Micaela García tiene 21 años y lo último que se sabe de ella es que pasadas las 5 de la mañana del sábado 1° de abril salió del boliche King, en Gualeguay, y se fue caminando hasta su casa.
Pero nunca llegó.
Micaela García es oriunda de Concepción del Uruguay, pero estudia profesorado de Educación Física en la sede Gualeguay de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).
En su búsqueda, se dieron los datos mínimos: que mide 1,63 metros, es de contextura física media y morocha.
Pasaron horas clave sin que nada se supiera, hasta que el martes las cámaras de seguridad privada de la zona próxima al boliche, y sobre el trayecto que hizo Micaela García al volver a su casa mostraron a un Renault 18 Break con vidrios polarizados merodeando la zona.
Los investigadores siguieron la pista de ese vehículo, y así la pesquisa derivó en la búsqueda de Sebastián José Luis Wagner (29), su dueño. Wagner purgó condena en la cárcel por la violación de dos estudiantes universitarias en Concepción del Uruguay, cometidas en julio y noviembre de 2010.
Hubo un tercer hecho del cual resultó libre de culpa y cargo por el beneficio de la duda: no se pudo determinar si fue él o su hermano gemelo, Maximiliano Wagner, por cuanto ambos comparten el mismo ADN.
El vehículo de Wagner fue encontrado el martes por la noche en un lavadero de camiones ubicado sobre la Ruta Nacional 12, en uno de los accesos a Gualeguay. Alguien, presumiblemente Wagner, se presentó el domingo y dejó el auto para lavar. Dos días después el hombre no había vuelto.
El vehículo en cuestión había sido divisado en varias filmaciones en el recorrido que hizo la joven desde la salida del boliche King Night Club, presuntamente, de regreso a su departamento.
El dato surgió del análisis de las 19 cámaras de seguridad públicas y privadas que el fiscal Ignacio Telenta solicitó a distintos comercios y particulares dentro del trayecto que se presume habría realizado la joven, desde la salida del boliche hasta que desapareció.
Hasta el momento, los investigadores han podido reconstruir que la joven se fue sola del boliche King, ubicado en calle Belgrano, entre 25 de Mayo y Sarmiento. Vestía una remera blanca, un short animal print y sandalias.
¿Por qué Wagner estaba libre si en 2012 había recibido una pena de 9 años de prisión por violaciones?
Salió antes en libertad.
Y quien dispuso esa medida fue el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi.
El juez dispuso esa medida aún en contra de las recomendaciones del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.
“Este Consejo Correccional emite opinión desfavorable en relación a lo peticionado por el interno penado”, dijo en su conclusión el informe de la Unidad 9 de Gualeguaychú, conocida como “Granja Penal” o “Colonia El Potrero”, donde pasó sus últimos días detenido Wagner, ahora prófugo, y que es de escasa vigilancia y para internos en período de prueba.
“Visto lo dictaminado en el informe del Equipo Técnico Criminológico de esta Unidad, donde se emite opinión desfavorable y que el interno, más allá de respetar las normas establecidas en esta institución y de cumplir con laborterapia a través del espacio laboral brindado por el establecimiento, en el aspecto educativo y psicoterapéutico (?) no se ha incorporado a los espacios que brinda la Unidad Penal”, agrega el documento que lleva la firma del director de la Unidad 9, alcaide mayor Ricardo Iglesias; el jefe de la División Industrial, adjutor Sergio Quintana; el jefe de la División Tratamiento Correccional, adjutor principal Alfredo Carballo; y del jefe de la División Cuerpo Penitenciario, subalcaide Hugo Imas.

Pese a este informe, el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, le otorgó a Wagner el beneficio de la libertad condicional el 5 de julio de 2016, aún cuando su condena a prisión expiraba el 16 de julio de 2018.
En esa resolución, el magistrado le impuso algunas condiciones: como fijar domicilio en una vivienda ubicada en el barrio Holanda, casa 3, Manzana 39 A-1, de Gualeguay y “abstenerse de frecuentar lugares nocturnos, consumir alcohol y estupefacientes”. También le ordenó “desempeñar una actividad laboral o profesional de conformidad a su capacidad y/o conocimiento o bien capacitarse cursando los estudios pertinentes”.

Otra de las restricciones era la de “abstenerse de mantener contacto alguno con las víctimas de los hechos por los que cumple condena y, en caso de concurrencia ocasional en la vía pública, mantenerse a una distancia mayor a los cien metros”. Además, el juez le impuso “realizar tratamiento psicoterapéutico por su problemática de violencia sexual y adicciones, debiendo el servicio social de la Unidad penal 7 orientar a dicho interno sobre el lugar de realización y periodicidad del mismo”.