Apagado ya el debate en torno a su continuidad o no, y luego de una licencia por estrés, el titular del Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, volvió hoy a su despacho a trabajar.

La novedad lo confirmó uno de sus abogados defensores, Guillermo Vartorelli. Junto a Miguel Ángel Cullen, Vartorelli asumió la defensa de Rossi ante el Jurado de Enjuiciamiento, que tiene siete pedidos de destitución del magistrado, a quien se le reprocha mal desempeño en su función por haber liberado, el 1° de julio de 2016, a Sebastián Wagner, principal sindicado como el autor del femicidio de Micaela García, en Gualeguay.

La chica, oriunda de Concepción del Uruguay, salió la madrugada del sábado 1° de abril de un boliche de Gualeguay con destino a su casa, pero nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado una semana después, el sábado 8, en un descampado. Entonces, las miradas cayeron sobre Wagner, que había tenido dos causas por abuso sexual y que estaba en libertad condicional, dictada por el juez Rossi.

El caso se ventiló en todo el país, y los reproches al juez no tardaron en llegar. El presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano, pidieron su destitución. El 19 de abril, durante una breve visita a Paraná, Macri volvió a ocuparse del magistrado. “Tienen que hacerse cargo de que ese poder (que tienen los jueces) debe ser utilizado para cuidar a los argentinos. Espero que con la salida del jury de este juez Rossi, los demás jueces entiendan cuál es el rol que tienen que cumplir. Porque la policía no puede vivir tratando de evitar los delitos”, señaló el Presidente.

Conforme se fueron apagando las voces que reclamaban el apartamiento de Rossi, el caso ingresó al cauce legal en el Jurado de Enjuiciamiento. Allí, los abogados defensores recusaron a cinco de sus miembros por haber hablado públicamente del caso, y así adelantaron sentencia. También, efectuaron los descargos ante cada una de las presentaciones.

 

Los descargos transitan una misma línea argumental ante cada uno de los pedidos de jury.

Así, en las actuaciones “Rossi Carlos Alfredo –Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Gualeguaychú- Denuncia en su contra formulada por el Senador Provincial Nicolás Alejandro Mattiauda–Expte. 224”, el magistrado hace notar que “se me endilga el haber otorgado la libertad condicional al interno condenado Sebastián José Luis Wagner , basándose las denuncias en que éste habría cometido el femicidio de Micaela García. Lo cierto es que dicho persona, si bien está imputada por el mencionado femicidio, aún pesa sobre él la presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano acusado de haber cometido un delito, hasta tanto recaiga sentencia firme que demuestre su culpabilidad con el grado de certeza que es requerido para condenar (Art. 18 CN) –hace notar–. Esta sola circunstancia basta –entiendo- para que se provoque el rechazo de las denuncias que pretenden el enjuiciamiento”.

 

Rossi apunta que “se debe ser muy cuidadoso al tratar las causales de recusación, porque está en juego nada menos que la forma republicana de gobierno, que establece la independencia de la función judicial, la que quedaría seriamente amenazada si cada decisión judicial pudiese ser atacada a través del mecanismo del jurado de enjuiciamiento”.

 

Pero enseguida hace notar que ante aquel fallo del 1º de julio de 2016, “no hubo presentación de recurso alguno contra la resolución que otorgara la libertad condicional al hoy sospechado, por lo que es lógico suponer que quienes detentan la acción pública entendieron que estaban ante un fallo debidamente fundado, ajustado a derecho, y acorde a la Jurisprudencia imperante.”

 

Lo que señala Rossi va directamente dirigido al fiscal Lisandro Beherán, que no apeló su fallo.

 

Más adelante, señala: “Va de suyo que, de resultar cierta la imputación que sobre Wagner pesa, deberá hacerse cargo de su responsabilidad y sufrir la pena que se le imponga. Pero pretender que la sola circunstancia de que una persona liberada retrotrae responsabilidad al Juez que dispuso su libertad, significa crear una suerte de responsabilidad objetiva que, de ser aceptada, significaría la completa desaparición de la posición del Juez como exclusivo contralor sobre la efectiva vigencia de las garantías constitucionales para la personas”.

