Sergio Urribarri se enfrentará, más temprano que tarde, a la seria posibilidad de sentarse en el banquillo de los acusados.

Igual que su socio político, Julio de Vido, el otrora todopoderoso ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo, que fue su sostén político. De Vido fue la foto del día de este miércoles 25 de octubre: sin fueros, y llevado a prisión, involucrado en un delito de corrupción: un potencial fraude al Estado de 264 millones de pesos  en una mina y una central hidroeléctrica en Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. La obra costó unos 1.470 millones de dólares.

Tres hombres de De Vido ya están en la cárcel: Ricardo Jaime, exsecretario de Transportes, José López, ex secretario de Obra Pública, y Roberto Baratta, que fue un colaborador estrecho del exsuperministro.

Urribarri ve nubarrones en el horizonte.

En la Justicia, la Procuración trabaja concienzudamente en dos causas que golpean el corazón del Sueño Entrerriano, ese montaje propagandístico del urribarrismo que buscó colocar al exgobernador como posible figura de recambio de la expresidenta Cristina Kirchner, en 2015.

La historia, y los enredos de poder, hicieron agua en aquel proyecto presidencialista, y la expresidenta terminó bendiciendo al exgobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, que terminó perdiendo la elección a manos de Mauricio Macri.

Convertido Urribarri casi en una figura decorativa en la presidencia de la Cámara de Diputados, la Justicia empezó a indagar sobre su gestión, sus funcionarios, los gastos exorbitantes de sus otrora todopoderosos ministros y en particular ha puesto bajo la lupa al Sueño Entrerriano.

Aunque el abanico de causas que salpican al urribarrismo son muchas, la Procuración ha puesto todo el empeño en concluir la investigación penal preparatoria sobre dos causas que golpean al Sueño Entrerriano: la que investiga los gastos en obras públicas durante la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que tuvo lugar en Paraná en diciembre de 2o14, que tramita el fiscal Juan Malvasio, y la que indaga en los gastos en publicidad que benefició al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, que tramita la fiscal Patricia Yedro.

De las dos, sólo en una está imputado Urribarri.

“Esas dos causas no llevan el 100% del tiempo de trabajo. En las demás causas, se sigue trabajando y se continúan disponiendo medidas. Pero es imposible avanzar en la remisión a juicio de otras causas antes de cerrar estas dos. La documentación que existe, su análisis y relación, es verdaderamente infernal”, dice una fuente consultada por Entre Ríos Ahora.

En realidad, Urribarri está imputado en tres causas, situación en la que quedó luego de la indagatoria del martes 28 agosto último frente a los fiscales Santiago Brugo, Patricia Yedro y Alejandro Cánepa.

Dos de las causas en las que Urribarri está imputado son por peculado, un delito que reprocha la utilización de fondos del Estado para fines particulares. En este caso, para el “Sueño Entrerriano”.

Una trata la contratación de la productora Nelly Entertainment SA, a cuyo frente está el empresario mediático Jorge “Corcho” Rodriguez, a la que Urribarri le pagó $28 millones para difundir en canales de todo el país cuatro spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur. Tres de esos cuatro spots se hicieron para instalar la precandidatura del exgobernador a la presidencia, es la hipótesis de los fiscales.

También está imputado en el delito de peculado el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y como partícipe, el “Corcho” Rodríguez.

Urribarri tiene imputación por peculado en una segunda causa. Es a raíz de la publicación de una solicitada por la que el exgobernador desembolsó $4 de las arcas públicas que apareció en 18 diarios del país y también en portales web el 22 junio de 2014 y en la que la provincia fijó postura en torno a los denominados fondos buitre.

Por aquel entonces Urrribarri se encontraba en plena campaña de precandidato a presidente de la Nación, y sus propuestas solían aparecer casi todos los días en los medios nacionales. Aquella solicitada, en la tesis de la Fiscalía, abonó la propaganda de su candidatura presidencial.

