Fue como una reversión de “Feos, sucios y malos”.

Hijos, hermanos, suegra,  cuñado, amigos, tíos, todos, bajo el mismo techo, conviviendo bajo el mismo techo, solo que esta vez no se trató de una locación para una película italiana, ni atrás de toda la ficción estuvo Etore Sccola.

Sólo que en esta historia el paterfamilias terminó siendo un abogado muy audaz, el expresidente de Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer), el actual asesor legal de la Cámara de Diputados, Juan José Canosa.

Canosa se las ingenió para operar y negociar, desde el Estado, con su parentela: hasta ahora, se sabía que había contratado compra de bienes y servicios con empresas ligadas a su hermano, Carlos Canosa; a la suegra de éste, Mirta Graciela Gueler. También, con la cuñada de su hermano, Alicia Susana Cuestas; con la esposa de su hermano,  María José Cuestas; y el esposo de la hermana de su cuñada, Diego Aníbal Urba. Ahora se sabe que ingresó un nuevo jugador al puzzle judicial que investigaron los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo.

Se trata de José Daniel Romero, dueño de JDR Construcciones –vaya originalidad en el nombre de la firma– quien está casado con la hermana de la madre de Canosa. O seas, un tío político del extitular de Sidecreer. JDR realizó trabajos de albañilería para la tarjeta provincial en tiempos de la gestión Canosa, que se extendió entre 2009 y 2015.

Cono recuerda hoy Página Judicial, la sospecha es que el exfuncionario contrató a su hermano Carlos Alberto Canosa a través de la suegra de éste, Mirta Graciela Gueler, a través de la firma Texmer; a su cuñada Alicia Cuestas y a su concuñada María José Cuestas, a través de Excelcom SA; a su amigo Diego Urba, también por vía de Excelcom SA; y a José Daniel Romero, también allegado al ex funcionario, a través de la firma JDR Construcciones. Esto constituye la base de la imputación contra el expresidente de Sidecreer.

Los familiares de Canosa integran la firma Excelcom, que proveyó insumos informáticos a Sidecreer por 635.000 dólares; Texmer, que fue proveedora de indumentaria y uniformes por 262.300 dólares; y JDR Construcciones, que hizo trabajos de refacción en las oficinas de la tarjeta estatal.

A Canosa se le imputa el delito de negociaciones incompatibles con la función pública –tiene, además, otra causa por enriquecimiento ilícito– y el miércoles último los fiscales Malvasio y Brugo remitieron el pedido de elevación a juicio de la causa.

Mientras, los defensores del clan Canosa, imputados como partícipes en el delito de negociaciones incompatibles, peticionaron la suspensión del juicio a prueba e incluso pedirán el sobreseimiento de Alicia Cuestas. Para resolver ese pedido, la jueza de Garatías Susana María Paola Firpo citó a una audiencia para el 25 de agosto.

La probation para todo el clan Canosa podría prosperar por cuanto ninguno es funcionario.

Respecto de Juan José Canosa, a partir de la remisión de la causa a juicio, los defensores deben contestar al planteo de los fiscales y luego la magistrada convocar a una audiencia donde se formalizará la acusación y se discutirá la prueba que se admitirá para el juicio.

La conclusión del trámite judicial con esta causa no alejará a Canosa de los Tribunales, que tiene por delante una investigación mucho más grave: por enriquecimiento.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.