Este viernes 15 vence el plazo de 90 días de prisión preventiva que la Justicia le aplicó a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, imputado en la causa de los contratos truchos en la Legislatura.

Y la Fiscalía ya adelantó que pedirá una prórroga esa prisión preventiva al entender que permanecen los riesgos procesales. Hasta ahora, la jueza de Garantías que entienden en la causa, Marina Barbagelata, ha venido compartiendo la tesis del Ministerio Público Fiscal y ha resuelto prorrogar las preventivas. Aunque en la apelación, en segunda instancia esa medida ha sido revocada.

A través de sus abogados defensores, Aguilera ha buscado revertir esa medida de restricción de la libertad, aunque sin suerte. El 9 de este mes la Cámara de Casación Penal de Paraná, con voto dividido, confirmó la prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná para el cuñado  Aguilera, y el cuñado de éste y funcionario de la Cámara de Diputados, Alejandro Almada, como así también la domiciliaria para el exdirector del Servicio Administrativo Contable de Diputados, Sergio Cardoso. Es en el marco de la causa de los contratos truchos de la Legislatura, investigación en la que la Fiscalía calcula que se sustrajeron del erario público alrededor de $2 mil millones entre 2008 y 2018.

Según la Fiscalía, Aguilera es considerado  como “una de las cabezas” en la pirámide de mandos de la “organización criminal” que se dedicó, en la última década, a sustraer unos $2.000 millones de recursos de la Legislatura entrerriana mediante la confección de contratos laborales truchos, cuya administración estaba en poder de estudios contables externos al Estado, pero que reportan a hombres clave de la política. Se habló, no sin cierta malicia, de la existencia de “El Número 1”, a quien no se identificó.

En esa trama de responsables en la cúspide de la pirámide de mandos, también tienen un lugar de privilegio el director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, y el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, empleado de Cardoso y cuñado de Aguilera.

Estos dos últimos están involucrados, además, en la causa que lleva la Justicia Federal ante la presunta existencia de una mesa de dinero en el Senado entrerriano en la anterior gestión de gobierno. Almada, además, suma una segunda causa en el fuero federal luego de ser detenido, a comienzos de 2018, en un operativo sorpresa en el Acceso Norte a Paraná con casi $370 mil en efectivo cuya procedencia no pudo justificar.

Aguilera, a su vez, irá a juicio en julio próximo por el supuesto desvío de fondos públicos en la contratación de publicidad callejera que hizo el urribarrismo con empresas que se sindican como pertenecientes al cuñado del exgobernador: Tep SRL y Next SRL. Se trata de contrataciones por un volumen de $24 millones.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.