 

Rossi sostiene que si el “hecho” que se le reprocha es el que describe la acusación, y consiste “en que, en mi actuación como Juez, dispuse la libertad condicional de Wagner, una decisión para la que me encontraba completamente habilitado por la legislación vigente; y este hecho debe irrogarme responsabilidad política y administrativa, la oportunidad de formular la denuncia no es esta; debería haber sido la de la fecha en la que el hecho que se me reprocha se hizo público mediante su concreción en una resolución Judicial”.

 

O sea, después del 1° de julio de 2016, cuando firmó aquella sentencia.

 

Y apunta: “De lo contrario no se me está reprochando el hecho propio, sino el hecho de otro. Es decir, una consecuencia, un resultado, completamente imprevisibles atendiendo al contexto de la decisión.  No se me puede reprochar ahora, en términos de propiciar el enjuiciamiento por mal desempeño,  que haya desoído informes técnicos cuando en ocasiones anteriores se me llamara la atención, precisamente, por atenderlos como vinculantes”.

Dice no entender si en la denuncia, de “manera genérica, y sin demasiadas precisiones”, los legisladores “entienden (y en base a qué criterio lo hacen) que dichos informes (los del fiscal y de su equipo técnico) deben ser vinculantes para el Juez, ya que como se expresó en la denuncia, finalizan sosteniendo que se trata de ´zonas oscuras´ que permiten interpretaciones erróneas”.

 

Al respecto, sostiene que “como previo se debe dejar aclarado enfáticamente que no es cierto que los informes emitían opinión desfavorable y aconsejaban la permanencia de Wagner en prisión”.

 

“Esto es absolutamente falso, ya que conforme surge del mismo fallo, se explica con claridad que Wagner ya se encontraba en la fase de salidas socio-familiares, y no existe en absoluto ningún tipo de cuestionamiento en dichos informes aconsejando la revocación de aquel instituto”, apunta.

 

“La denuncia basa su ataque en que los informes de los equipos técnicos son vinculantes para el juez de ejecución, y que por lo tanto no contando con las opiniones favorables, debe sin más negarse el derecho del penado de obtener la libertad condicional”, agrega.

Mas Rossi destaca que la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia “es sumamente ilustrativa sobre el punto, y no puedo dejar de tener presente estas decisiones del Superior Tribunal de Justicia pues se trató de la revisión de mis propias decisiones”, dice Rossi, y cita fallos que amparan su postura.

Respecto de los informes negativos del equipo interdiscplinario, señala Rossi, hablan de su consumo de sustancias y sus agresiones sexuales, y dice que “si realmente Wagner presentara ante los reiterados abordajes que se le han efectuado, una patología sexual que indicara riesgo hacia terceros, ó  problemas de consumo de sustancias que afectaran su libre interacción, de ningún modo se le permitiría egresar del establecimiento mediante el régimen de autogobierno, lo que efectúa desde hace más de un año y tres meses”

“Si los legisladores denunciantes, pretenden una sociedad que retroceda hacia una en que por el sólo hecho de ser acusado de algún tipo de delito deba computarse como antecedente negativo, fulminando el principio de inocencia y el derecho penal de acto, debo expresar que es mi más íntima convicción que debe ser rechazado enfáticamente por este Jurado de Enjuiciamiento”, plantea Rossi.

 

“La cautela en embarcarse en una ola de excesiva amplificación punitivista, llamada a respuestas fáciles y sencillas, justificadas por una legítima indignación popular; debería ser la piedra angular del desempeño de quienes tenemos que ejercer una función pública, sea en el ámbito que sea”, subraya.

“El hecho de que un juez no siga a una corriente predominante no puede significar causal de mal desempeño, o causal de inidoneidad por ignorancia manifiesta del derecho. Muchísimo menos, si estamos frente a una sentencia basada en los criterios, jurisprudencia y doctrina predominantes. Como se dijo anteriormente, la corrección de los posibles errores judiciales, debe darse en el marco de la actividad recursiva, ya que habilitar sin más el procedimiento de Enjuiciamiento para destitución de los magistrados, sería tanto como permitir socavar la independencia de la función judicial. Entiendo que fue por tal motivo que el acto judicial no mereció ningún reproche recursivo, y en consecuencia no fue revisado por ninguna instancia superior.”

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.