El Procurador General de Entre Ríos, Jorge Luciano Amilcar García, puso fin a su cauteloso silencio y brindó una entrevista luego de la resolución del Jurado de Enjuiciamiento que desestimó iniciarle un jury por mal desempeño. El dictamen fue por la denuncia que formuló a fines de 2018 el abogado Carlos Guillermo Reggiardo.

García reiteró su rechazo a los cargos esgrimidos por el letrado y también a la vía escogida: dijo que, según su interpretación de la Constitución, y ante un vacío legal, su conducta debía ser analizada en un juicio político por la Legislatura y no por el Jurado de Enjuiciamiento.

Por otra parte, habló del avance de las causas de corrupción y se refirió especialmente a la causa por los contratos truchos de la Legislatura, en donde se investigó una estafa al erario público que la Fiscalía asegura que asciende a $2 mil millones en el período 2008-2018.

Sobre este expediente, iniciado en septiembre de 2018, reconoció que habrá un recorte en la investigación penal, que finaliza con los actuales imputados. Así, se elevará a juicio una primera parte, con un corte en el nivel de responsabilidades hasta los mandos medios de la Legislatura, y dejó abierta la posibilidad de que haya una segunda causa por los contratos truchos. Una especie de Causa Contratos 2.

El eventual corte de la causa sin alcanzar a los presidentes de las Cámaras de la Legislatura ya ha generado rechazo entre la defensa. Fue el abogado José Velázquez quien rechazó la posibilidad de que sólo se enjuicien a los “perejiles”, como los denominó. “Esta causa no se puede elevar a juicio así. Además de que nos opondríamos, aun así entiendo que por la calidad de personas que son los fiscales no la van a elevar a juicio a esta causa. Los fiscales no la van a elevar. Para mi van a seguir investigando. Creo que ha habido mucho ruido. Saben que es una causa de alto voltaje, y que este secretismo ha creado mucha suspicacia”, sostuvo Velázquez.

Pero la postura de la Procuración es bien otra.

“Es muy raro, porque no es frecuente que se trate de enjuiciar a la figura del Procurador General, que es el rol más importante del Ministerio Público Fiscal, con la particularidad que el cargo en sí fue una de las innovaciones más importante de la reforma Constitucional de 2008, que cambió la figura del tradicional fiscal”, dijo y agregó que el fiscal es una figura que representa al colectivo social “dándole la titularidad del la acción penal”.

“En las cuestiones propias de la reforma no se había señalado expresamente qué organismo de la Constitución iba a enjuiciar al Procurador y Defensor, entonces hay un vacío constitucional. Tampoco está indicado ni en la ley de Ministerio Público y Enjuiciamiento; el jury tampoco lo indica”, aseguró durante una extensa entrevista con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1.

En esa línea, planteó que la reciente resolución del Jurado de Enjuiciamiento no termina de saldar el debate sobre qué organismo es competente para juzgar al Procurador General: si el Jurado o una Corte de legisladores en el marco de un juicio político como estuvo cerca de realizarse a Carlos Alberto Chiara Díaz, exvocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

“Es muy probable que esto deba ser zanjado por una ley interpretativa porque se puede dar el caso ante otra presentación en contra del Procurador o el Defensor, que se hiciera ante el juicio político, ante la Cámara de Asuntos Constitucionales –de Diputados-, y que ellos también se declararan competente y estaríamos en el mismo supuesto”, dijo.

En cuanto al abogado Carlos Reggiardo, que fue quien lo denunció, García dijo no conocerlo y le restó valor a su presentación. “Nunca lo he visto en mi vida, no lo conozco, ni siquiera se dé su actuación porque no ha actuado en el ámbito penal”, afirmó.

El recorte en la causa contratos truchos


Por otra parte, el Procurador se refirió al avance de las causas que tiene en el centro de investigación los delitos contra la Administración Pública, y mencionó especialmente el caso de los contratos truchos de la Legislatura.

Al respecto, sostuvo que el Ministerio Público Fiscal recibió ataques por partes de abogados defensores de los imputados, y pidió respeto en el marco del proceso.

“Reclamamos un fair play (juego limpio), un debate procesal que sea de los mejores argumentos en el marco del respeto. Creemos que lo que hacemos es absolutamente respetuoso de la ley”, dijo y agregó que la Procuración tiene como prioridad investigar los delitos de corrupción.

