Es una verdadera  comedia de enredos lo que ocurre con las causas penales que involucran al exgobernador y ahora confirmado presidente de la Cámara de Diputados Sergio Daniel Urribarri. Se trata de tres investigaciones sobre supuestos delitos de corrupción de su gobierno que se habían unificado con un denominador común, la probable malversación de fondos bajo la figura penal de peculado por la utilización de fondos del Estado para financiar la campaña presidencia denominada “Sueño Entrerriano”.El Ministerio Público Fiscal había resuelto unificar tres grandes causas judiciales contra Urribarri y parte de su elenco de gobierno y había conformado un megaexpediente que incluye: la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” García, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones.Así, unificadas, las elevó para su remisión a juicio. Pero esas tres causas unificadas fueron separadas por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), un organismo judicial que depende de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). La última decisión fue un cambio nuevamente de criterio en Tribunales: las tres causas volvieron a unirse.

En medio, uno de los abogados defensores de Urribarri, Raúl Barrandeguy, presentó un recurso de excepción de falta de acción: esto es, reprocha la facultad del Ministerio Público Fiscal para investigar supuestos delitos cuando esas decisiones de la administración Urribarri -la instalación del parador playero, la contratación de publicidad de la Cumbre Mercosur y la publicación de una solicitada contra los fondos buitre, fue auditada por los organismo de control del Estado, como la Contaduría y el Tribunal de Cuentas, y no pusieron ningún tipo de reparo.

En buen romance,  que el Ministerio Público fiscal carece facultades llevar adelante un proceso penal, un reproche que ya había sido plantado en la causa que investiga la distribución irregular de publicidad oficial a empresas ligadas al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera.

De ese modo, los plazos para fijar una eventual audiencia de remisión a juicio de esas causas -separadas o unificadas- se volvió a aplazar. La Fiscalía había remitido las tres causas en un solo expediente, y va a concluir febrero sin que ese asunto se haya resuelto.

Lo próximo que sigue es una audiencia para resolver el planteo de Barrandeguy,  el próximo 20 de febrero. Deberá resolverlo el juez de Garantías Ricardo Bonazzola.

 

Idas y vueltas


Hasta ahora, hasta que se decidió que Bonazzola decida un primer incidente de la defensa de Urribarri, el escenario era muy otro

Tres jueces por separados iban a ser los encargados de analizar el pedido de remisión a juicio formulado por el Ministerio Público Fiscal para una megacausa en la que el principal imputado es  Urribarri.Se trata de los tres legajos unificados en los que se investigó la fallida campaña del “Sueño Entrerriano”, que tuvo a Urribarri como precandidato a presidente en 2015. La acusación pública considera que el exmandatario financió su campaña con fondos públicos y por ello le achaca los delitos de peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude al Estado.En septiembre de 2018 la Fiscalía unificó tres expedientes, y en diciembre pasado pidió la elevación a juicio con un pedido de condena para el exgobernador: 9 años de cárcel, inhabilitación absoluta perpetúa para ejercer cargos públicos y una multa de $90 mil.Como contó Entre Ríos Ahora, las causas unificadas son: la de la instalación del parador playero en Mar del Plata, que le costó a la Provincia $14.561.870,00; la causa Nelly/Mercosur, en la que se investigó el pago de $28 millones para difundir cuatro spots televisivos durante la Cumbre de presidentes que se realizó a fines de 2014 en Paraná; y la solicitada contra los Fondos Buitre que se difundió en junio de 2014 y que costó $4.308.500,23. La suma de todas estas investigaciones arroja la cifra de $46.870.370 millones.Tres jueces para cada caso

El pasado 17 de diciembre, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) resolvió que las tres causas que fueron unificadas por la Fiscalía sean desagregadas en la instancia previa al juicio, esto es, la audiencia de elevación a debate oral y público.En el sorteo dispuesto por la OGA resultaron los tres jueces de Garantías que analizarán cada legajo. El juez de Garantías Nº 5, Elvio Garzón, iba a presidir la audiencia para la causa que investiga la instalación del Parador playero en Mar del Plata en enero de 2015.En tanto, el expediente por la contratación de la empresa Nelly, durante la cumbre del Mercosur de 2014, en Paraná, iba a quedar a cargo de la jueza de Garantías Nº 6, Elisa Zilli, quien el 10 de diciembre de 2018 dispuso la suspensión de juicio a prueba para uno de los acusados en este expediente, el dueño de la firma, Jorge “Corcho” Rodríguez.Finalmente, la remisión a juicio de la solicitada millonaria contra los Fondos Buitre había sido puesto en manos del juez de Garantías Nº 4, Mauricio Marcelo Mayer.En esa resolución, la OGA explicó que los tres casos serán discutidos en audiencias por separados por el “grado de complejidad del trámite” y siguiendo instrucciones de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que integran los jueces Daniel Omar Carubia, Claudia Mizawak y  Miguel Ángel Giorgio.

Superada esa instancia, aclararon, los casos serán juzgados por un único Tribunal de Juicio.Al respecto, se indicó que “sin perjuicio de la acumulación de los mencionados Legajos de I.P.P. (Investigación Penal Preparatoria) dispuestos por el Ministerio Público Fiscal, esta Oficina de Gestión debe garantizar, conforme lo dispuesto por la Reglamentación para Oficinas Judiciales de Entre Ríos, la asignación equitativa de las audiencias según el grado de complejidad del trámite, conforme dichos criterios reglamentarios”.Además, se dejó en claro que “siguiendo expresas instrucciones de la Excma. Sala Penal al respecto, corresponde garantizar la asignación equitativa en estos casos cuya complejidad en el trámite no puede soslayarse, considerando además la carga horaria que demandan este tipo de audiencias y observando criterios objetivos de distribución de trabajo, considerando además, que en la eventualidad de ingresar los mencionados pedidos a la órbita del Tribunal de Juicio y Apelaciones, se disponga la acumulación de los Legajos de OGA a fin de que un mismo Tribunal juzgue los hechos aquí requeridos”.Imputados y penas

Los demás imputados en las diferentes causas, son: Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial; Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ; Hugo Félix Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.En el pedido de elevación a juicio, la Fiscalía hizo un adelanto de condena para cada acusado. Para Urribarri pidió 9 años de prisión; para Báez, 8 años de prisión; para Gustavo Javier Tortul, 4 años de prisión; para Hugo Felix Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión; Corina Elizabeth Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Daniel Caruso, 4 años de prisión.Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con “ánimo de lucro”.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.