federal García Escalada cuenta con la colaboración del fiscal federal Santiago Marquevich, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos de la Procuración General de la Nación.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.