La defensa del cura Juan Diego Escobar Gaviria, con cuatro denuncias por abuso a menores, cambió su estrategia y rechazó el pedido de elevación a juicio de la causa que formularan el 26 de abril los fiscales Federico Uriburu y Rodrigo Molina. No sólo eso, los abogados Juan Pablo Temón y Milton Ramón Urrutia requirieron formalmente al juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, el sobreseimiento del sacerdote.

Durante una audiencia de remisión que se celebrará este martes, a las 9, en los Tribunales de Nogoyá, el juez Acosta tendrá en sus manos la misión de definir la suerte inmediata del cura Escobar Gaviria, ex párroco de Lucas González, integrante de la Cruzada del Espíritu Santo, y hasta septiembre de 2016 uno de los más relevantes exponentes de la corriente de los curas sanadores en la provincia.  Tiene tres posibilidades el magistrado: devolver el caso para continuar con la investigación penal preparatoria, dictar el sobreseimiento, o elevar la causa a juicio.

En el escrito que presentaron este lunes los abogados Temón y Urrutia expresaron que, “atento a que el Señor Agente Fiscal ha notificado de su requerimiento de remisión de la causa a juicio, venimos por el presente a oponernos a la misma  y en  consecuencia solicitar la suspensión de remisión a juicio de los autos de referencia, como así también se declare el sobreseimiento del imputado Juan Diego Escobar Gaviria, atento a que dicha remisión a juicio no cumple con los requisitos de admisibilidad formal”.

En su argumentación, los defensores impugnan las cámaras Gesell hechas a las víctimas, y los testimonios de la mamá del nene de 11 años que primero denunció al cura, en octubre pasado, y de la monja Marta Carrizo, directora del Colegio Castro Barros San José, de Lucas González. Carrizo, junto a la superiora general  de la congregación Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas, Marta Jacob, se presentaron en octubre de 2016 ante el defensor oficial de Nogoyá, Oscar Rossi, y denunciaron el primer caso de abuso. Después, siguieron otros tres.

Los fiscales ya concluyeron que los cargos que pesan sobre el cura encuadran en los delitos de corrupción de menores agravada por la condición de guardador (tres casos) y abuso sexual simple agravado por ser ministro de culto (el cuarto hecho). Y que tras cerrar la etapa investigativa, tienen la certeza de que “los hechos enrostrados al imputado, tuvieron lugar en las circunstancias de tiempo, modo y lugar consignadas en las diversas imputaciones y que la autoría material y responsable del mismo se corresponde con el accionar del incurso Escobar Gaviria”.

Pero después de haber anunciado que no reprocharía el pedido de elevación a juicio y que se centraría en el debate durante el juicio oral en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, el abogado Urrutia decidió ir por el sobreseimiento, cuestionar las pruebas colectadas en la etapa investigativa, y, en caso de que la causa se eleve finalmente a juicio, para esa etapa, entre otros ofreció como testigos de la defensa a Leandro Hanemann, hijo del intendente de Lucas González, Luis Hanemann; y al cura Alfredo Luis Marcelo Nicola, actual párroco de Oro Verde. Paradójicamente, Nicola ya pasó por tribunales como testigo en la causa contra otro sacerdote, Justo José Ilarraz. Pero entonces fue citado por la acusación.

Nicola ocupó un lugar clave en la acogida de Escobar Gaviria, posterior a su expulsión de Lucas González por parte del arzobispo Juan Alberto Puiggari, tras la denuncia de las monjas en la justicia.

El jueves 27 de octubre, Escobar Gaviria había abandonado su parroquia, San Lucas Evangelista, de Lucas González, adonde estaba destinado desde 2005. Fue por decisión del arzobispo Puiggari, que le pidió que se fuera de la ciudad y buscara una casa de retiros donde permanecer alojado.

Desde el jueves 27 hasta el martes, que se supo que Escobar Gaviria estaba recluido en la Casa Padre Lamy, su paradero fue desconocido. La curia se negó a informar, aunque admitió que no había salido de la provincia. El martes por la tarde, el fiscal Federico Uriburu recibió un correo electrónico del Arzobispado de Paraná, en el que le indicaron el lugar donde estaba el sacerdote.

Entonces, una partida policial partió desde Nogoyá con destino a Oro Verde. En medio, los abogados del cura, Juan Pablo Temón y Milton Urrutia, fueron en su búsqueda y lo entregaron en la Jefatura de Policía de Nogoyá.

En medio, las autoridades de la Casa Padre Lamy salieron a “aclarar” cuál fue su rol en este enredado asunto: que el domingo 30 de octubre Escobar Gaviria pidió hacer un retiro de unos días, sin dar explicaciones. El lunes 31 el cura informó el superior de la Casa, padre Samuel, de la razón de su presencia. Dijo que una familia de su parroquia, de San Lucas Evangelista, de Lucas González, lo denunció por un supuesto abuso sobre su hijo menor.

En la Casa Padre Lamy se enteraron el martes 1° de noviembre que la Justicia había librado una orden de captura, y enterados de su situación, no le permitieron alojarse allí. Ya en Nogoyá, al cura le dictaron prisión preventiva por 20 días y lo enviaron a la cárcel de Victoria. Allí estuvo hasta el jueves 10, cuando fue puesto en libertad por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, y enviado a Oro Verde, adonde estuvo viviendo, hasta que la Justicia lo obligó a fijar domicilio en Paraná.

Estando en Oro Verde, fue auxiliado por el cura Nicola: ambos tienen afinidad en su trabajo religioso ya que son cultores de las misas de sanación.

Pero ahora no los unirán los rezos, sino un despacho judicial.

Mientras, Escobar Gaviria cumple prisión desde el viernes 21 de abril en la cárcel de Victoria. Mañana, miércoles 10, se vence el plazo, por lo que hoy el fiscal Uriburu pedirá que se lo mantenga en prisión hasta la etapa del juicio oral.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.