No será el lunes 13 de noviembre. La fecha, ahora, es el 9 de abril de 2018.

Esa vez, ese día, en Paraná, empezará el segundo juicio al cura Justo José Ilarraz, con siete denuncias en la Justicia por abusos y corrupción de menores.

El segundo cura que enfrenta un proceso de esa envergadura. En agosto último, Juan Diego Escobar Gaviria , ex párroco de San Lucas Evangelista, en Lucas González, se sentó frente al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, y allí las víctimas y sus familias contaron el dolor y la tragedia de los abusos en carne viva.

Escobar Gaviria escuchó, los jueces escucharon, y al cabo de las audiencias, en septiembre dieron a conocer el veredicto: el cura fue condenado a 25 años de prisión.

Ahora, este lunes 13 de noviembre, hubiese sido el turno de Ilarraz, y con Ilarraz, debía desfilar por Tribunales toda la cúpula de la Iglesia de Paraná: los tres últimos arzobispo, Estanislao Karlic, Mario Maulión y Juan Alberto Puiggari.

Pero una cirugía de urgencia a la que deberá someterse uno de los jueces que lo juzgará aplazó el juicio para abril de 2018.

Ilarraz ya fue juzgado antes. Pero por la Iglesia de Paraná.

 

Cómo fue


 

La Iglesia de Paraná investigó al cura Justo José Ilarraz, probó los abusos que denunciaron las víctimas, pero al cabo de las actuaciones internas que ordenó el ahora cardenal Estanislao Karlic, en 1995, mandó todo al archivo secreto de la curia.  No hizo la denuncia en la Justicia.

El 28 de septiembre de 2012 esas actuaciones vieron por primera vez la luz cuando llegaron a la Justicia para ser incorporadas a la causa penal por los abusos en el Seminario, que se había iniciado de oficio, por disposición del Procurador General Jorge García.

Acá, un detalle del trayecto de la carrera eclesiástica de Ilarraz:

Ilarraz fue, entre 1989 y 1992, administrador del Seminario, designado por Karlic, mientras que de abril a julio de 1993, fue vicario parroquial de la Parroquia San Juan Bosco, para la atención de la Capilla San Cayetano, próxima a ser erigida como Parroquia. Fue designado por decreto de Karlic Nº 21/93, del 29 de abril de 1993. Y entre marzo de 1985 y marzo de 1993 fue prefecto de disciplina, una especie de preceptor, en el Seminario Menor, el colegio secundario con internado que prepara para el sacerdocio.

Ese, 1993, dejó todo lo que tenía aquí y se radicó en Roma, donde permaneció hasta los primeros meses de 1997. Karlic “apoyó la iniciativa de Ilarraz de trasladase a Roma para realizar los estudios de la Licenciatura en Misionología en la Pontificia Universidad Urbaniana. Karlic pidió un lugar de alojamiento para él en la Iglesia Argentina en Roma. El decreto 39/93 de Karlic, del 6 de agosto de 1993, autorizó a Ilarraz a ausentarse de la Arquidiócesis al menos por un período de dos años, en razón de sus estudios de Misionología en Roma. Posteriormente, extendió hasta 1996 el permiso de ausencia de Ilarraz de la Arquidiócesis, por la misma razón de sus estudios en Roma”, se lee en el informe que el arzobispo Juan Alberto Puiggari envió a la Justicia.

