Cada vez que lo tiene enfrente, toda vez que lo menciona, el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Chiara Díaz, le recuerda al presidente de la Comisión de Juicio Político, Diego Lara (Frente para la Victoria), su pasado como intendente de María Grande.
Y se lo recuerda de un modo insidioso: le trae a la memoria un hecho que ocurrió en 2006 en María Grande, y que alcanzó repercusión nacional. Antes de ser legislador, Lara fue concejal entre 2001 y 2003; luego, intendente desde 2003 a 2011.

 

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Siendo intendente, en 2006, ocurrió el hecho que le recordó Chiara: la quema de libros.
La decisión del entonces jefe comunal de mandar a quemar alrededor de 1.000 libros de la Biblioteca Pública Facundo Arce incluyó botar a la hoguera las obras completas de Julio Verne, una edición de 1920, un Martín Fierro de 1950, y además textos de medicina, literatura, historia, matemática, física, manuales e infinidad de obras de autores contemporáneos, como también un compendio de todas las leyes dictadas en la provincia de Entre Ríos de 1857.
Los libros fueron arrojados al basural municipal de María Grande por orden del intendente Lara, una decisión burocrática que se adoptó en el marco de un proceso de reformas del edificio adonde está el Concejo Deliberante, lugar que comparte la Biblioteca. El razonamiento oficial fue que, debido a su grado de deterioro, estos ejemplares resultaban absolutamente ilegibles e irrecuperables y que por eso se los desplazaba y daba de baja, según se hizo constar en un comunicado de la Municipalidad de María Grande.

El 1° de diciembre, cuando se enfrentó por primera y única vez a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Chiara Díaz les dijo a todos los legisladores que había entre ellos gente que no estaba “limpita”, aunque centró sus dardos en Lara, presidente de esa comisión investigadora. “Con ese mismo criterio, yo podría decir que usted también tiene un juicio por alimentos para sus hijos. Y le podría recordar que usted quemó libros”, disparó.

“El Diario” de Paraná, en su edición del 13 de octubre de 2006, contó aquel incidente de la quema de libros.
Esta es la crónica:

El intendente de María Grande, el justicialista Diego Lara, quedó envuelto en un serio incidente luego de que un grupo de vecinos lo acusara públicamente de haber mandado quemar un millar de libros en el basural de la ciuda; además de Lara, quedó también sindicato como ideólogo de la medida el secretario de Gobierno de la Comuna, Mario Ferri, de quien se recuerda su pasado como funcionario del último Gobierno comunal de la dictadura

Los libros, que pertenecían a la Biblioteca Pública Facundo Arce, fueron retirados del lugar luego de unos trabajos de remodelación en el local donde además funciona el Concejo Deliberante de María Grande, en la céntrica Avenida Argentina. Afortunadamente, no todos se destruyeron: aproximadamente 400 fueron rescatados por los vecinos, y ahora están en custodia en el domicilio particular de un concejal vecinalista, Julio Quintana, aunque se presume que hay más distribuidos en domicilios particulares de María Grande, una ciudad ubicada a 85 kilómetros de Paraná.
La reacción más dura una vez conocido el hecho provino de la Comisión Popular para la Defensa de la Cultura de María Grande, que repudió públicamente “la quema de centenares de libros de nuestra Biblioteca Pública: una acción repudiable, imperdonable y delictiva ordenada por el actual Gobierno municipal”.
Mauricio Castaldo —cuyo bisabuelo donó la propiedad donde ahora funciona la Biblioteca Pública—, miembro de la Comisión para la Defensa de la Cultura, reclamó la intervención directa del secretario de Cultura de la provincia, Roberto Romani. “¿Esta es la política cultural y la defensa de los derechos humanos de la que tanto se habla desde los Gobiernos provincial y nacional? ¿Su política es darle poder a ex funcionarios de la dictadura para que quemen libros?”, se preguntó.

INDIGNACIÓN

Todo empezó hace dos meses. La administración del intendente Lara dispuso la remodelación del edificio de la Biblioteca Pública, y producto de esa tarea fue que se habría dispuesto el retiro de cientos de ejemplares. De todos modos, “El Diario” no pudo dar en todo el día con Lara, a pesar de los insistentes llamados tanto a su despacho en la Municipalidad como en su domicilio particular.
Sólo Miguel Sacks, presidente del HCD accedió a hablar aunque sin aportar demasiado. “Sé que se sometió el edificio a una remodelación con la intención de dar mejor atención a la gente, pero de los libros no sé nada. En todo caso, eso es resorte del Ejecutivo, que es quien debe responder por eso”, dijo Sacks.
— ¿Sabe algo de la quema de libros?
— No, no sé nada. Pero si me da un tiempo prometo ponerme a averiguar qué fue lo que pasó.
El sitio digital www.actividadonline.com se hizo eco del asunto y puso en su página de Internet una información detallada, con fotos de los libros rescatados del basural. “La reforma llevada acabo por el intendente Diego Lucio Nicolás Lara (PJ) y su secretario municipal Mario Aníbal Ferri (…) se ha llevado lo más valioso que puede tener un pueblo, su historia, al eliminar de los estantes de la biblioteca mas de mil libros sin ninguna explicación. Estos ejemplares fueron arrojados al basural municipal y varios de ellos fueron rescatados de las llamas por personas que habitualmente recorren la basura en busca de un sustento para paliar su difícil situación económica”, dice el texto de la noticia.
Entre los ejemplares rescatados, se destacan un Martín Fierro, de la década de 1950, y además textos de Medicina, Literatura, Historia, Matermática, Física, manuales e infinidad de obras de autores contemporáneos.

BIBLIOCLASTAS.
Hay un sustantivo que denomina a los quemadores de libros: “biblioclastas”. Los hubo antes, después, ahora, en todos los tiempos, desde la Inquisición de la Iglesia Católica, pasando por el régimen racista de Adolf Hitler hasta la última dictadura militar argentina. El Proceso de Reorganización Nacional que se instaló en el país el 24 de marzo de 1976 no sólo produjo la desaparición de personas sino que estableció un ordenamiento ideológico que tocó todas las aristas de la vida social. La Dirección Nacional de Publicaciones era uno de los organismos encargados de velar qué se podía publicar y qué no.
Aunque no hay datos precisos respecto de la pérdida que hubo, sí se sabe de un caso emblemático: la quema de 1,5 millón de libros que pertenecían al Centro Editor de América Latina, a mano de la Policía de Buenos Aires, hecho ocurrido el 30 de agosto de 1980. Pero también ocurría que se prohibían libros, como Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Borneman, en este caso del género infantil. La veda también alcanzaba a los colegios: en 1977, el Ministerio de Cultura y Educación publicó la circular “Subversión en el ámbito educativo (conozcamos a nuestro enemigo)”, un decálogo de qué lo que se debía y no se debía hacer en las aulas.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.