La Justicia no hizo lugar a una querella por calumnias e injurias que inició el director obrero del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), Gabriel Abelendo, contra una empleada, Eliana Berón, que en 2016, durante una conferencia de prensa, denunció las situaciones de acoso, abuso de poder y violencia que se ejercía sobre un grupo de los empleados del organismo, y en especial sobre las mujeres.

Las audiencias del juicio se desarrollaron entre el lunes 25 y el jueves 28 de junio últimos en Tribunales y este jueves el juez Rafael Martín Cotorruelo leyó el adelanto de sentencia. El magistrado absolvió de culpa y cargo a Berón por el delito de injurias que le reprochó Abelendo a través de sus abogados defensores, Vanesa Visconti, Candela Bessa y Julio Trillo, y condenó al funcionario del Iafas a asumir las costas del proceso: el pago de honorarios al defensor de Berón, Marciano Martínez ($41.000), y de sus abogados querellantes, en la suma de $11.000 para cada uno.

Durante la etapa del juicio, declararon empleados de Iafas, entre ellos Adriana Beber, con 12 años de trabajo en Iafas, que luego de sucesivos enfrentamientos con Abelendo, terminó trasladada de lugar de tareas y con sueldo reducido. “Me decía ´puta de mierda´, trataba a otros compañeros como ´drogadictos´o también a una compañera la llamaba como ´esa negra petera´”, alcanzó a mencionar antes de quebrarse.

Pero el juicio no fue para probar si Abelendo ejerció violencia o maltrato, sino para establecer si Berón incurrió en delito al haber hablado de lo que ocurría en Iafas. Abelendo sintió afectado su honor por sus dichos, y entonces la querelló.

Los fundamentos de la resolución se conocerán el martes 24 de julio, a las 12, según hizo saber el juez Cotorruelo.

Abelendo llegó al directorio del Iafas en representación de los trabajadores luego de imponerse en las elecciones de 2016 en representación de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Este mediodía de jueves, la sala de audiencias N° 1 de Tribunales se completó de público que asistió a la lectura de adelanto de sentencia –muchos, incluso, no pudieron ingresar por la falta de espacio- y al inicio de la lectura del adelanto de sentencia, Cotorruelo tuvo que suspender el trámite por el tumulto que se generó entre algunas militantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a las que no se les permitía ingresar. También, hubo quejas por el “cacheo”. Nadia Burgos, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), se quejó porque “hasta me revisaron el corpiño”. Ninguna mujer pudo ingresar con el pañuelo verde que identifica a la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito.

Intervino entonces Cotorruelo, permitió ingresar a más gente –“yo me hago cargo”, le dijo a los agentes de seguridad el magistrado- y recién entonces la audiencia se reanudó.

Cotorruelo explicó que quedó probado  -por los dichos de la querellada y los testimonios de los testigos- que Berón participó de una conferencia  de prensa  el 20 de octubre de 2016 en ATE, y que en esa ocasión señaló que ella y otras trabajadores de Iafas eran víctimas de los abusos de poder de Abelendo. “Las mujeres estamos siendo atacadas y no sabemos cómo defendernos”, recordó el juez que dijo Berón.

Eliana Berón se abraza con su esposo, Agustín Nigro; atrás, su abogado Marciano Martínez.

 

Y que en el ejercicio discrecional de su función de miembro de directorio de Iafas, Abelendo disponía traslados de personal, cambios de función, quita de beneficios laborales o mudanzas de ciudad. Además, que muchas de las mujeres del organismo “tienen miedo de hablar o de enfrentarlo”.  Cotorruelo señaló un dato no menor: que la querella habló de que hubieron otras expresiones de Berón, pero que no fueron expuestas en el juicio. Y por eso le recordó a los querellantes que “en el marco del proceso penal, la imputación de un delito tiene que ser clara para permitir el ejercicio del  derecho de defensa”.

El juez observó otra “deficiencia” en la querella: no se ha consignado en el objeto procesal el modo, tiempo y lugar que ocurrieron los hechos. “Pero no voy a sancionar con nulidad este proceso”, aclaró. Recordó que Berón nunca negó haber dicho lo que Abelendo le reprochó, pero que ello no constituyó delito.

Dijo que sus expresiones no constituyeron delito, y que más bien deben enmarcárselas en el derecho de libertad de expresión que tiene todo ciudadano. Y recordó el carácter de funcionario público de Abelendo, que por tanto está expuesto a los cuestionamientos y las críticas. “Una expresión injuriosa contra un funcionario, por más que sea falsa, queda desprovista de sanción punitiva”, aclaró.

A ninguna mujer se le permitió ingresar a Tribunales con el pañuelo verde.

 

“No se puede obligar a pedir pruebas de verdad porque no estamos frente a un delito. Nadie se puede amparar en la injuria para suprimir las críticas”, aseguró Cotorruelo, que hizo una fuerte defensa de ese derecho en su fallo.

“No se trata de asuntos privados. Lo hechos que relató Berón y los testigos solo pudieron ser cometidos como ejercicio de un poder, que no pertenece al particular, sino que le fue conferido. Y por lo tanto, como todo funcionario público, Abelendo debe rendir cuentas en forma permanente  -señaló Cotorruelo-. Los que ocupamos una función pública estamos expuestos a las críticas, y debemos rendir cuenta en forma permanente”.

“Las consecuencias que pudieron tener estas declaraciones  -presuntamente injuriosas- tampoco las convierte en asunto privado, si es que se afectó la fama o la honra. Si fueran falsas, cosa que no he analizado, o mal intencionadas, eso de ninguna manera las convierte en un asunto privado, sigue siendo público”, aseveró.

“Entiendo que la conducta de Berón deviene atípica, y por tanto no acarrea responsabilidad penal”, dijo el juez.

Cuando el juez concluyó su lectura, la sala estalló en aplausos del sector que había acompañado a Berón, que se abrazó, envuelta en llanto, a su abogado defensor, Marciano Martínez, primero, y después con su marido, Agustín Nigro.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.