Desde 2017 en los Tribunales se desarrolla un litigio entre Gustavo Javier Tortul y el Tribunal de Cuentas de la provincia. La pelea comenzó cuando el primero, que es un hombre cercano al exgobernador Sergio Urribarri, reclamó en la Justicia que se le ordene al organismo de control que lo ponga en funciones como Secretario Contable, cargo en el que fue designado en junio de 2015 por Urribarri.

Tortul es agente de planta permanente del Tribunal de Cuentas, con la categoría “D”. Ingresó el 1º de octubre de 2003; luego, entre 2008 y 2011, se desempeñó como director general de Administración del Consejo General de Educación (CGE). Cuando Urribarri empezó su segundo mandato, asumió como director del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación.

En 2014 fue nombrado coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre del Mercosur, que presidió el entonces subsecretario de Gestión Administrativa de la Gobernación, Hugo Félix Céspedes. Por su rol en la organización de la Cumbre, quedó imputado junto a otros funcionarios y empresarios de la obra pública. Y será llevado a juicio por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de la megacausa del “sueño entrerriano”. En este caso la Fiscalía pide 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

El 22 de junio de 2015, Urribarri, mediante el decreto N°1907, lo nombró Secretario Contable en el Tribunal de Cuentas. Su designación, se justificó en el decreto, fue para reemplazar a la contadora Liliana Alesso, quien se jubiló en mayo de 2011.

Como contó Entre Ríos Ahora, el funcionario urribarrista recién se presentó para asumir en el cargo dos años después de la firma del decreto. Lo hizo el 31 de marzo de 2017, cuando le pidió a las autoridades del Tribunal de Cuentas que le tomen juramento.

Sin embargo, el organismo que preside interinamente Federico Tomas no puso en funciones a Tortul, con el argumento de que tienen autonomía constitucional para designar o remover personal.

Cuando el funcionario urribarrista llevó su reclamo a la Justicia, Tomas señaló que si bien el artículo 24 de la ley 5.796, orgánica del organismo, dispone que el Poder Ejecutivo designará por decreto al Secretario Letrado y Contable, tiene mayor jerarquía el artículo 217 de la Constitución provincial que establece que el Defensor del Pueblo, la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General son órganos autónomos que ejecutan su presupuesto, y que poseen la facultad de designar y remover personal.

El 7 de septiembre de 2018, la Cámara Contencioso Administrativa Nº 1, integrada por los jueces Gisela Schumacher, Marcelo Baridón y Hugo González Elías, tomó una decisión con la que el Tribunal de Cuentas no está de acuerdo: lo apartó del caso, ya que concluyó que no puede intervenir en juicios y  que esa facultad sólo la tiene la Fiscalía de Estado.

Entre los argumentos para esa decisión, se citó el artículo 213 de la Constitución provincial que establece que “el Tribunal no ejerce funciones judiciales”.

Tras esa resolución, el presidente interino del organismo interpuso un recurso de inaplicabilidad de ley ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), ya que entendió que hay una “interpretación errónea” de ese artículo de la Carga Magna. A pesar del análisis doctrinario y constitucional realizado para que sea aceptado como parte del juicio, el 3 de diciembre de 2018 la misma Cámara Contencioso se lo denegó.

En los fundamentos, a los que tuvo acceso Entre Ríos Ahora,  el Tribunal advirtió que “el escrito recursivo no satisface la exigencia de denunciar en forma precisa y fundada cual es la ley o doctrina legal violada o, en su caso, la arbitrariedad de la sentencia”.

Asimismo, se señaló que el órgano de control “solo expresa consideraciones intentando desvirtuar la decisión de esta Cámara, criticando las afirmaciones del fallo pero sin argumentar sobre la interpretación errónea de la ley que invoca, ni la doctrina legal que se hubiere vulnerado; deficiencias que no pueden ser subsanadas por la crítica general que efectúa, pues dicho cuestionamiento -en términos de agravios- debe estar necesariamente precedido de la denuncia de la norma o doctrina que se considera quebrantada, indicando en qué consiste la infracción o el error y hacerse cargo de tal circunstancia”.

Finalmente, el Tribunal consideró que “los argumentos del recurrente exhiben una discrepancia con los fundamentos del resolutorio que no logra poner en crisis la estructura lógica del fallo, traduciéndose en una mera disconformidad subjetiva con el veredicto y una visión diferente de los hechos, pero sin argumentar, o al menos invocar mínimamente la arbitrariedad del fallo”.