“Creo que Argentina no tiene destino si la clase dirigente no abandona definitivamente las practicas de corrupción para hacer política. Esto lo dicen las convenciones internacionales contra la corrupción”, remarcó el Jefe de Fiscales.

En referencia a la causa contratos, destacó que una muestra del avance de la investigación se observa en los embates que reciben desde sectores que están involucrados seriamente en el caso: “Si nosotros no hiciéramos nada sería preocupante. Una señal que hacemos las cosas bien es que todos nos atacan, esa es la mejor garantía”, se jactó.

En esa dirección, García dijo que la causa contratos se inició por casualidad cuando se encontró una “cueva” de financiamiento irregular de la política. “Se descubrió una asociación ilícita que estaba destinada a cobrar contratos simulados, y que era inclusive emanado por dos entidades de contadores públicos. Esto tiene su correlato normativo con la responsabilidad de los administradores contables de cada uno de las Cámaras (Senado y Diputados). Esto no tiene nada que ver con los contratos que cada legislador tiene en el ámbito de sus potestades. Son contratos de personas que prestan su colaboración con el legislador de turno. Acá todo es ficticio, es una asociación ilícita de simulación, por eso el peculado se hace a través de una simulación: cobran de cheques bancarios y explota cuando en esta última gestión se bancariza la maniobra. Los que cobraban los dineros tenían que ir con varias tarjetas para logar la cantidad de dinero que tenían que sacar”, explicó.

Asimismo, resaltó que se está ante un “conglomerado” que “que culmina en su norma de competencia con los administradores contables y las autoridades de cada Cámara vinculadas con lo contable y un Tribunal de Cuentas que miraba para otro lado”.

“Esta es la primera parte de la causa”, reconoció García y planteó que si siguen investigando las responsabilidades de tipo imprudente por parte de los legisladores la causa se “elevaría en 2030”. “Esta causa que está absolutamente probada es la que elevamos a juicio. Una vez obtenida la condena veremos la responsabilidad de otras personas”, manifestó.

— ¿Entonces va a haber una causa contratos 2?

— Es probable, pero lo que tenemos que verificar primero es que logremos la condena en Contratos 1. Estamos terminando, puliendo los detalles probatorios para no dejar ningún flanco débil a las defensas que van a hacer su tarea como vienen haciendo.

—Durante la investigación se conoció una relación comercial de la Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche con uno de los acusados, el contador Pedro Opromolla, ¿por qué no se apartó antes?

—Hay una confusión que embarra la situación. El fiscal no es el juez, esto quedó muy claro en la reforma de 2008. Es parte, representa a los intereses del colectivo. El juez es el imparcial. La excusación de un fiscal es una cosa muy rara, porque su tarea es acusar, no tiene la tarea de ser imparcial y decidir entre las opciones de la defensa. Cuando se planteó esta situación en absoluto había ningún vinculo con uno de los acusados, eso lo explicó la Procuradora Adjunta, de cuya honestidad nadie puede dudar. Este señor que está acusado va a terminar sus días en prisión, su carrera profesional va a finalizar. Hablar que quería (Goyeneche) beneficiar a un amigo, a quien acusó, le allanó el estudio contable es un poco gracioso. Los sectores que planteaban la excusación no son los abogados del contador y entonces es medio ridículo. Lo que ocurrió es una cosa distinta: en una negociación anterior en los años apareció una propiedad que es de Goyeneche, y ahí ella tenía que tratar de recuperar ese porcentaje que aparecía como titularidad de este señor (por Opromolla). Allí es donde generó que deba excusarse.

— ¿Esta situación no enturbió la causa?

—En absoluto. Para este contador esto es la pena capital.

—Algunos defensores plantean que la causa de los contratos alcanza a una pequeña parte de la organización del financiamiento de la política, y que aún está funcionando.

—Ahí hay una confusión, a veces interesada. Es una falacia muy común, que en latín se dice ‘tu quoque’, que quiere decir ‘tú también o tú más’. Por ejemplo, que alguien diga ‘me pueden condenar a mi por homicidio porque Videla mató a 30 mil personas’. Esto es lo que circula en el lenguaje político y quizás a veces en los medios.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.