Ricardo Fabián Barreiro, también conocido como el “Jardinero K”, dijo sus últimas palabras ante el juez Correccional Nº 1 de Paraná, Pablo Vírgala, quien deberá juzgar si es culpable o inocente del delito que falsificación ideológica de documento público.

El empresario santacruceño reiteró lo que había dicho en la primera jornada del juicio, que se llevó a cabo el lunes: que no sabía que era funcionario del Estado provincial, y que por lo tanto no había incompatibilidad para presentarse en una licitación pública.

En sus últimas palabras, el empresario kirchnerista se mostró más vehemente y le habló directamente al fiscal Alejandro Joel Cánepa, quien minutos antes había pedido que se lo condene a dos años y tres meses de prisión condicional, más cuatro años y medio de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

En su alegato, el fiscal planteó que resultaba inverosímil la versión de Barreiro acerca de que no conocía de su designación como coordinador ad honorem de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), el organismo que a su vez encabezaba su amigo militante Sebastián Lorenzo. También calificó como una “ofensa a la lógica” las versiones dadas por el ex ministro de Cultura y Comunicación y actual diputado del FPV, Pedro Báez; y la del propio Lorenzo.

A su vez, el representante del Ministerio Público Fiscal aseguró que era extraño que un empresario como Barreiro, con título universitario, con acciones en varias empresas y que tenía contacto con altos funcionarios del Gobierno de los Kirchner, no haya leído la planilla de declaración jurada del Registro de Proveedores en la que se consignó que no era funcionario. “Yo firmé la última página, no es la letra mía la que está en la declaración”, afirmó el lunes el Jardinero K, donde además dijo que se sentía “triste” por el proceso judicial en su contra.

Este martes, el empresario volvió a afirmar que se siente mal por la situación que atraviesa en la Justicia. “Sigo triste, ya que se habla de supuestos, de que yo debería saber tal o cual cosa por mi inteligencia y capacidad. ¿Por qué? ¿No puedo ser un ignorante?”, sostuvo.

Y agregó en relación a la exposición del fiscal Cánepa: “Traen la retórica del derecho internacional, yo lo que quiero es prueba, prueba señor fiscal y usted no trae ningún tipo de prueba de que yo haya sido funcionario. El expediente dice claramente que no lo soy”.

Por último dijo: “Creo en la democracia, creo en la Justicia, creo en la Constitución pero también creo que los funcionarios públicos no deben participar en ninguna influencia en el gobierno, deben actuar con justicia, esto es lo que espero. Y que esto no se transforme en un circo romano o en la Inquisición, donde se acusa con un dedo y se ejecuta con otro dedo. En la Inquisición se decía aquella persona es bruja y se la ejecutaba por ser bruja y no existía democracia”.

Tras las palabras del empresario imputado, el juez Vírgala tomó la palabra para hacerle una aclaración: “Quiero que sepa que si mi sentencia es condenatoria o no se va a basar en los hechos. Me parecen despreciables los calificativos de `El Jardinero K´; para mí, es absolutamente irrelevante, yo no lo juzgo a usted por quien dicen que es”.

“Quiero que esté tranquilo; sea cual sea la sentencia, voy a juzgar según lo que lo acusan, no por lo que dicen de usted”, finalizó el magistrado.

El veredicto se conocerá a las 8 el próximo martes.


Al santacruceño se le atribuye que el 1 de octubre de 2012 introdujo en la declaración jurada del formulario del Registro de Proveedores de Entre Ríos la aseveración de que no era funcionario, a pesar de que existía un decreto provincial por el cual se lo designó como coordinador, ad honorem, del Centro Experimental de Industrias Culturales (Ceicer), que estuvo a cargo de su amigo de militancia, Sebastián Lorenzo. El centro estaba bajo la órbita del Ministerio de Cultura y Comunicación, entonces al mando de Pedro Báez, hoy diputado provincial del FPV. El delito es falsificación ideológica de documento público.

La designación de Barreiro en el Ceicer fue el 15 de agosto de 2012; en tanto que su ingreso al Registro de Proveedores del Estado, con el número 4.711, fue el 17 de octubre, es decir, dos meses después. En ese trámite se lo acusa de haber omitido decir que era funcionario provincial, para poder presentarse en una licitación pública de la Dirección de Turismo Social, dependiente del Ministerio de Turismo.

Cuatro meses después del nombramiento, en diciembre de 2012, su empresa RP Transportes SA le cobró al Estado provincial 220.000 pesos para trasladar estudiantes secundarios de la capital entrerriana al complejo de Tecnópolis, en Villa Martelli, Buenos Aires.

En el juicio que se sustancia en la justicia entrerriana se conoció una novedad que había pasado inadvertida: el pliego de la licitación en la que se presentó Barreiro fue adquirido por Aníbal Beorda, quien en ese entonces era director del Departamento de Competitividad del Ceicer. El joven funcionario está al frente del organismo desde 2015 cuando dejó el cargo su amigo Sebastián Lorenzo.

 

 

Gonzalo Núñez

Especial para Entre Ríos Ahora.