Por Jorge Daneri

Los procesos electorales en Entre Ríos ayudaron a cambiar posiciones políticas frente a proyectos pocos saludables para los pueblos y sus ecosistemas. Quizás los dos casos  emblemáticos son Represa de Paraná Medio- 1996-7 y Plantas de Celulosas en la cuenca del río Uruguay. Presidentes municipales, legisladores, candidatos, gobernador, etc, fueron adaptándose en el contexto del debate social y el termómetro pre-electoral, a la voluntad de la gente.

La Ley de Libertad de los Ríos, como la acción legal frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, son resultados de una construcción social profundamente democrática, pero que tienen su razón de ser, fundamentalmente, en años de elecciones legislativas.

Es el caso que ahora nos toca convivir. Los conflictos existentes son muchos, varios focalizados en un espectro no menor.

Pongamos solo dos ejemplos y una propuesta de salida: uno se enfoca en los proyectos del Grupo Gualtieri, en Gualeguay y refiere a una planta de Biomasa y a la extracción de arenas con destino a Vaca Muerta, en la Patagonia, para producción de combustibles fósiles no convencionales. La Provincia acaba de sancionar una ley que prohíbe el fracking, un ejemplo en el mundo. Pero a la vez, o paralelamente, podría ser proveedora, si ya no lo es, de las arenas de más alta calidad para la extracción más contaminante de petróleo y gas con la tecnología del fracking, de la mano de los mismos “emprendedores”  que nos vienen a enseñar a producir energía “limpia” quemando sauces y residuos de la industria maderera exótica y otras yerbas: el Grupo Gualtieri.

Los dos emprendimientos se concentran en un nuevo parque industrial de decenas de hectáreas, en Puerto Ruiz, a siete kilómetros de Gualeguay, en área de humedales protegidos.

Todo esto se intenta hacer sin estudios de impacto ambiental acumulativos y menos de una Evaluación Ambiental Estratégica sobre el conjunto del territorio provincial y en particular el Delta, atento los bienes naturales a utilizar y otros recursos naturales a promocionar, como la mega forestación, de manera indiscriminada y sin sus propios estudios previos.

El segundo caso de ejemplo: existe un proyecto, con media sanción, de Ley Maderera Entrerriana, sobre el cual ya nos hemos expedido públicamente y que en estos tiempos traerá impactos en los hombres y mujeres de la cuenca sur del río Uruguay.

Así la realidad, se advierte una sinergia entre Grupo Gualtieri, forestación, Delta desordenado, dragados intensivos y fracking, realmente más que preocupante, alarmante.

Están renunciando funcionarios: en Gualeguay, pero también en la provincia, motivados en estos “emprendimientos”. Algunos de ellos con la lealtad a sus sentidos de vida y su coherencia, otros por no haber medido, quizás, las razones de promover inversiones poco atractivas para comunidades cada vez mas consientes y lúcidas sobre sus derechos socio-ambientales y constitucionales, empoderadas hacia la protección de sus rincones de vida en un mundo en crisis total.

 

Sin reglas, el escenario es casi caótico.

Los ejemplos son para volver ahora al eje del análisis.

Sin reglas claras, el conflicto, los conflictos, la diversidad de realidades fuertes, radicales, el hartazgo de comunidades enteras por la falta de claridad en la aplicación y cumplimientos de las normas, por la falta de reglamentación ordenada y equitativa de las herramientas de participación ciudadana -como lo son las Audiencias Públicas o la inexistencia del Instituto del Defensor del Pueblo de la Provincia-, profundizarán estos conflictos sociales y muchos otros.

Nuevamente la Justicia deberá actuar por la falta de agenda y convicción de la política en el poder, para hacer un camino claro sobre sustentabilidad y ambiente que la Constitución Provincial hace ya casi nueve años brindó en bandeja para su trazado progresivo hacia un ordenamiento institucional y territorial, aún hoy totalmente ausente y más grave aún, entre negado e ignorado.

Propuesta de salida:

El diálogo político maduro que necesita nuestra Provincia se debe – no debería- expresar a partir de la amplia convocatoria al Consejo Económico y Social que la Constitución obliga. Pero no como una obligación, sino como una convicción de todas las fuerzas políticas y sociales en lo que significa uno de los consensos políticos más altos logrados en la Convención Constituyente.

Ratificar en los hechos y la concertación social del C.E. y S., sería conformar un marco de fortalecimiento de la democracia y de la construcción de una agenda de gobierno y legislativa mas rica, más amplia y hasta novedosa. Y en esta realidad política, nos convocaría a ejercer un grado de autonomía relevante frente al contexto político mas amarrado y oscurecido de la mano del poder económico concentrado.

Sin reglas claras, sin planificación democrática de los territorios y sus usos, sin un órgano de política ambiental fuerte, sin Defensor del Pueblo, sin Consejo Económico y Social, sin las leyes que la nueva Constitución obliga estudiar y sancionar, todo está dicho.

La salida parece ser el acercarnos a conversar en un espacio serio y sistemático, tan necesario. Está claro y la propuesta no es original: es un mandato de todos sus creadores, Convencionales Constituyentes de la reforma de 2008 en su artículo 53.