Mientras estuvo en Roma, por autorización de Karlic, se abrió la investigación interna, ordenada por Karlic. Fue en julio de 1995, por medio de un decreto de Karlic, fechado el 5 de julio, por el que encomendó una investigación sobre Ilarraz. Dice el decreto que firmó Karlic: “Visto: que existe la posibilidad seria de que con ocasión del desempeño del presbítero Justo Ilarraz como miembro del cuerpo de superiores del Seminario, se puedan haber cometido delitos graves, previstos y sancionados por el Derecho Canónico; Considerando: que ante estas circunstancias el Código (de Derecho Canónico) en el canon 1717 prevé la realización de una investigación cautelosa acerca de los hechos y las circunstancias; Por las Presentes Letras Resuelvo: 1) encomendar al presbítero Silvio José Fariña que realice dicha investigación tomando declaración a las personas que puedan informar algo al respecto, pudiendo ser asistido como notario-actuaria a estos efectos por el presbítero Alfonso Frank o el presbítero Juan Alberto Puiggari; 2) que el citado presbístero (Fariña) presente el resultado de la investigación con la mayor brevedad posible para resolver actuar según derecho; 3) que la investigación realizada con el mayor sigilo, una vez terminada y resuelto cómo actuar, según prescribe el canon 1718, se guarde en el archivo secreto de la curia, así como el presente decreto y todo aquello que precede o concluya la investigación”.

El 29 de julio de 1995, Fariña elevó al arzobispo de Paraná las actuaciones. Entre julio y octubre de 1995, Karlic envió varios informes a Roma con el caso Ilarraz.

El 25 de julio de 1995, Karlic comunicó al Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma, que “había recibido denuncias contra un sacerdote bajo la especie ´de crimine pessimo´ y que había comenzado la investigación indicada en la Instructio de 1962 ´De modo procedendi in causis sollicitationis, titulus V: de Crimine Pessimo´, que, dado que el sacerdote acusado se encontraba residiendo en Roma, estimaba que debía seguir ese procedimiento canónico hasta ´reum constitutis subiicere´, que una vez concluida esa etapa enviaría las actas a esa Congregación y esperaría sus indicaciones”.

El intercambio con Roma siguió.

Allí en Roma, precisamente, le realizan una pericia psiquiátrica a Ilarraz el 27 de noviembre de 1996.

Un mes después, el 18 de diciembre de 1996, Karlic emitió un nuevo decreto con la sanción a Ilarraz.

El decreto que firmó Karlic, y por el que dispuso la expulsión de Ilarraz, es revelador. Dice que “con las declaraciones que se suceden en torno al comportamiento del presbítero Ilarraz en la época que fuera superior del Seminario Menor queda revelado el daño producido a personas e instituciones”.

Y que “ese daño producido, que debe ser reparado y evitado en el futuro, es consecuencia de la conducta del presbítero Justo José Ilarraz, ya que cuatro testimonios de forma unánime así lo afirman”. Pero ante la gravedad de los testimonios –uno de las víctimas, que entonces tenían entre 10 y 14 años, habló de acceso carnal por parte de Ilarraz—no se actuó en consecuencia, sino que le dejaron la puerta abierta para que el cura siguiera ejerciendo en otra diócesis, como de hecho ocurrió.

La disposición de Karlic sólo dejó en suspenso una eventual sanción más dura: el texto del decreto de 1996 especifica que “la desobediencia” de la disposición de no acercarse a la diócesis de Paraná “será sancionada con pena que no excluye la suspensión”. Esa medida, la suspensión en el ejercicio del ministerio sacerdotal, recién se dispuso el 7 de septiembre de 2012, hace menos de un mes.

En el ínterin, Ilarraz se mudó a Buenos Aires, dejó el sacerdocio, vivió como laico, y después volvió a calzar sotana, y un obispo, Enrique Witte, de Concepción, Tucumán, le permitió volver a la Iglesia, sin siquiera atender la investigación hecha en su contra por casos de abuso. Más todavía, el 21 de mayo de 2004 el arzobispo de Paraná Mario Maulión firmó el decreto N° 78 por el que le otorgó la excardinación, y la posibilidad de que se mudara efectivamente a Tucumán.

Ahora, el 9 de abril de 2018, será juzgado, pero sin el secretismo eclesiástico y con una diferencia sustancial: el acusado estará sentado en el banquillo de los acusadas y escuchará de boca de cada una de las siete víctimas los horrores que vivieron en el Seminario, cuando Ilarraz era su guía espiritual, y el encargado de su educación y su cuidado.

La carátula del expediente de 7.000 fojas que se fueron acumulando a lo largo de los últimos casi seis años es inequívoca respecto de los delitos que se le achacan al cura: “Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agravada”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.