La madrugada del domingo 25 de febrero, la paz del Señor se vio estropeada en la zona adyacente a la parroquia Santo Domingo Savio, ubicada en Miguel David y D´Agostino, en barrio Santa Lucía.

En forma irregular, el cura Walter Minigutti había alquilado como salón de fiestas privadas el salón parroquial, y esa madrugada la música atronaba de un modo tan arisco que los vecinos acudieron a la Policía.

En el incidente, que bordeó los límites del escándalo, intervino la Municipalidad de Paraná y citó a Minigutti para que diera explicaciones. El sacerdote buscó minimizar los hechos y adjudicó las quejas al mal genio militante de un vecino.

“Hasta me han acusado de meter mujeres de noche a la parroquia”, le escucharon decir los funcionarios al cura Minigutti.

La vida sexual de los curas, en realidad, sólo adquiere trascendencia pública -o debería tenerla- cuando incurre en delito, como el abuso de menores.

La Iglesia de Paraná tiene tres casos en la Justicia con miembros de su rebaño involucrados en gravísimos casos corrupción de menores; uno condenado; otro a punto de ir a juicio; un tercero que batalla por el olvido.

Frente a esos hechos, la política eclesiástica ha sido desensillar hasta que aclare.

Pero nunca clarea: el horizonte se ennegrece.

La sospecha sobre el clero está instalada: los nombres de las tres últimas cabezas de la Iglesia de Paraná -Estanislao Karlic, de 1984 hasta 2003; Mario Maulión, de 2003 a 2010; Juan Alberto Puiggari, desde 2010 hasta ahora- figuran en un voluminoso expediente judicial.

Todo tiene su explicación.

Desde que en 2012 se corrió el velo de lo que ocurre hacia adentro de la vida de la Iglesia, los curas han quedado bajo un estado de sospecha permanente.

Ese año, 2012, estalló públicamente el caso del cura Justo José Ilarraz, con siete denuncias en la Justicia por abusos y corrupción de menores sobre un grupo de adolescentes que permanecían como pupilos en el Seminario Arquidiocesano de Paraná.

El 9 de abril próximo, Ilarraz se sentará en el banquillo de los acusados, en un juicio histórico que hará pasar por los estrados judiciales a buena parte del clero paranaense, y que ya puso entre la espada y la pared a la jerarquía católica, desde 1984 hasta acá.

Ya fue condenado por la Justicia otro cura de modales expansivos y artilugios de depredador: Juan Diego Escobar Gaviria, sobre quien recayó una condena de 25 años de cárcel por los abusos cometidos en Lucas González, adonde llegó en 2005. El fallo del Tribuna de Juicios y Apelaciones de Gualeguay no está firme -está recurrido en Casación- pero Escobar Gaviria pasa sus días tras las rejas: desde el 21 de abril de 2017 cumple prisión preventiva en la Unidad Penal de Victoria.

Hay otro caso que también está en Casación: el que involucra al cura Marcelino Ricardo Moya. Sus defensores persiguen el olvido, y apelaron a la prescripción.

Moya desnudó hasta límites imposibles el drama nunca asumido por la Iglesia de los abusos a menores: estuvo internado en el Servicio de Infectología del Hospital San Martín y su diagnóstico, que la médica Adriana Bevacqua reveló a la Justicia -previo pedido para que se la relevara del secreto profesional-, es una bofetada hiriente. Ni siquiera ante la evidencia de los hechos, el clero se mostró permeable a denunciar, a investigar y a separar a sus integrantes con denuncias penales sobre sus espaldas.

El expárroco de Oro Verde, Alfredo Nicola, atravesó un tembladeral del que no pudo salir indemne: la revista “Análisis” publicó una serie de notas y contó casos de denuncias por abuso en su contra. Nicola acudió ante el vicario general de la diócesis, Eduardo Tanger, y éste le redactó una especie de salvoconducto que certifica que no pesan sobre él ninguna denuncia. Aún así, Nicola fue apartado y después de los desplazamientos de fin de año, el obispo Juan Alberto Puiggari no le ha dado destino.

Precisamente, ahora la Iglesia aplicó algunos cambios en el tablero eclesiástico: mudó curas de un lado a otro, a algunos les permitió el retiro, y a otros los mandó a estudiar. Uno de los trasladados, un sacerdote que permaneció durante 14 años en una parroquia de Paraná, empezó a abrir sospechas. Se lo envió de una parroquia con escuela a otra parroquia también con escuela.

Hay un runrún entre un grupo de padres. “Entre los padres se dice, se habla mucho, hay sospechas”, dicen. Las sospechas, el correiveidile, lo que se bisbisea tiene que ver con supuestos casos de abuso del cura.

Un actual sacerdote y un excura abonan la sospecha. Y un tercero, retirado de la vida eclesiástica, lo certifica.”La podredumbre es más grande de lo que vos y yo nos podemos imaginar -dice-. Difícilmente alguien del clero, con Puiggari a la cabeza, podría levantar una piedra para lapidar a cualquiera”.

El juicio oral a Ilarraz, que será a puertas cerradas, permitirá ventilar el modo cómo la Iglesia se comporta ante los casos de abuso. En este, juzgado por la curia en 1995, se decidió archivar el expediente en el archivo secreto, y no salió a la luz sino hasta que la Justicia lo pidió, casi dos décadas después.

De momento, la Iglesia mantiene a buen resguardo a todos los curas acusados por abuso a menores: ninguno ha sido expulsado de sus filas. No pasó lo mismo con el exsacerdote Miguel Oviedo, quien hasta mayo de 2016 fue vicario en la parroquia María Auxiliadora, de María Grande, y quien debió abandonar el sacerdocio cuando se conoció que iba a ser papá.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.