La Policía Federal sorprendió este jueves a un empelado jerarquizado de la Cámara de Diputados con $374 mil en su poder durante un operativo que se llevó a cabo en la ruta nacional N° 12, cerca del Acceso Norte a la ciudad de Paraná. Se trata de Alejandro José Luis Almada, cuñado de Juan Pablo Aguilera, hermano de Ana Lía Aguilera, la esposa del exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri. Almada fue miembro de la Policía de Entre Ríos pero ahora forma parte de la planta permanente de la Cámara de Diputados. Es hermano de Luciana Almada, esposa de Aguilera.

“El detenido es el oficial principal, Alejandro Almada, hijo de ‘Pitin’ Almada, y cuñado de Juan Pablo Aguilera”, confirmó una fuente del Gobierno a Entre Ríos Ahora. La referencia es a Héctor Almada, alias ‘Pitin’, un ex policía que fue exonerado en 1992, cuando gobernaba Mario Moine y Hernán Orduna era el vicegobernador. Entonces se lo separó de la fuerza “por dos graves causas judiciales que terminaron condenándolo a prisión”, según reveló el periodista Daniel Enz, de la revista “Análisis”,  en una nota publicada el 17 de marzo de 2016.

Almada hijo, quien se presentó ante los oficiales de la Federal como “jerarquizado” de la Cámara de Diputados que preside Urribarri,  fue sorprendido este jueves al mediodía por la Policía Federal, en cercanías del ingreso al Acceso Norte, cuando viajaba desde La Picada –presuntamente desde la casa de su novia-  hacia Paraná. Fuentes consultadas por Entre Ríos Ahora confirmaron que se trata del cuñado de Aguilera.

Según trascendió, los uniformados detuvieron la marcha del vehículo que conducía Almada para el control de rigor y notaron cierto nerviosismo cuando se le pidió que abriera el baúl del auto. El hombre les informó que era un trabajador “jerarquizado” de la Cámara Baja provincial.

Al abrir el compartimento, los oficiales observaron una caja en la que sobresalían fajos de dinero. Oficialmente se informó que eran $374 mil y se precisó que el hombre, de 35 años, – y que vive en calle Yrigoyen, de Paraná-, no dio una explicación convincente sobre el origen y propiedad del dinero. Su relato fue contradictorio: dijo que eran sus ahorros de toda su vida, y luego que pretendía comprar un terreno en la zona.

Ante la explicación poco clara, los efectivos informaron de la situación al Juzgado Federal de Paraná, que ordenó secuestrar el dinero e investigar su procedencia.  De esta manera, Almada quedó supeditado a la causa.

Fuentes consultadas precisaron que Almada es un ex Policía que fue nombrado en una primera instancia en un cargo Jerárquico en la Cámara de Senadores, en tiempos en que su cuñado, Aguilera, era el secretario del cuerpo. Luego pasó a la Cámara de Diputados, que hoy preside Urribarri.

Almada, entre los imputados en una causa penal


No es la primera investigación en la que queda involucrado Almada. En la Justicia provincial aparece como imputado en una causa – cuyo número de legajo es 31.253- por fraude a la Administración Pública, en la que están también acusados Urribarri, Aguiler, ex secretario de la Cámara de Senadores y coordinador de la Casa de Entre Ríos en Capital Federal; Pedro Báez, ex ministro de Cultura y actual diputado peronista; y Gustavo Tamay, quien fuera Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del Ministerio de Cultura.

En ese caso también fueron imputados Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena y Luciana Belén Almada, pareja de Aguilera . Según la investigación de la fiscalía, todos son socios en la empresa Formato Urbano SRL (cuya razón social es TEP SRL), principal proveedora de los servicios de publicidad que contrató el exgobernador Urribarri y su ministro Báez. La firma funciona en Racedo al 400, de Paraná, y junto a Next SRL, fueron allanadas en agosto de 2016.

Lo que se supo es que Almada habría sido uno de los encargados de la librería Alfa, de Monte Caseros y Gualeguaychú, que cerró a principios de 2016, y que era propiedad de la empresa Next SRL, que también se vincula a Aguilera.

La fiscal Patricia Yedro sospecha que las empresas fueron beneficiadas con contrataciones de publicidad del Estado entre 2010 y 2015. Esas contrataciones, según la investigación, se habrían realizado de forma arbitraria “sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado”. En otras palabras: sin licitación.

A Urribarri, Báez y Tamay se los acusa de haber sido pieza clave en el supuesto direccionamiento de esas contrataciones, que según la fiscalía terminarían beneficiando a Aguilera,  Giacopuzzi,  Sena, y los hermanos Almada. Por ello se les imputa negociaciones incompatibles, fraude, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documentos públicos.

Si bien Aguilera no aparece en el directorio de las firmas, los investigadores sospechan que su vínculo con alguno de los acusados posibilitó que la empresa consiguiera más de 57 contrataciones entre 2010 y 2015. El 28 de diciembre de 2017, el cuñado de Urribarri se presentó ante los fiscales y negó ser el dueño de la firma sospechada.

Formalmente este caso llegó a la Justicia  luego de una investigación de la revista Análisis, y la presentación judicial que hicieron los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. La carátula de la causa es extensa: “Aguilera Juan Pablo y Otros S/ Negociaciones Incompatibles con el ejercicio de la Función Pública, Fraude a la Administración Pública, Peculado, Abuso de Autoridad e Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público, Falsificación de Documentos Públicos”. En tribunales la causa es conocida vulgarmente como “La causa de la vaca”.

Esa denominación tiene que ver con una de las irregularidades más insólitas: la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago se hacía utilizando una misma foto, en donde siempre aparecía la misma vaca. Ese dato fue puesto de resalto por el fiscal Santiago Brugo el 18 de noviembre de 2016, durante una audiencia de depuración de pruebas.

La investigación de marras estaba por ser elevada a juicio, pero el cuñado de Urribarri solicitó declarar a fines de diciembre pasado –ya que cuando fue citado se abstuvo-. El trámite dilató que la fiscalía requiera la elevación de la causa a juicio. La misma estrategia utilizó el ex gobernador, quien se presentará a declarar en febrero. Ambos son defendidos por el abogado Marcos Rodríguez Allende.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.