El Procurador General de la provincia, Jorge Amilcar García, dio una alegato contra la corrupción el jueves, en el marco de la audiencia de Casación en la que el ex legislador y embajador en Cuba del kirchnerismo, Raúl Taleb, solicitó que se revoque la condena que se le impuso en 2016 por enriquecimiento ilícito.

“Se terminó el modelo de aceptación de la corrupción”, sentenció García en su larga exposición en la que se refirió a los Panamá Papers, la corrupción en el gobierno del presidente Mauricio Macri, al kirchnerismo y a las causas locales por corrupción que involucran a funcionarios. En ese marco, defendió a la renunciada Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

García respondió extensamente ante un comentario que formuló el abogado defensor de Taleb, Julio Federik, quien pretendió minimizar el ilícito de su defendido. “Tampoco estamos hablando de los 7 millones de dólares que tiraron por arriba del tapial”, afirmó el letrado cuando solicitó revocar la sentencia condenatoria, minimizando el ilícito del ex legislador en comparación con los millones que arrojó en el convento, en 2016, el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López.

En primera instancia, García le dio la razón al decir que la causa de marras no es similar a los Panamá Papers o a los casos que rozan al gobierno de Macri, pero rechazó la expresión al considerarla una “falacia lógica”, porque pretende relativizar el delito en comparación con la de “otros”.

El jefe de los fiscales también pidió hacer una autocrítica como integrante del Poder Judicial. Sostuvo que durante el kirchnerismo “todos sabíamos en qué juzgado caían las causas y morían eternamente” y afirmó que ahora “se terminó el modelo de aceptación de la corrupción”.

En otros pasajes de su intervención mencionó a dirigentes locales condenados por hechos de corrupción, como el ex intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi; el ex senador Mario Yedro; el ex secretario de Reforma y Control de Gestión de Jorge Busti, Oscar “Pacha” Mori; y aquellos que están actualmente investigados, como el diputado y gremialista de UPCN, José Allende, y el ex titular de Sidecreer, Juan José Canosa.

El contrato social


“Ciertamente quiero comenzar dándole la razón al doctor Federik. Esto no es quizás los Panamá Papers, por lo cual deberá responder el actual presidente por sus vinculaciones a los ilícitos y tampoco es el blanqueo de millones de dólares de las empresas del Presidente; ni tampoco es el Macricaputismo (en relación al empresario amigo del jefe de Estado nacional, Nicolás Caputo), por eso la desesperación por sacarla a la Procuradora General –Gils Carbó- porque tiene los datos de Odebrecht y el Lava Jato y todas las empresas que pertenecen al señor Presidente, y no va a poder decir, como dijo –el Presidente- en el caso del Correo, volvemos a foja cero. Sería el más escandaloso fraude a la administración pública nacional”.

Así arrancó García su exposición en la audiencia de la causa Taleb. En el eje de su planteo resaltó que los funcionarios públicos tienen el deber de informar en su declaración jurada todo lo que tiene y los movimientos que realiza, como parte del contrato de transparencia con el ciudadano. Si no lo hace, rompe ese mandato. Para García, Taleb, al igual que otros dirigentes, quebrantaron ese “deber positivo” del funcionario.

“También es verdad que caemos en la falacia lógica –continuó García- que Aristóteles en refutaciones sofísticas mencionaba como ‘tú también o tu más’, o ‘tu quoque’, en latín. Quizás si comparamos con Yedro, Taleb no compró un campo; si decimos Rossi, Taleb no tenía fondos en el Uruguay como sí se les descubrieron a Rossi”.

“El ‘tú también, tú más’ no quita para nada la ilicitud de la conducta”, remarcó y agregó que “no podemos decir que me deben absolver del homicidio porque Videla mató 30 mil, más allá de que ahora la regresión está queriendo poner en duda si fueron 30 mil o más”.

La corrupción en la comarca


En otro tramo de lo que se convirtió en un alegato contra la corrupción, García puso énfasis en que en las “pequeñas aldeas” –como la entrerriana- toda la sociedad sabe de los movimientos sospechosos en los que muchas veces están involucrados los funcionarios.

