Desde 2007, el Poder Ejecutivo aplica, con más o menos suerte, la disposición de descontar los días no trabajados por los empleados de la Administración Pública.

La medida, casi siempre, afecta más a los docentes, el sector que es puesto como termómetro en la batalla por encauzar la negociación salarial al inicio de cada año.

Este 2018 no fue diferente a otros: los docentes abrieron el ciclo lectivo con tres días de paro.

Y este lunes, en Concepción del Uruguay, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) votó en su congreso tres días más de huelga, y de ese modo expresó su rechazo a la tercera oferta salarial que presentó el Gobierno. La respuesta oficial fue el anuncio de que se descontarán los días no trabajados. 

 

Los descuentos por días de paro que aplica el Gobierno se apoyan en una serie de directivas.

La principal, la directiva Nº 30, emitida en 2007 por el exgobernador Jorge Busti, que dispuso que los servicios administrativos contables sólo abonen los días efectivamente trabajados por los agentes del Estado.

Esa circular, la N° 30, impuso la determinación de “hacer cumplir el principio que se debe remunerar por prestaciones laborales efectivamente realizadas” por parte de los agentes del Estado.

El viernes 22 de agosto de 2008, la administración del exgobernador Sergio Urribarri reflotó la vigencia de aquella circular, a través del decreto N° 4.940, que estableció que el Ejecutivo podía tomarse hasta diez días para abonar los salarios a los activos, y hasta 20 días para los pasivos.

El artículo 4° de ese decreto “ratificó” la vigencia de la circular N° 30 dictada por Busti.

A esa disposición, le siguió el dictado de la resolución Nº 2.565, emitida por el Consejo de Educación en 2008, que creó el manual de funciones de los rectores y directivos de escuela, y les impuso como obligación, entre sus funciones, la de informar sobre ausencias por adhesión a las huelgas de parte de los docentes.

Luego, el 4 de agosto de 2016, aquella normativa se amplió con la publicación de la resolución Nº 2.566, también del CGE, que amplió el trabajo del personal directivo de las escuelas e incorporó un apartado en el que se incluyó entre “las funciones y responsabilidades del personal directivo”, la tarea de “realizar el control y carga de las asistencias del personal del establecimiento mediante el Sistema de Administración de Gestión Educativa (Sage)”.

 

El viernes 2 de marzo de 2018, Educación dictó la circular N° 05, que envió a todas las escuelas, a través de la cual recordó “la plena vigencia de la Resolución N° 2565/08 y su modificatoria N° 056/18 mediante las cuales se aprueba el Manual de Instrucciones para informar novedades en los establecimientos educativos y el Instructivo de control y carga de asistencia”.

La administración del gobernador Gustavo Bordet había apostado por un inicio normal del ciclo lectivo 2018, pero no fue posible.

El 15 de febrero último, durante su mensaje a la Asamblea Legislativa, Bordet  se dirigió a los docentes entrerrianos, a quienes manifestó que “mantendremos la firme voluntad de acuerdo que hemos tenido, siempre en el marco del respeto y buscando mejorar el salario y entendiendo las posibilidades de nuestros recursos”.

En ese marco, sostuvo que “el punto de acuerdo tiene que encontrarse con racionalidad, con los niños en las aulas”, dijo y pidió “por favor que nuestros chicos estén en la escuela, por eso es que llamo a la reflexión”.

No pudo ser. El 15% de actualización salarial para 2018 más el 1,3% de cláusula gatillo para 2017 no resultó suficiente para los docentes.  “Otras provincias, que realizaron ofertas inferiores a la nuestra, continúan las negociaciones con los niños en las aulas -recordó ahora el Gobierno, tras la decisión de este lunes de Agmer-. Acá no fue posible. Las medidas de fuerza en plena negociación dificultan todo tipo de consensos. Y nos vemos obligados a anunciar que los días no trabajados a raíz de las medidas de fuerza serán descontados”.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.

.