La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia Político e la Cámara de Diputados, que preside el jusiticialista Diego Lara, dio ingreso al pedido de desafuero formulado por la Justicia para el presidente del cuerpo y exgobernador Sergio Daniel Urribarri y el exministro de Cultura y Comunicación y actual legislador Pedro Ángel Báez.

Los pedidos de desafuero ingresaron al recinto en la última sesión de la Cámara de Diputados, el martes 22, y fueron girados a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Lara de momento no ha convocado a la Comisión de Juicio Político para tratar el desafuero. “Hace días que no se lo ve por acá”, confesó un diputado de Cambiemos.

“Gustavo Maldonado, Juez de Transición N° 2, se dirige a usted en los autos número 48904, caratulados “Urribarri Sergio Daniel – Báez Pedro Ángel – Buffa Germán Esteban s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, a fin de solicitar el desafuero de los diputados provinciales Sergio Daniel Urribarri y Pedro Ángel Báez”, dice el texto que llegó a la Cámara Baja.

La nota está fechada el 14 de mayo, y el día 15 de mayo tuvo su ingreso en la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados, y argumenta el pedido de desafuero por “haber quedado firme el procesamiento dictado en los autos de referencia en fecha 28/02/2018, en virutd de lo resuelto por la Excma. Cámara de Juicios y Apelaciones”. La firma el juez Maldonado, el mismo que dictó el procesamiento de Urribarri, Báez y Buffa en marzo último.

 

La causa en la que están procesados Urribarri, Báez y el empresario pizzero Germán Buffa se abrió en 2013 tras una denuncia del diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D’ Agostino. El legislador cuestionó el otorgamiento de una publicidad oficial por parte de Urribarri/Báez a la firma Global Means SA, de la cual fungía como presidente Buffa, un mes antes de que esa empresa tuviera existencia legal.

Recién en 2017, la fiscal Viviana Ferreyra los imputó y solicitó al juez de Transición que les tome declaración indagatoria.

Urribarri estuvo en Tribunales el miércoles 21 de febrero de 2017,  buscó esquivar a la prensa -llegó a las 7- y no declaró: sólo se limitó a entregar un escrito al juez. Lo mismo hicieron el lunes 26 de febrero Báez, y el martes 27, Buffa.

Pedro Báez.

 

El procesamiento es una figura judicial que ya no existe: la causa que se le sigue a Urribarri por manejo irregular de la publicidad del Estado se tramita por el sistema penal antiguo, en la que el juez, y no el fiscal, es el que investiga. En el sistema actual, equivale a la petición del fiscal de remisión de la causa a juicio. Es considerado como un juicio de probabilidad delictiva.

En su declaración de imputado -formulada por escrito-, Urribarri señaló: “En principio debo negar categóricamente haber cometido alguna ilicitud mediante la conducta que se me endilga o mediante cualquier otra”.

 

El procesamiento de los tres fue confirmado el 27 de marzo pasado por un tribunal conformado por los camaristas Gervasio Labriola, Alejandro Grippo y Gustavo Pimentel.

Durante una audiencia “in voce” que tuvo lugar el 20 de abril, la fiscal Matilde Federik pidió la confirmación de ese procesamiento y fue al hueso de la cuestión no sólo al reafirmar lo que antes, y en otra causa, ha planteado el Ministerio Público Fiscal, respecto a que el empresario pizzero Germán Buffa es “testaferro” del exministro Báez, sino que aseguró que la empresa Global Means SA, que se benefició con una pauta de publicad oficial en 2011, es parte del patrimonio del diputado provincial.

Se trata de la empresa Global Means SA, del empresario Germán Buffa, quien a su vez maneja una franquicia en Paraná de Planeta Pizza, integra el directorio de Sociedad Anónima Entre Ríos (Saer) y está sindicado como ser “testaferro” del actual diputado Báez en una causa por enriquecimiento ilícito. Ante un tribunal conformado por los camaristas Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo, los defensores Raúl Barrandeguy, Marcos Rodríguez Allende y Candelario Pérez (Urribarri) e Ignacio Díaz (Báez) pidieron el sobreseimiento de sus representados, o, en su defecto, que se dicte la falta de mérito.

Sergio Urribarri y Diego Lara, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Esa hipótesis le sirvió a la fiscal Federik para establecer cómo fue que Global Means SA haya podido acceder, aún sin haber sido constituida formalmente como empresa, a un contrato de publicidad con el Gobierno de Urribarri.

El pedido de desafuero de Urribarri y Báez ya tiene un primero voto positivo del bloque de diputados que preside Gabriela Lena, y que integran Sergio Kneeteman, Fuad Sosa, Jorge Monge y José Arturis. Ante la consulta de Entre Ríos Ahora, Lena confirmó que su bloque dará el voto para el desafuero de los dos legisladores oficialistas.

 

“Si bien los fundamentos del procesamiento (dictado por Maldonado) son escuetos no por ello son menos sólidos. Son inconmovibles”, afirmó Federik en la audiencia del 20 de abril último. La representante del Ministerio Público pidió confirmar el procesamiento de Urribarri y Báez, que dictó el juez Maldonado, por entender que en el otorgamiento de una publicidad oficial por $118 mil, en julio de 2011, Urribarri y Báez direccionaron esa pauta hacia Global Means SA. Aún a sabiendas de que en ese momento esa empresa no tenía existencia real. “Lo que se direcciona es la contratación pública hacia una empresa inexistente en aquel momento”, subrayó.

El modo cómo se aprobó esa publicidad llevó a la fiscal Federik que esa contratación se  explica de una sola manera:  Báez es propietario de Global Means SA. O sea, que actuó de los dos lados del mostrador: otorgó la publicidad y la cobró él mismo.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.