El Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano Garía, designó al abogado Matías Argüello de la Vega como fiscal auxiliar interino en la Unidad Fiscal de Chajarí a partir del 18 de dicembre último “y hasta la cobertura definitiva del cargo por los mecanismos constitucionales vigentes, o hasta nueva disposición, lo que ocurra primero”.

“El propuesto es un destacado profesional de la abogacía, que se ha desempeñado con notable eficiencia en innumerables causas penales de trascendencia y que hace tiempo ha manifestado su intención de concursar para el Ministerio Público Fiscal, estando inscripto en varios concursos pendientes de realización, por lo que reúne sobradamente las condiciones para el cargo”, dice el texto de la resolución N° 165, firmada el 14 de diciembre por el Procurador.

Hasta su designación en el Ministerio Público Fiscal, Argüello de la Vega se desempeñó como abogado particular. Hasta mayo último, ejerció la defensa del líder narco Daniel “Tavi” Celis en la causa que se le sigue en la Justicia Federal, y en la que está involucrado también el intendente de Paraná, Sergio Fausto Varisco.

Y en abril de 2018 ejerció la defensa de Hugo Héctor Righelato, exDirector de Obras Sanitarias de Entre Ríos (OSER), cuando firmó un acuerdo de juicio abreviado con el Ministerio Público Fiscal que consistió en cumplir 3 años de prisión efectiva, el pago de 10 mil dólares, la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de dos propiedades, al admitir haber cometido los delitos de peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude en perjuicio de la Administración Pública.

El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull fue quien dio lectura al acuerdo en la audiencia celebrada este viernes ante el juez de Garantías Nº5 Elvio Garzón. El acusador público informó que había una afectación de bienes públicos a la actividad privada mediante una maniobra en la que participaban tres empresas vinculadas a Righelato, a saber: Azul SRL, Tecnogeo SA y Ecocien SA, todas contratistas, a su vez, de Obras Sanitarias, organismo que dirigió durante trece años.

Una de las propiedades que pasó al Estado provincial está ubicada en calle Laprida Nº 1101. La misma fue comprada a nombre de la firma Azul SRL, perteneciente a Righelato y su excónguye Haydee Analía Varela, según surge del escrito del acuerdo.

La segunda propiedad decomisada está ubicada en calle Bravard Nº 266, y fue construida con los recursos producidos por la empresa a costa del Estado Provincial. Esta última es donde actualmente vive el exfuncionario de 61 años.

Al final de la audiencia, el exfuncionario –que estuvo acompañado por su abogado Matías Argüello de la Vega- dijo al juez estar conforme con el acuerdo alcanzado con la Fiscalía: “Soy totalmente consciente de los hechos que se me imputan y de la pena acordada. Reconozco los hechos y mi autoría sobre los mismos”.

El juez Garzón será quien tenga la última palabra, ya que debe homologar o no el acuerdo. Su resolución se conocerá el próximo 20 de abril.

La última causa de trascendencia pública en la que intervino fue la defensa del entrenador de hockey con denuncias por abuso José Alves Pinherio.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.