El cuñado del exgobernador  Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y su mujer, Luciana María Belén Almada, accederán a una salida negociada en una de las tantas causas que se tramitan en la Justicia. Se trata de una investigación de menor cuantía a las investigaciones por corrupción que lo tienen como principal involucrado junto al exgobernador y también al exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez.

Este miércoles, a las 9, se realizará una audiencia en Tribunales, presidida por el juez de Garantías Elvio Garzón, en la que el Ministerio Público Fiscal hará el pedido de elevación a juicio, con un planteo desde Fiscalía de aplicación de probation para Aguilera y su esposa, en una causa que se inició por el hallazgo de un arma sin registrar en su casa, durante un procedimiento en el marco de una investigación por corrupción.

 

Se trata de una causa que se abrió en 2016 por un hallazgo fortuito en medio de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del clan Urribarri. Según pudo reconstruir Entre Ríos Ahora, el arma de fuego fue encontrada durante un allanamiento en agosto de ese año en la casa que Aguilera y Almada poseen en calle Fray de Montesinos 2107, en el Acceso Norte de Paraná.

En aquel procedimiento, los investigadores encontraron un revolver calibre 22 y la pareja no pudo justificar su tenencia con la documentación exigida por la ley.

Del operativo que dio lugar a ese particular hallazgo participaron los fiscales Santiago Brugo y Juan Malvasio y fue en simultáneo con otro que se llevó a cabo en la sede de la empresa Tep SRl, de la que es socia la mujer de Aguilera, en un galpón ubicado en calle Racedo 415.

Los operativos se realizaron en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito, que se abrió tras una denuncia periodística de la revista Análisis y una posterior presentación judicial por parte de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.

La pareja fue imputada e indagada el año pasado por la tenencia ilegítima del arma y para defenderse ambos contrataron los servicios del abogado Marcos Rodríguez Allende.

A Aguilera y Almada se le imputa haber violado el artículo 189 del Código Penal, el cual señala que la simple tenencia de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión de 6 meses a 2 años y multa de entre $ 1.000 a $ 10.000.

Pero el trámite de esa causa no seguirá el camino del juicio oral sino el juicio abreviado, con pedido de probation: normas de conducta para la pareja como sanción por el ilícito cometido.

Por delante, la pareja tiene otros asuntos de mayor envergadura que resolver en los Tribunales.

Aguilera está embargado en $26 millones en una causa cuya elevación a juicio se debatirá en audiencia pública el 22 de este mes y en la que se investiga la distribución irregular de publicidad que benefició a dos empresas que se adjudican al cuñado de Urribarri, Tep SRL y Next SRL.

En esa investigación penal, un arrepentido, Jesús Bustamante, admitió que su firma accedió a publicidad oficial mediante un sistema en el que primaba el pago de coimas a las empresas del cuñado.

En la causa “Urribarri Sergio D. – Báez, Pedro A. – Aguilera, Juan P. – Cargnel, Corina E. Y Otros. S/ Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado, defraudación a la Administración Pública”, el juez Ruhl dispuso, el 2 de febrero último, un embargo de $26 millones en los bienes de Urribarri en el marco de la causa que investiga el desvío de publicidad oficial, entre 2010 y 2015, en beneficio de empresas a Aguilera  por un monto que supera los $24 millones. El embargo alcanza también al exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial (FPV) Pedro Ángel Báez y al propio Aguilera, más los empresarios Jesús José María Bustamante y Hugo Fernando Montañana, también por $26 millones, más la inhibitoria general de bienes.

El jueves 1° de febrero, Alejandro Cánepa y Patricia Yedro pidieron la elevación a juicio de la causa en la que se investiga a la administración Urribarri por la supuesta contratación amañada de publicidad con empresas ligadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, en la está directamente también comprometido el exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial justicialista Pedro Ángel Báez. La petición de los fiscales incluyó otros dos elementos relevantes: el pedido de desafuero para los diputados Urribarri y Baéz ; y un adelanto de la solicitud que harán durante el debate en juicio, la pena de 8 años de prisión, de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri, Báez y Aguilera.

Además, Urribarri y Aguilera están imputados en la causa del Parador Playero que instalaron en Mar del Plata en enero de 2015, y que le costó a la Provincia $14 millones de pesos. Según la fiscalía, el montaje sirvió para financiar la campaña presidencial del entonces gobernador. En la documentación recabada se registraron transferencias por $2 millones hacia empresas vinculadas a Aguilera –las ya famosas Tep Srl y Next Srl-, que luego fueron destinados a la impresión de cartelería proselitista.

El Cuñado también está siendo investigado por la Justicia Federal, en un expediente caratulado “Urribarri Mauro Gabriel,  Aguilera Juan Pablo, Robledo Juan Sebastián, Pérez Gustavo Hernán, Lazzaro Fabian s/Infracción Art 303”. Esta es la famosa causa de la “Mesa de Dinero”, denunciada por la revista Análisis, que dio cuenta de la venta de dólares en el Senado, cuando el hijo del exgobernador Mauro Urribarri  estaba como secretario y Aguilera era prosecretario desde diciembre de 2011.