La tercera causa por la que acudió el martes 29 de agosto investiga el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en la que están involucrados el exministro Báez y el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera.

Son 46 las órdenes de publicidad  del Ministerio de Cultura que dirigió Báez que fueron analizadas en la Justicia, y de las que se presume que fueron “direccionadas” hacia firmas afines al entorno familiar, como Tep SRL, del cuñado del exgobernador.

La causa está caratulada “Aguilera Juan Pablo y Otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos”.

La resolución que firmó la fiscal Patricia Yedro al abrir la causa dice que se investiga si “Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar”.

Esa causa lo llevaría a juicio a Urribarri a finales de año.

La otra causa que lo podría depositar de cara a un tribunal al exgobernador investiga las contrataciones para obras durante la Cumbre Mercosur, aunque de momento ahí sólo el caso lo roza.

Los empresarios Miguel Marizza (Caballi SA), Néstor Iván Szczech (Szczech & Szczech), Rubén Grasso (Cemyc ) y Daniel Hereñu (OICSA) están ya imputados por irregularidades en las contrataciones durante la Cumbre del Mercosur. También, la actual titular de Vialidad, Alicia Feltes.

Miguel Marizza, presidente de Caballi Construcciones SA; Néstor Iván Szczech, presidente de la firma Szczech & Szczech; Rubén Grasso, presidente de la firma Construcciones Electromecánicas y Civiles (Cemyc); y Daniel Hereñú, presidente la firma Organización Integral Constructora SA (OICSA), están sospechados de haber realizado sobrefacturaciones durante la Cumbre del Mercosur, en connivencia con funcionarios públicos que habrían facilitado los contratos.

El 29 de octubre de 2014, el entonces gobernador Sergio Urribarri, mediante el decreto Nº 3.974, puso en vigencia un “convenio de colaboración” entre la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), creada especialmente para canalizar los gastos de organización y la logística para la Cumbre de Presidentes.

Como ya contó Entre Ríos Ahora, el acuerdo lo firmó el titular de la Unidad Operativa Mercosur, Félix Céspedes  con la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, entonces presidida por Néstor Iván Szczech. Alicia Feltes, actual titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), fue designada coordinadora general de ese comité, y se le otorgaron “amplias facultades ejecutivas para disponer las acciones tendientes a la contratación y materialización de los trabajos necesarios”.

Aquel comité también lo integró, en representación de la Cámara de la Construcción, Miguel Marizza, el empresario de Caballi Construcciones SA, quien, según el acuerdo, fue “el único interlocutor válido en la coordinación de todo lo atinente al convenio con la Provincia”.

El acuerdo previó que sería Marizza el encargado de “realizar internamente” en la Cámara de la Construcción una “preselección de empresas que luego servirán para ser propuestas al coordinador general (Feltes) para la ejecución de las obras, servicios y/o provisión de bienes” destinadas la organización de la Cumbre.

El miércoles 19 de octubre de 2016, el fiscal Juan Malvasio realizó allanamientos en las sedes de las firmas, en la Cámara de la Construcción y en la oficina de la titular de Vialidad, Alicia Feltes. De aquel operativo, el acusador público se llevó computadoras, documentación y hasta el teléfono celular de la funcionaria. Mientras, solicitó información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.

Cinco constructoras cobraron más de $38 millones en la Cumbre Mercosur. La empresa Cemyc SRL (Grasso) cobró $ 12.979.337,82; Antonio Caballi SA, de Marizza, se alzó con $ 12.683.198,14; Szczech & Szczech SA cobró $6.88.198,97; le siguió OIC SA, que percibió $5.644.639,94. En último lugar se ubicó Luis Losi SA, con $ 535.184,34.

Los trabajos se realizaron en las dos sedes que tuvo la Cumbre: la Escuela Centenario y la Vieja Usina. Se colocaron carpas, mobiliario, plantines de ambientación, decoración, instalación de equipos de audio y videos, banners, servicio informático y de limpieza, entre otros elementos para el funcionamiento del encuentro continental.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.