Los defensores del empresario pizzero Germán Buffa y del exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial peronista Pedro Ángel Báez buscan trabar una pericia sobre los elementos incautados en un secuestro, ordenado por la Justicia a principios de mayo, en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito,

Los abogados José Velázquez, defensor de Buffa, e Ignacio Díaz, representante legal de Báez, presentaron un recurso de revocatoria, con apelación, contra la resolución que adoptó el juez de Garantías, Elvio Osir Garzón, que rechazó los planteos contra un allanamiento ordenado a una vivienda que ocupa Buffa en Aldea María Luisa, a quien el Ministerio Público Fiscal sindica como “testaferro” de Báez.

En el planteo, señaló una fuente judicial, “le están diciendo al juez Garzón que reviste lo que resolvió, porque está mal, y le adelantan que si confirma lo que ya dispuso, sobrevendrá un recurso de apelación ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones”.

El incidente será resuelto ahora por el camarista José María Chemez, del Tribunal de Juicio y Apelaciones, aunque el debate de momento no tiene fecha.

El caso


El 5 de abril último, la Justicia rechazó el planteo de nulidad hecho por los defensores sobre los allanamientos dispuestos a comienzos de marzo último en los domicilios del empresario Germán Buffa, procedimiento del cual se incautó documentación y material que fueron incorporados a la causa por enriquecimiento ilícito que se sigue al ex responsable de propaganda del gobierno de Sergio Urribarri.

El juez de Garantías Elvio Osir Garzón no hizo lugar a ninguno de los planteos de nulidad por los allanamientos efectuados por la Policía Federal el 2 de marzo en dos propiedades de Buffa, el empresario que maneja ahora una franquicia de Planeta Pizza en Paraná, pero que también fundó la empresa Global Means, que tuvo un rasgo peculiar: consiguió que la gestión Urribarri/Báez le diera una pauta de publicidad oficial un mes antes de que fuera constituida legalmente. Por ese hecho, Urribarri, Báez y Buffa están imputados en una causa por negociaciones incompatibles con la función pública.

Los allanamientos a Buffa -una propiedad ubicada en el ingreso a Aldea María Luisa, frente al monasterio de las monjas benedictinas; una casa ubicada sobre calle Toribio Ortiz, de Paraná- fueron dispuestos en la causa por enriquecimiento ilícito del diputado Pedro Báez y su esposa, la trabajadora social Sofía Riquelme, y concretados, el 2 de marzo último a la Policía Federal.

 El fiscal Juan Malvasio explicó que el incidente de los defensores busca trabar la realización de un peritaje sobre los elementos secuestrados. “Nosotros le pedimos al juez que nos autorice ingresar a los teléfonos secuestrados en el allanamiento y también a las computadoras. Y a ese pedido el juez respondió en forma afirmativa”.

Pero la pericia por ahora no se puede concretar por el recurso de los defensores.”Pero nosotros estamos pidiendo que nos permitan seguir adelante con la pericia mientras ser resuelven los planteos de la defensa. Si después nos dicen que el allanamiento fue ilegal, bueno, entonces quedarán sin efecto las pericias”, dice el fiscal.

El procedimiento es parte de una investigación que busca determinar si el diputado Báez, y su mujer, Sofía Riquelme, se enriquecieron de forma ilícita.

La Justicia reprocha a Báez y Riquelme un incremento desproporcionado de su patrimonio luego de su paso por la función pública. El exministro y ahora diputado posee una amplísima casa quinta ubicada en calle Jozami al 2000, en la zona de la Toma Vieja; también un caserón sobre calle Cervantes al 400; un yate que amarra en el Club Náutico; y su esposa, Sofía Riqulme, socia en la empresa Innova Turismo, la SRL que regentea el hotel Amanzi Termal, en Villa Zorraquín, en Concordia.

 Al rechazar el planteo de los defensores de Báez y de Buffa, el juez Garzón aseguró que “advierto que todas las medidas que solicita la Fiscalía son medidas pura y exclusivamente tendientes a acreditar si el señor Báez y la señora Riquelme se han enriquecido o no”. Y aseguró que el allanamiento a las propiedades de Buffa se fundamenta en datos que surgieron de los distintos informes recabados a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), la Administradora Tributaria de Entre Ríos (Ater), la Contaduría General, el Ministerio de Hacienda de la Nación, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, el Club Náutico, Migraciones, bancos, y, entre otros, a los Registros de la Propiedad de Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán y Santa Cruz.