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Recurso de queja ante el STJ


Ante esta denegatoria, el presidente del Tribunal de Cuentas presentó un recurso de queja por apelación denegada ante la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y solicitó que se haga lugar a la presentación y se revoque la resolución de la Cámara Contenciosos Administrativa de septiembre de 2018, otorgándosele el carácter de parte en el juicio al organismo.

En el escrito recursivo, el  titular interino del Tribunal de Cuentas señaló que ante la demanda de Tortul, la Cámara Contenciosos Administrativa sólo dio intervención en el caso a la Fiscalía de Estado, que representa los intereses de la provincia.

Más adelante, Tomas recordó que la Fiscalía de Estado se presentó  y cuestionó “el no haber dado intervención o evidente  deslegitimación procesal del Tribunal de Cuentas”. Y agregó que el 7 de septiembre de 2018 la Cámara ratificó la falta de legitimación procesal del Tribunal de Cuentas para estar en juicio.

Ahora, el cuestionamiento del organismo apunta a que esa Cámara inferior no puede negarle recurrir en queja ante el STJ, puesto que lo que está en discusión es “un tema de raigambre netamente  constitucional”  y para el que la última interpretación es el máximo tribunal de la provincia.

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Tomas sostuvo que la resolución del 3 de diciembre, que rechazó el recurso de inaplicabilidad de ley, “nos agravia pues yerra cuando sostiene, en su punto 4 que no se ha dicho cuál es la doctrina legal violada ‘o, en su caso, la arbitrariedad de la sentencia’ o que no se argumenta ‘…sobre la interpretación errónea de la ley que invoca, ni la doctrina legal que se hubiere vulnerado…’ y que solo hay una ‘crítica general’”.

“Son inadmisibles este conjunto de asertos disparados al aire sin pretender siquiera tener puntería, más bien queriendo justificar una negativa con generalidades, que con precisiones”, dice Tomas en el recurso de queja presentado ante la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ.

Y agregó: “Es la Resolución de la que nos quejamos la que padece el problema de lo genérico. Esta parte, al deducir el recurso puntualizó, definió, que la resolución que deslegitimaba al Tribunal de Cuentas para comparecer y ser parte en un juicio donde el acto que se atacaba emanaba de él y no tenía contenido jurisdiccional administrativo violaba la doctrina que surge de la ley 9768 –que declaró la necesidad de la reforma-   del proceso constitucional de reforma de la carta magna entrerriana que dio a luz los artículos 213 y 214 relativos al Organismo de Control Externo que represento, que la Excma. Cámara había interpretado muy erróneamente tales artículos y que además, violaba  la doctrina del moderno constitucionalismo del siglo XXI que impulsa a robustecer y no a debilitar institucionalmente a los organismo de control”.

Tomas remarcó que “no se comprende cómo se puede hablar en la resolución criticada por haber denegado la concesión del recurso, respecto a que no se ha dicho en forma precisa cual es la ‘ley o doctrina legal violada’. La Constitución Provincial, Carta Magna, es la ley violada y se ha dicho el porqué y hasta qué punto en el escrito recursivo”.

Enseguida, agregó que es “por eso se pretende que el organismo judicial verdaderamente competente para analizar los alcances del texto constitucional, esto es V.E.,  revoque el error interpretativo de la resolución que quita el carácter de parte al Tribunal de Cuentas en desmedro de su jerarquía institucional”.

Para el titular del Tribunal de Cuentas, la Cámara Contenciosos Administrativa realizó una “interpretación constitucional errónea” y planteó que fue “efectuada por un organismo inferior respecto de cómo funciona, cómo accede,  o no, a la Jurisdicción un Órgano de la Constitución”.

En esa dirección, el funcionario formuló dos preguntas en el escrito: “¿Tiene acceso a la Jurisdicción el Tribunal de Cuentas? ¿Puede estar en juicio?”

Y respondió: “Con la equivocada elaboración de la Excma. Cámara la respuesta sería negativa a todas esas preguntas y las consecuencias institucionales indescifrables. Ésta es la verdadera trascendencia del asunto que no se ha vislumbrado o no se ha querido ver por ésta”.

Finalmente, solicitó que se admita el recurso de queja y se revoque la resolución de la Cámara inferior que apartó al organismo del pleito judicial.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.