El ex comisario de la Policía de Entre Ríos y ex perito balístico del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Antonio Vitali, fue procesado el 23 de agosto por el juez de Transición Nº2, Pablo Nicolás Zoff, en otra causa por el supuesto robo de armas ocurrido entre los años 2008 y 2011.

A Vitali se lo procesó por el supuesto delito de peculado y falsificación de documento privado en concurso real, en una causa que surgió tras una denuncia que formuló en abril 2012 el juez Mariano Martínez, en ese entonces en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Concepción del Uruguay, hoy integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de esa ciudad.

Las armas sustraídas, y por las que fue procesado Vitali, son 5: una escopeta, calibre 22, marca “Amadeo Rossi SA 12 GA. Full; una carabina semiautomática, calibre 22 Magnum, marca “The Marlin Firearm Md Nort Haven Ct-USA”, con mira telescópica; una carabina calibre 22 Magnum, con mira telescópica; una carabina calibre.44-40, marca “Winchester”, modelo “1892”, industria estadounidense, con mira telescópica; y una carabina semiautomática calibre 22 largo, marca “Norinco” modelo “JW-20”, industria china, con mira telescópica marca “Silver Antler”.

Esas armas habían sido entregadas a Vitali por el Juzgado de Instrucción Nº2 de Concepción del Uruguay, con el fin de que se les practique el peritaje de rigor; pero nunca más se supo de ellas. En marzo de 2011. el juez Martínez le solicitó al perito que devuelva las armas, y Vitali presentó un acta de entrega a un funcionario policial que nadie pudo localizar. El agente no existe.

Ante la falta de las armas, el magistrado –hoy integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay- denunció que en agosto de 2008 las mismas fueron enviadas a Vitali para un peritaje, pero que nunca fueron devueltas.

Ese expediente resurgió cuando el perito fue imputado en 2016 por la faltante de armas del edificio de Tribunales de Paraná, causa en la que está pronto a ir a juicio y en la que tres imputados acordaron penas de prisión condicional.

Sustracción y falsificación de documento


A Vitali se le imputaron dos hechos, pero sólo fue procesado por uno. Por la segunda sustracción o desaparición de armamento –entre 2008 y 2013- el juez Zoff dictó la falta de mérito porque no se lograron indicios para acusarlo de que haya sustraído las armas y municiones. Por la primera acusación, el juez lo procesó ya que entendió que sí existen indicios para establecer que hubo una maniobra –que incluyó la supuesta falsificación de documentos- para sustraer las armas. La fiscal que entiende en esta causa es Laura Cattaneo.

La fiscalía le imputó que habría falsificado el acta y el oficio del juzgado haciendo constar que entregó lo solicitado el 17 de diciembre de 2008. Para los investigadores, el profesional habría procedido a falsificar documentos mediante una “técnica de collage a la que luego le sacó fotocopia, haciendo aparecer como que él mismo se había librado en los autos mencionados y ordenaba la entrega de las armas a la comisión policial que designe la Jefatura de policía de Concepción del Uruguay; pretendiendo con esas maniobras de falsificación engañar al organismo judicial y lograr la impunidad por la sustracción que había consumado”.

Las pericias documentológicas que se practicaron sobre los escritos presuntamente falsificados no han podido corroborar que el oficio del Juzgado haya sido falsificado, pero tampoco se descartó esa posibilidad.

Vitali es asistido por los abogados Iván Vernengo y Damián Pettenati. En la primera citación a declaración indagatoria, que fue el 9 de febrero de este año, el perito se abstuvo de declarar. Más tarde solicitó hacerlo, cosa que ocurrió el 5 de abril de este año. En esa declaración. sostuvo: “Respecto a las armas faltantes me parece ridículo, irrisorio y estúpido, que yo habiendo peritado las armas, habiéndome hecho cargo de la guarda hasta su retiro, las haya hecho desaparecer, porque sí o sí hubiese sido responsable del mal desempeño de mi profesión, y como dije en la declaración testimonial en esta causa, ahora ya más de 20 años de profesión, jamás me faltó ni una vaina…”. Sus abogados pidieron el sobreseimiento luego de esa declaración.

Tras analizar la acusación de la fiscalía, los testimonios y las diferentes actuaciones judiciales, el pasado 23 de agosto el juez Zoff dictó el procesamiento de Vitali por uno de los hechos; y dictó la falta de mérito por el segundo. En su resolución, el juez sostuvo que “es posible establecer, con el suficiente grado de probabilidad exigido en esta instancia procesal, que tanto la materialidad como la intervención del incurso como autor del mismo se encuentran acreditadas”.

Más adelante, con respecto a la autoría de Vitali, tanto en la presunta adulteración del documento público como a la sustracción de las armas de fuego, el juez reconoció que carece de testigos pero señaló que se puede probar el delito mediante pruebas indirectas e indicios.

Sobre ese punto, señaló Zoff: “Si bien debo reconocer que carezco de testigos que de manera directa hubieren observado las circunstancias que debidamente le fueran intimadas, sabido es que en el proceso penal rige el principio de libertad probatoria lo que significa que todo se puede probar y por cualquier medio, con las limitaciones relativas al estado civil de las personas, la moral, buenas costumbres y respecto a las garantías constitucionales que rigen en un Estado de Derecho, cobrando especial relevancia en casos complejos como el que se analiza la prueba denominada indirecta, constituida aquí por una multiplicidad de indicios concordantes que explican racionalmente la intervención del enjuiciado en el suceso criminoso bajo análisis”.

En esa dirección, el magistrado explicó que “los indicios son utilizados y permiten establecer elementos de contacto entre hechos desconocidos y aquellos conocidos, siendo aceptados como plena prueba, resultando una fuente importante de conocimiento”.

Por todo ello, dictó el procesamiento de Vitali por el supuesto delito de peculado y falsificación de documento privado en concurso real, por el primero de los hechos. Además, confirmó la excarcelación y trabó un embargo e inhibición sobre los bienes de Vitali hasta cubrir la suma de 500 pesos.

Asimismo, libró un oficio al Registro Provincial de Armas (Repar) haciéndole saber que se interesa el secuestro de las armas de fuego que faltan; y dictó la falta de mérito para procesarlo o sobreseerlo por el delito de peculado por el segundo de los hechos en los que fue imputado.

En otro punto de su resolución, el juez Zoff solicitó al fiscal Ignacio Aramberry la remisión de la totalidad de los libros de registro, caja de oficios que serían de Vitali, CDs con back ups y computadoras “que hayan sido peritadas, material correspondiente a la Oficina Pericial que tenga secuestrado a su disposición”.

Cabe recordar que el perito balísitico está cerca de ir a juicio por el robo de armas –para su posterior venta ilegal- de la sección Depósito de Efectos Secuestrados del edificio de Tribunales de Paraná. Esta causa estalló en 2016 y el fiscal a cargo de dicha investigación fue Ignacio Aramberry.

En diciembre de 2016, en este legajo, tres imputados acordaron tres años de prisión condicional luego de alcanzar un acuerdo con la fiscalía en un juicio abreviado donde reconocieron que vendían las armas en el ambiente delictivo. Ellos fueron Mauro Maximiliano Bertoni (35 años), empleado judicial; Mario Alberto López Alonso, (29 años), y Eduardo Ramón Borgogno (45).

 

 

Gonzalo Núñez

Especial para Entre Ríos Ahora.