“Comparto lo que dijo Malvasio -aseveró el juez al fundamentar su resolución-: lo que gobierna y domina la investigación son los hechos. Cuando el hecho es complejo y diverso, el fiscal debe modificar la apertura de causa. Pero acá el hecho se ha mantenido incólume, no ha variado”. Fue antes de asegurar que “es improcedente la nulidad, la inadmisibilidad o invalidez de los allanamientos. Es improcedente porque no se han violado normas constitucionales, como el derecho de defensa o el debido proceso, ni tampoco la dignidad de la persona”.

 Los planteos de nulidad a los allanamientos fueron formulados, en sucesivas audiencias, primero por el defenor de Buffa, José Velázquez, y luego por el representante legal de Báez, Ignacio Díaz.

El juez Garzón explicó de qué modo se llevaron adelante los allanamientos a las propiedades de Buffa. Dijo que previo a ese procedimientos, y a pedido del defensor Velázquez -que solicitó un detalle de lo que se hizo-, la Policía Federal realizó “tareas de inteligencia” respecto del empresario pizzero. “Eso es a raíz de un oficio del 5 de diciembre de 2017. Los fiscales (Juan) Malvasio y (Gonzalo) Badano le encomiendan a la Federal que averigüen cuál es el domicilio de Buffa. Y acuden a la Policía Federal dado que Buffa es un funcionario en el Gobierno de la provincia”, detalló.

Así, empieza la “inteligencia” sobre Buffa. El 22 de diciembre, una funcionaria de la Federal, contó el juez Garzón, “ingresa a la plataforma de Facebook de Buffa, y obtiene una serie de datos. El 23 de enero de 2018, otro funcionario policial, se hizo presente en los diferentes negocios, como Planeta Pizza, que figura a nombre de la pareja de Buffa, Diana Zanaschi. Allí, extrae fotos, y también ingresa a la plataforma de Facebook de Zanaschi. En uno de los locales de Planeta Pizza, figura que el local estaba a nombre de Zanaschi ante la Afip. El 31 de enero de 2018, este mismo funcionario detecta la presencia de una camioneta estacionada en Laprida y Tucumán, y al ver el dominio, solicita un informe para determinar a quién pertenece. Y pertenece a la señorita Diana Zanaschi, con domicilio en calle Toribio Ortiz. El 2 de febrero la Federal se constituye en calle Toribio Ortiz, haciendo vigilancia. Y observa que arriba Buffa, a bordo de una Amarok e ingresa al domicilio. El 7 de febrero, aproxiamadamente a las 23, este funcionario lo sigue a Buffa y a su esposa, con un hijo, de Planeta Pizza, hasta Aldea Maria Luisa, donde ingresan a una chacra ubicada frente al monasterio (de las monjas benedictinas). Esta es la investigación que la Federal hizo a los fines dar con el domicilio de Buffa”.

Garzón aseveró que el fiscal “fundamentó” debidamente el pedido de allanamiento, que autorizó el magistrado, y rechazó el planteo respecto de que esas medidas procesales no fueron notificados a los defensores. “Históricamente, los allanamientos nunca se notifican con anterioridad porque carecería de sentido el efecto de sorpresa que la medida requiere. He buscado jurisprudencia en el Superior Tribunal de Justicia y en Casación y no he encontrado ningún fallo que cuestione o que diga que los allanamientos deben notificarse antes de realizarse. No tengo dudas de que si los celosos defensores, hubieran encontrado un fallo, lo hubieran mencionado”, apuntó Garzón.

Es más, el juez de Garantías recordó que en el allanamiento practicado en la propiedad de Aldea María Luisa, estaban presentes Buffa y Zanaschi. “Los funcionarios policiales de la Federal relatan que Buffa colaboró con ellos y firmó las respectivas actas. En ningún momento surge que Buffa se haya comunicado con un defensor a los fines de comunicar la medida que se estaba realizando en su domicilio”, relató.

Después de mencionar la “vinculación” entre Buffa, Báez y Riquelme, y su aportación a la causa que investiga el enriquecimiento ilícito del diputado peronista, el juez Garzón entendió que un allanamiento no significa en modo alguno la vulneración de derechos. “La medida de allanamiento es a los fines de investigar la vinculación de Báez, Riquelme, y Buffa entre ellos, a través de una serie de sociedades”, planteó.

Así, Garzón “consideró suficientemente fundado” el pedido de allanamiento del fiscal Malvasio, y por eso mismo rechazó los planteos de nulidad de los defensores de Báez y de Buffa.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.