“Somos pequeñas aldeas, y en las pequeñas aldeas aún se recuerda cómo (Oscar) Mori contaba los sábados en el Flamingo todas las tropelías que hacía en el ámbito de la administración pública, que finalmente lo llevaron a la condena; donde era sabido lo que hacía (Domingo Daniel) Rossi con los fondos –en Uruguay-, y cuando se quiso dedicar a ser el Don Juan, y su ex mujer le manoteó los papeles y ahí se inició la causa por enriquecimiento ilícito”, dijo y acto seguido comentó que todos en Diamante conocían que Taleb efectuaba préstamos con dinero “que no podían entenderse con su función”.

 

 

A renglón seguido, el jefe de los fiscales de Entre Ríos aludió a la corrupción del kirchnerismo y pidió hacer una autocrítica por las causas que morían en algún juzgado. “Lo mismo pasaba con las causas de corrupción en años anteriores. Tenemos que hacer la autocrítica en el Poder Judicial porque todos sabíamos a qué Juzgado de Instrucción caían las causas y morían eternamente. Se terminó el modelo de aceptación de la corrupción”, sostuvo.

Antes de cerrar su discurso, en el que pidió que se confirme la condena a Taleb, mencionó que actualmente existe una “paradoja terrible” que es que el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, “aún tenga pendiente un hecho ilícito aberrante como fue el Mega Canje” en el gobierno de Fernando De la Rúa.

“Cobraron terribles comisiones con una afectación al patrimonio nacional. Esto los va a perseguir toda la vida, porque es muy difícil investigar la corrupción y muchas veces los operadores no están capacitados y otras no tienen ganas”, admitió, al tiempo que afirmó que la lucha contra la corrupción “fue una brega constante” de su gestión en el Ministerio Público Fiscal.

Más tarde señaló que todos los funcionarios públicos tienen el “defecto” de no declarar sus bienes, e incluyó en la lista al diputado José Allende y al ex titular de Sidecreer, Juan José Canosa, ambos investigados por enriquecimiento ilícito. “Lo que marca la ley desde el año 1953 es cómo deben hacerse las declaraciones en orden al lugar de transparencia, al deber positivo. No es ir a declararle a cualquiera como pretendió hacer Canosa. La declaración se hace en Contaduría General, en sobre secreto y con una cantidad de ítems”, indicó.

 

Enseguida, añadió que todo debe ser declarado: “Si nos ganamos la quiniela tenemos que decirlo, si sacamos un crédito tenemos que decirlo, si nos compramos una casa lo tenemos que decir, si compramos un auto también. Todo eso tenemos hay que transparentarlo porque es la garantía del ciudadano, del soberano, y si no lo hago quebranto el deber positivo de hacerlo”.

En ese tramo, sostuvo que por esa falta “Allende va a ser condenado en algún momento, porque él la plata la saca de la caja negra de UPCN y no puede justificar con el sueldo de diputado. Eso es lo que le pasa generalmente a la financiación ilegal de la política”.

“El día que la dirigencia política se dé cuenta que tiene una espada de Damocles arriba va a cambiar eso. Porque no se puede decir ´me dieron 500 mil dólares´ y que me lo dieron porque sí. Esto pasó también con Rossi, y así le fue. Son deberes absolutamente reglados en cuanto a la transparencia y la necesidad de ponerlos en blanco”, planteó.

Los tiempos de la Justicia


Al final de la audiencia, ante una consulta de Entre Ríos Ahora, el jefe de fiscales admitió que la Justicia es lenta en la investigación y juzgamiento de casos de corrupción “porque se juzga a la persona con todos los derechos”. “Esto es distinto del mundo mediático y político donde todos los enfrentamientos tiene que hacerse en tiempo real. Entonces pareciera que la justicia es lenta, porque tiene los tiempos de la justicia”, sostuvo.

“Todas las personas que están sospechadas de actos de corrupción, cuando pierdan el poder la Justicia va a estar procesando esas situaciones y no van a tener posibilidades de escaparle a una segunda condena”, subrayó.

Preguntado sobre la renuncia de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se mostró preocupado por la estabilidad del cargo a partir de los cambios en el Ministerio Público Fiscal que impulsa el Gobierno nacional. “Me preocupó la situación de la Procuradora, inclusive un fallo de un juez que señaló que el cargo no tiene la misma estabilidad que un miembro de la Corte, lo cual surge en el artículo 120 de la Constitución Nacional. El Procurador que designen ahora no puede tener la debilidad de poder sea removido por decreto. Eso es una debilidad enorme en un organismo tan fundamental para la Nación”, cerró.

 

 

 

Gonzalo Núñez

Especial para Entre Ríos Ahora.